El integrante del GIEI consideró que el video que muestra a Tomás Zerón interrogando al Cepillo es una nueva prueba, que ayuda a quebrar los pactos de silencio alrededor del caso.
En este momento, se están desvelando cosas sobre el caso Ayotzinapa de las que se habían señalado inconsistencias, pero ahora empiezan a surgir pruebas mucho más evidentes, señaló Carlos Martín Beristáin, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).
En entrevista para Aristegui en Vivo, manifestó que en el pasado él y sus compañeros ya habían señalado que muchos de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa tenían serios signos de haber sufrido tortura, que había inconsistencias en sus declaraciones y en la llamada verdad histórica, la cual señalaba el basurero de Cocula como escenario de los hechos.
El también médico indicó que el video que muestra a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), interrogando a Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, es una nueva prueba que ayuda a quebrar los pactos de silencio alrededor de este y muchos otros casos que se dan en México.
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“Nosotros teníamos testimonios recogidos por el GIEI que señalaban maltrato y tortura en los que algunos detenidos habían sido sometidos. No teníamos una evidencia tan fuerte como lo es un video, pero eso muestra las condiciones en las que se dieron esos interrogatorios”, refirió.
“Y también lo que ha sido evaluado por los jueces en términos de desestimar las supuestas pruebas puestas a disposición por parte de la SEIDO y la AIC en esos casos, como es el escenario del río y los testimonios son de los supuestamente implicados”, añadió.
Respecto al resto óseo del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que fue hallado en una barranca de Cocula, Guerrero, el doctor en psicología expresó que es un poco una falacia hablar de las distancias físicas, pero subrayó que este dato habla de un cambio en la narrativa que se uso en la administración de Enrique Peña Nieto.
“Eso significa que es otra la historia independientemente de los metros. Pueden estar 10, 15, 50 metros, lo que cambia es la narrativa del caso totalmente, y muestra un escenario muy distinto del que se había señalado”, apuntó.
“Lo que sabemos no sólo es Cocula, lo que sabemos es que los jóvenes fueron separados, que hubo varios grupos y que hay que seguir buscando no solamente allá, sino en otros varios lugares”, abundó.
Para Beristáin, la nueva información en torno a este caso visualiza muchas de las cosas que el GIEI ya había dicho.
Sin embargo, enfatizó que todavía hay muchas incógnitas sobre el destino de los jóvenes.
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“Creo que los elementos que ha ido recogiendo la FGR son parte de lo que hay que contrastar y verificar. Hay nuevos indicios muy importantes, se necesita ahora una etapa de contrastación, verificación de algunas de esas cosas antes de poder lanzarse a decir cosas que todavía no están del todo claras”, consideró.
“Lo que sí sabemos es que el caso se da en un escenario obviamente del narcotráfico en Guerrero, de la colusión de múltiples autoridades, no solamente policías municipales, sino estatales y federales; autoridades y de lo que hemos escuchado y visto, también implicación de personas de las Fuerzas Armadas”, abundó.
Comentó que después de que en el sexenio de Peña Nieto disolvieron el GIEI y ya no les permitieron continuar con la investigación, hubo indagaciones hechas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sobre el tráfico de heroína a través de autobuses Y de la detención de una persona, conocida con el alias de “El Uruguayo”.
“Aquello que se nos dijo que no existía, que no había tráfico de heroína a través de autobuses y que eso no podía estar ligado con el modus operandi y el caso, supimos después que evidentemente había antecedentes. Estaban en la PGR, no se nos comunicaron, se negó lo que nosotros dijimos y como muchas de las cosas que nos pasaron en ese tiempo, frente a las negaciones oficiales las cosas han ido después desvelándose y mostrándose como ciertas”, acotó.
“Nosotros siempre tuvimos la impresión de que estábamos tocando el corazón de la impunidad en México, que no solamente estábamos tocando una serie de funcionarios de menor nivel, que tenían algunas implicaciones de corrupción, sino que ahí había más sectores implicados y que si ayudábamos a desmantelar eso y ayudábamos a poner verdad en ese contexto de oscuridad, sería una contribución efectiva para México, para los familiares, pero también para las investigaciones en general”, expresó.
Beristáin sostuvo que tras concluir sus trabajos el 30 de abril de 2016, dejaron informes del caso con múltiples recomendaciones y sugerencias respecto a lo que tiene que cambiar en México para que el escenario de corrupción, violación de derechos humanos e impunidad se rompa.
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“Este caso muestra cómo es posible empezar a romper esta impunidad, eso es lo que estamos viendo, se está empezando a romper ese círculo de impunidad y ojalá algunos de esos elementos puedan ser contrastados, confirmados y constituirse en una verdad que se pueda transmitir con la necesaria coherencia de los datos que hayan sido recogidos, y no versiones preliminares o supuestamente creíbles, que es lo que se hizo en el pasado con cosas que terminaron siendo desestimadas y que demostraron el ocultamiento que muchas de esas autoridades habían ejercido sobre los hechos”, finalizó.