El excoordinador de la Ceda denunció que en la administración pasada había personas “muy poderosas”, que podían tener una influencia muy importante sobre el Poder Judicial y la PGR.
Sergio Palacios Trejo, excoordinador y exadministrador general de la Central de Abasto (Ceda), relató que el pasado martes 24 de septiembre terminó un proceso que inició desde el 2 de mayo de 2018, luego de que fuera acusado penalmente por presuntamente no acatar una orden en un juicio de amparo.
Él llegó a la Ceda en marzo de 2017, en sustitución de Julio César Serna, quien renunció a mediados de septiembre de 2016 para incorporarse como jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera durante su gestión como mandatario capitalino.
Recordó que a su llegada se dio cuenta que dicho espacio tenía contratos con las empresas N3ERL, Cupkiris L & N, Comercializadora de Productos Saludables GHEMM, Lugar 42 y Arrendadora AGU, los cuales eran relativos al cobro del peaje de entrada la Ceda, los estacionamientos y baños. “Los ingresos más importantes que tiene la Ceda en sus finanzas”.
No obstante, las percepciones que reportaban a favor de la Ceda solo ascendían a 7 millones de pesos, y al considerar que los ingresos de la Ceda se estaban viendo afectados, inició un juicio de lesividad.
“El Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México nos ordenó que recuperaramos esas instalaciones y que nosotros las operaramos o a través de terceros, y le dimos contratos a otras empresas. Automáticamente, con el simple cambio de empresa, se generó un 40% de ingresos superiores para la Ceda, pues empezó a recibir entre 11 y 12 millones de pesos”, señaló en entrevista para #AristeguiEnVivo.
“Yo sabía que las empresas que salieran se iban a defender y se iba a desatar todo el tema jurídico, pero nunca pensé que iba derivar en un tema de carácter penal en mi contra”, agregó.
Contó que de inicio a las empresas salientes se les dio una suspensión temporal, pero más tarde esta fue definitiva.
“En esas estábamos cuando una persona que trabajaba en la Ceda me dijo que tuvo contacto con los abogados de las empresas que nosotros habíamos retirado y que querían ofrecerme una negociación. Cuando pregunté en qué consistía me dijeron que no me iniciarían un tema penal a cambio de que les devolviera las instalaciones. Entonces dije ‘esto no es una negociación, es una extorsión’”.
Palacios Trejo señaló que aunque no había una razón por la cual le pudieran iniciar un tema de carácter legal, entre marzo y abril del 2018 le llegó un citatorio para ir a comparecer en el Reclusorio Norte para una audiencia inicial por el delito de no haber acatado la suspensión de las empresas.
Al darse esta situación, se acercó al entonces titular de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, Edmundo Garrido, y al director de amparos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para platicar sobre el asunto.
“Esta persona (director de amparos PGR) me dice que se le hace muy raro que él no tuviera conocimiento de mi asunto porque son asuntos de cierta relevancia porque son servidores públicos de la ciudad. Revisa y me dice ‘tu asunto viene marcado, o sea que si no pasó por mis manos, viene de arriba’… Yo me imagino que de la PGR con Alberto Elías Beltrán, pero más de Felipe Muñoz (exsubprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales en la PGR)”.
Para la audiencia inicial, Sergio Palacios se presentó con un abogado de oficio del Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Expresó que al no haber tenido nunca acceso a la carpeta de investigación, fue hasta ese momento que se enteró que la acusación en su contra era referente a que había violado la suspensión dada por un juez administrativo a las empresas salientes.
Destacó que el representante de las empresas que lo demandaron es el despacho de Diego Ruiz Durán, del cual dicen que está muy vinculado a Humberto Castillejos, el exconsejero jurídico del expresidente Enrique Peña Nieto.
“Se da la audiencia y lo pidieron dos medidas cautelares en mi contra: que se me separara del cargo público con el pretexto de que yo podía intervenir en la investigación o involucrarme en el expediente administrativo, y que fuera cada ocho días a firmar al reclusorio. Para mi gran sorpresa, el juez les concede la suspensión del cargo público y muy generosamente dice que no vaya cada ocho días, sino cada 15”.
Reveló que en el desarrollo del juicio, otro hecho a destacar fue que el juez administrativo que dictó la suspensión de las empresas “le dijo textualmente al Ministerio Público textualmente que él nunca le dio vista para que iniciaran un procedimiento en mi contra”.
“Es lo sorprendente de la justicia y el abuso que tiene el Poder Judicial. El juez de amparo le dijo al juez penal que no tenía un solo elemento para haberme iniciado, que para haber llegado a eso tenía que haber una determinación del juez que dictó las suspensiones en donde le da vista al MP y que esto nunca había ocurrido porque nunca incumpli, que es nuestro argumento de origen”.
Denunció que en la administración pasada había personas “muy poderosas”, que podían tener una influencia muy importante sobre el Poder Judicial y sobre la PGR.
“Yo sí me di cuenta de cómo ellos podían manipular a la procuraduría y los jueces”.
Mencionó cómo en una visita realizada a Felipe Muñoz, éste tuvo un comportamiento muy agresivo contra él. “Me decía ‘pues ya arréglense, ¿yo qué gano con este asunto? Desiste del juicio de lesividad y ellos te otorgan el perdón en el tema penal. La misma negociación que meses antes me habían propuesta”.
Ahora que ya fue exonerado de este asunto, dejará todo en manos de sus abogados pues dijo, “ha sido un desgaste emocional y familiar por una injusticia tan grande y un daño moral clarísimo”.
Entrevista completa: