ERC, PSOE y Podemos han aprobado en la Comisión de Educación del Congreso la supresión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza con 20 votos a favor, 16 en contra y la abstención del Partido Nacionalista Vasco. Una medida bautizada como ‘Ley Celaá’, que ha generado una gran polémica en los grupos parlamentarios de la oposición.
Se trata de una ley orgánica, de manera que necesita la mayoría absoluta para su aprobación. De salir adelante, el proyecto será expedido al Senado. Si la Cámara Alta no lo veta ni enmienda, se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
Eliminar el castellano como lengua vehicular en las aulas: ¿qué quiere decir?
La lengua vehicular se refiere a la utilizada en la enseñanza cuando sus miembros tienen varias lenguas maternas. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, vigente hasta la actualidad, establece que el castellano es la lengua vehicular en todo el territorio nacional, del mismo modo que las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas.
En un principio, el proyecto de reforma del Gobierno de Pedro Sanchez establecía que las Administraciones de Educación garantizarían el derecho de los alumnos a recibir las clases en castellano, la lengua oficial de España, además de en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el castellano y las lenguas cooficiales pasarían a tener la consideración de lenguas vehiculares.
Sin embargo, la ‘Ley Celaà’ suprime el castellano como lengua vehicular, introduciendo así la posibilidad de que los Gobiernos de las comunidades autónomas son los que decidan cuál es la lengua vehicular en las aulas en su territorio. El Gobierno subraya que lo más importante es que los alumnos acaben la enseñanza obligatoria con un «pleno dominio» del castellano y de la lengua cooficial.
La polémica con los centros de educación especial y la limitación de repeticiones
La reforma de la ley de educación también contempla que en diez años los centros ordinarios deberían contar con los recursos técnicos y humanos necesarios para atender al alumnado con discapacidad en las mejores condiciones. Fuentes del Gobierno aseguran que el objetivo es mejorar la educación inclusiva.
Según datos oficiales, en torno al 31% de los alumnos de 15 años ha repetido algún curso en España. Además, el 25% de los jóvenes no terminan la Educación Secundaria Obligatoria. La nueva ley contempla que sólo se pueda repetir una vez en primaria y como mucho dos en toda la enseñanza obligatoria, hasta los 16 años. Además, serán los profesores quienes decidirán qué es lo más favorable para la evolución académica de los estudiantes, sin que dependa de haber suspendido más de dos asignaturas.
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