La sentencia emitida el lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula Madrid Central —el área de bajas emisiones con tráfico restringido en el centro de la capital— coloca al actual gobierno municipal del Partido Popular ante las consecuencias de haber utilizado ideológicamente y con fines electorales una grave cuestión que afecta a la salud de los ciudadanos, además de tener que gestionar ahora un embrollo administrativo de dimensiones considerables, como es la posible anulación de 815.000 multas impuestas hasta febrero de este año. El TSJM ha anulado la medida que entró en vigor en 2018 por “defectos de forma”. En concreto, porque “no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza”. El asunto llegó hasta el tribunal por dos recursos interpuestos por el PP cuando estaba en la oposición en el Ayuntamiento y uno por una empresa privada. Los recursos cuestionaban una de las medidas más importantes adoptadas por el Gobierno municipal de Manuela Carmena, que estaba formado y apoyado por las fuerzas de izquierda.
Madrid Central pretendía —y mientras estuvo en vigor lo consiguió— reducir las emisiones contaminantes en el corazón de una capital europea donde con frecuencia los registros de partículas contaminantes superan los límites establecidos por la legislación comunitaria. La medida ni siquiera era pionera. Muchas ciudades europeas y españolas gobernadas por partidos de diferente signo tienen —algunas desde hace años— regulaciones similares que básicamente consisten en limitar el transporte rodado privado y ofrecer y ampliar sistemas alternativos. La medida era importante y urgente porque el incumplimiento sistemático de las directivas comunitarias sobre calidad del aire ya le había costado a España la apertura de un expediente sancionador por parte de la Comisión Europea. Pero el Partido Popular y su candidato a la alcadía, José Luis Martínez-Almeida, utilizaron este proyecto como un ariete ideológico contra Carmena y su equipo, como si la utilización o no del vehículo privado por una serie de calles fuera una cuestión de libertades fundamentales hasta llegar incluso a negar la evidencia del poder contaminante del tráfico.
Martínez-Almeida, ya como alcalde, puede haber conseguido una victoria momentánea en los tribunales, pero es importante resaltar que no es sobre el fondo del proyecto, porque la cuestión crucial es reducir las emisiones contaminantes para proteger la salud de los madrileños y sujetarse a la legislación comunitaria. Madrid Central cumplía con este cometido, mientras las promesas y actuaciones del entonces candidato y ahora alcalde solo han enredado la situación.
Source link