Un conflicto que comenzó como una disputa familiar desencadenó acusaciones de presunta extorsión contra funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y denuncias de un supuesto cohecho por parte de las autoridades en contra del empresario denunciante y su defensa privada.
El pasado martes 3 de septiembre, el empresario Raúl Madrazo Castelazo denunció en Aristegui en Vivo que era víctima de un intento de extorsión por parte de su hermano Javier Alejandro Madrazo Castelazo, en supuesta colusión con servidores públicos, señalando en particular a la Fiscal Regional de Toluca, Martha Lizeth Córtez, y al Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, David Valencia Gayosso.
En la entrevista, Raúl Madrazo acusó una conspiración en su contra para ser despojado de maquinaria pesada que renta a través de una empresa y de un inmueble que utiliza como taller y patio para resguardar la citada maquinaria, ubicado en Jilotzingo, Estado de México, para lo cual fue denunciado por su hermano por los delitos de despojo y abuso de confianza en diciembre de 2023.
Derivado de lo anterior, se abrieron dos carpetas de investigación en su contra y en presencia de la Fiscal Regional de Toluca, Martha Lizeth Cortés, se le presentó una propuesta para llegar a un acuerdo y cerrar las investigaciones en su contra, a cambio de la entrega de más de 9 millones de pesos y de maquinaria pesada de su propiedad por los conceptos de daños, perjuicios, honorarios de abogados y gastos realizados de forma conjunta en el taller que el señor Raúl Madrazo señala como su propiedad.
El empresario aseguró que tras negarse a firmar la citada propuesta ante la Fiscal Regional de Toluca, en esa misma fiscalía se le inició una tercera carpeta de investigación por retirar unos sellos de clausura por motivos ambientales del taller que está en disputa con su hermano, acción que fue realizada por una persona desconocida.
A pesar de que el abogado Jorge Romero asegura que se logró acreditar que dicha persona es ajena a las empresas de Raúl Madrazo y de que el propio empresario demostró que no tuvo ninguna relación con ese supuesto hecho, el Juez de Control, David Valencia Gayosso, lo vinculó a proceso el pasado 20 de junio y le impuso una garantía o fianza de 500 mil pesos.
Según Romero, desde antes del fallo, trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) le advirtieron del resultado del fallo y le anticiparon que aún cuando pudiera presentar pruebas a favor de su cliente, el juez de la causa le iba abrir el proceso penal, con el fin de presionarlo para que firmara el acuerdo al que se había negado.
Posteriormente, fue amenazado con un falso “cateo” para la siembra de droga y armas en su domicilio personal ubicado en Ciudad Satélite, municipio de Naucalpan, Estado de México, el cual se iba a llevar a cabo el pasado 3 de septiembre a las 12:00 horas, es decir, a mediodía
El abogado Romero dijo que la amenaza provino de un Policía de Investigación de la Fiscalía mexiquense que les pidió 250 mil pesos por la información que les había adelantado, dinero que debería ser entregado al presunto extorsionador después de que se llevará cabo la diligencia.
La denuncia de Raúl Madrazo señala que el falso cateo se iba a realizar “bajo el pretexto de que yo les he dado mi consentimiento para ingresar a mis talleres”, derivado de que su defensa había solicitado una diligencia de mutuo acuerdo para acreditar con facturas, escrituras y otros documentos oficiales que la maquinaria y el inmueble donde se encuentra su taller, bienes por los que fue denunciado, le pertenecen a él y su hijo.
“Como he desacreditado los supuestos delitos que se me imputan, me he enterado que bajo el pretexto de que yo les he dado mi consentimiento para ingresar a mis talleres, diversos Ministerios Públicos, peritos y policías de investigación, a cargo de la licenciada MARTHA LIZETH CORTEZ, Fiscal de la Regional de Toluca, el próximo martes 03 de septiembre de entre las 11:00 y 12:00 HRS, ingresarán POR LA FUERZA Y SIN ORDEN JUDICIAL DE CATEO a mi domicilio particular ubicado en ANTONIO CASO, CIUDAD SATÉLITE, NAUCALPAN DE JUAREZ, EDOMEX, para robar mis bienes y apropiarse de documentación, bajo el pretexto que quieren asegurar unos supuestos centenarios que
tengo, equipo de cómputo y las facturas de mi maquinaria, ya que ayer 30 de agosto de 2024, recibí una llamada telefónica de una persona quien dijo ser Policía de Investigación de la Fiscalía regional de Toluca, (a cambio de un dinero que me pidió y que tengo que pagar después del martes por la tarde), alertándome sobre esa situación que dijo que fue instruida por el Fiscal General a sus inferiores para que ingresaran a mi domicilio en forma ilegal.
Denuncia pública del empresario Raúl Madrazo:
Responde la Fiscalía del Estado de México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó de forma tajante las acusaciones del empresario Raúl Madrazo y su abogado Jorge Romero, destacado que esa dependencia jamás programó un cateo en el domicilio particular del denunciante, el cual es a su vez fue imputado por su hermano Javier Alejandro Madrazo Castelazo en dos carpetas de investigación por la probable comisión de los delitos de despojo y abuso de confianza.
Mediante una carta enviada a Aristegui Noticias, para ejercer el derecho de réplica, la Fiscalía mexiquense agregó que derivado de dichas denuncias ha realizado diversos actos de investigación, incluyendo las comparecencias de ambas partes, destacando que el pasado 21 de junio del 2024, la defensa de Raúl Madrazo y el propio empresario acordaron una visita legal a su domicilio para una inspección de los documentos con los cuales acreditó la propiedad de la maquinaria y de posesión del inmueble en disputa.
Por lo anterior, la Fiscalía mexiquense negó que la diligencia que se iba a realizar el pasado 3 de septiembre se tratara de un cateo como sostuvieron Madrazo y su abogado, ordenó la cancelación de la misma y acusó al empresario y su abogado de querer engañar a la opinión pública.
La cita era en Ciudad Satélite “en un inmueble cuyo domicilio fue proporcionado por el propio Raúl M”, pero fue cancelada por el Fiscal General del Estado de México, José Luis Cervantes, tras la denuncia pública del empresario. Sin embargo, la Fiscalía advirtió “que el Agente del Ministerio Público nunca contempló una diligencia diversa sobre este inmueble u otro”; por lo que ni siquiera se hizo una petición en ese sentido a un Juez de Control especializado.
Con estos señalamientos el investigado y su defensa faltan a la verdad y pretenden sorprender a la opinión pública al mencionar que, por instrucciones del Fiscal General, serían objeto de un cateo con fines ilegales.
De igual forma, la Fiscalía rechazó cualquier participación del Fiscal mexiquense en la integración de las carpetas de investigación contra Raúl Madrazo, o de presuntos actos de corrupción cometidos al interior de la Fiscalía Regional de Toluca,
“Resulta notoriamente mal intencionada la afirmación de que el Fiscal General intervino en cualquiera de las fases de esta investigación, lo cual se hará constar en la carpeta de investigación que se inició para estos efectos en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y así deslindar responsabilidades por estas afirmaciones”.
A mayor abundamiento, sobre la presunta diligencia señalada en su programa, esta representación social aclara que en ningún momento solicitó a la Autoridad Judicial la autorización necesaria para practicar una técnica de investigación de esa naturaleza. Lo anterior puede ser consultado por las partes en la carpeta de investigación y adicionalmente podrá ser corroborado una vez que éste asunto cause ejecutoria a través de la versión pública correspondiente.
Por lo que se refiere a las acusaciones de presunta extorsión, la Fiscalía Mexiquense reconoció que el empresario Raúl Madrazo y su defensa presentaron un escrito de queja ante el Agente del Ministerio Público titular de la Mesa Especial de Toluca, con copias dirigidas a las titulares del Órgano Interno de Control y de la Visitaduría General, pero sin que se haya remitido copia alguna al Fiscal General y sin que la queja se haya presentado de forma directa ante el Órgano Interno de Control .
Sin embargo, a raíz de la denuncia pública, el Ministerio Público de Toluca que estaba a cargo del caso se presentó ante sus superiores jerárquicos, con el fin de rendir su declaración y denunciar un presunto cohecho para favorecer los intereses del empresario Raúl Madrazo, por lo que también fue relevado del cargo,
“A raíz de los señalamientos realizados durante el noticiero, el Agente del Ministerio Público inicialmente encargado de la carpeta, manifestó ante su superior jerárquico su deseo de rendir entrevista en sede ministerial en relación a su intervención en la investigación cuando la tuvo a su cargo y de la cual fue relevado al hacer del conocimiento de su jefa inmediata, la existencia de comentarios atribuibles a los abogados de Raúl M., en el sentido de que “le habrían entregado numerario a cambio de favorecer sus intereses”, señala el comunicado de la Fiscalía.
Además, la Fiscalía agregó que los abogados defensores del imputado reconocieron tener conocimiento de la acusación de un presunto cohecho, negando la entrega de dinero al Ministerio Público por constituir posibles actos de corrupción.
Por lo anterior y en respuesta a una “notoria falta al principio de lealtad y buena fe con la que deben conducirse las partes procesales, en este caso el investigado y su defensor”; el Fiscal Cervantes ordenó remitir las carpetas de investigación relacionadas con este caso “a la Coordinación General de Litigación, para el esclarecimiento de los hechos motivo de la denuncia”.
Además, ordenó abrir una investigación a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, para indagar “los señalamientos de actos irregulares presuntamente cometidos por servidores públicos de esta institución, pero también por particulares quienes pudieran resultar responsables por lo señalado”, es decir, por el delito de cohecho.
Sobre el PDI acusado de la llamada de extorsión, el Fiscal General dispuso removerlo de sus funciones y “poner a disposición de los quejosos, en diligencia forma, el álbum fotográfico del personal de investigación” a efecto de que lo identifiquen.
Como parte de los actos de investigación, el empresario Raúl Madrazo y su abogado Jorge Romero deberán comparecer ante la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente se les solicitará que “permitan realizar una inspección a sus equipos telefónicos con la finalidad de establecer los números, llamadas o mensajes relacionados con los posibles actos de corrupción y, en su caso, solicitar a la autoridad competente los datos conservados que pudieran estar relacionadas con el esquema extorsivo”.
Por último, la Fiscalía advierte que la investigación incluye “el esclarecimiento de las manifestaciones que realizó el Agente del Ministerio Público y que hizo del conocimiento de su superior jerárquico, sobre la presunta entrega de numerario para incidir en el resultado de la indagatoria”.
Consulta el documento completo de la Fiscalía de Justicia del Estado de México aquí:
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