Los directivos de algunas grandes empresas europeas de servicios públicos, como Enel, Orsted, Vattenfall y EDP, reclamaron evitar intervenciones drásticas en el mercado con vistas a atajar el alza de los precios de la electricidad, como el impuesto a las ganancias extraordinarias aprobado en España, según una carta que será enviada a los gobiernos de la UE esta semana y a la que tuvo acceso Financial Times.
En la misiva, más de 15 consejeros delegados de ‘utilities’ de la UE advierten a los estados miembros contra la adopción de “medidas políticas miopes” que corren el riesgo de socavar la confianza del mercado y descarrilar la transición verde.
Aproximadamente 20 gobiernos de la UE anunciaron planes de emergencia para proteger a los consumidores de los crecientes costos, aunque únicamente España ha implementado un impuesto a las ganancias de las compañías eléctricas.
La Comisión Europea dio a conocer este miércoles una ‘caja de herramientas’ con medidas para abordar los altos precios de la energía, que incluye acciones temporales como recortar impuestos, brindar apoyo a los ingresos de los hogares más pobres y aumentar la capacidad de energía renovable.
El Ejecutivo comunitario señala que los Estados miembros también pueden autorizar aplazamientos para el pago de facturas de la luz y dirigir ayudas a empresas o sectores, aunque en línea con las normas sobre competencia.
A este respecto, Kristian Ruby, secretario general de Eurelectric, responsable de organizar la carta, dijo que Bruselas debería dejar en claro que el impuesto español contraviene la ley de la UE.
“Si todos los estados miembros [toman medidas] como España, no hay duda de que ralentizará o incluso descarrilará la transición energética”, señaló.
Por su parte, la Comisión Europea pospuso una reflexión a medio plazo sobre las medidas que propuso España para responder a la escalada del precio de la electricidad, como la posibilidad de acometer compras conjunta de gas para crear reservas estratégicas, al tiempo que ha instó a las capitales a dar “prioridad” a actuaciones ya previstas en la legislación actual que pueden tener un impacto “inmediato”.
La comisaria de Energía, Kadri Simson, presentó en una rueda de prensa el documento que Bruselas prometió a las capitales para hacer frente a la situación actual, en la que los precios mayoristas de la electricidad se han disparado un 200% en el último año, mientras que los del mercado minorista han aumentado un 9%.
El análisis del Ejecutivo comunitario parte de la idea de que el escenario actual tiene carácter temporal y la causa principal con los precios del gas. Estos, añade el texto, “seguirán siendo altos durante los meses de invierno y caerán en primavera, cuando se espera que la situación se estabilice” aunque todavía a niveles superiores a la media de los últimos años.
En este contexto, Bruselas plantea dos grupos de medidas: uno a corto plazo, que engloba todas estas medidas posibles en el marco vigente; y otro medio plazo, donde se incluyen ideas a explorar de cara al futuro y no para responder de manera específica al incremento actual de los precios.
Dentro de este segundo grupo, la Comisión afirma que “explorará los posibles beneficios de compras conjuntas” de gas con el objetivo de “crear reservas estratégicas”, en línea con la sugerencia planteada por el Gobierno español. En cualquier caso, estas operaciones serían “voluntarias” y en consonancia con las reglas comunitarias de competencia.
También estudiará la posibilidad de revisar el reglamento sobre seguridad de suministro para “garantizar un funcionamiento más efectivo de los almacenes de gas” del bloque y “apoyará el desarrollo de una reserva energética para el futuro como una herramienta clave de flexibilidad”, pensada para baterías o hidrógeno, por ejemplo.
(Con información de Europa Press)
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