Este lunes México presentó en una corte de Estados Unidos los documentos para argumentar a favor de continuar con el proceso judicial, al que se oponen las grandes empresas de armas de esa nación.
Entre los documentos de réplica, México presentó un análisis econométrico para establecer el número de armas de fuego traficadas ilícitamente a México en los últimos años que se vinculan con Massachusetts y con las empresas demandadas.
De acuerdo con este análisis, el número de armas producidas y distribuidas por las empresas demandadas, vinculadas con Massachusetts y traficadas ilícitamente a México, asciende a más de 250 mil en los últimos 10 años.
Este es uno de los documentos presentados en la demanda, según la revisión de Aristegui Noticias al expediente:
El estudio fue realizado por Lucy P. Allen, de Nera Consulting.
Así explica sus conclusiones:
Extrapolamos de las fuentes de datos especificadas para estimar la cantidad de armas de fuego por fabricante demandado con una venta vinculada a Massachusetts que fueron traficadas a México durante los últimos diez años. En particular, aplicamos las dos estimaciones de armas de fuego que se trafican anualmente de Estados Unidos a México a la proporción de armas de fuego recuperadas en México por cada uno de los Fabricantes Demandados en los últimos diez años y a la proporción de armas de fuego recuperadas en México con una venta vinculada a Massachusetts de Early ATF Mexico Trace Data.
Estimaciones de armas a México by Sebastián Barragán on Scribd
El gobierno de México solicita al juez la oportunidad de avanzar en el litigio para que en una etapa de producción de pruebas se pueda conocer información adicional, provista por las empresas demandadas, sobre el número de armas traficadas a México y rastreadas a Massachusetts.
La SRE destacó que el esfuerzo del gobierno federal para combatir el tráfico de armas ha generado apoyos considerables que legitiman esta acción como necesaria y adecuada.
Al menos 14 procuradores y 27 fiscales de Estados Unidos expresaron su respaldo sobre el litigio que inició el gobierno mexicano en contra de empresas por prácticas negligentes e ilícitas que favorecen el tráfico de armas a México, informó este martes Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
De acuerdo con un comunicado de la SRE, el 31 de enero de 2022, de conformidad con el calendario procesal aprobado por el presidente de la Corte federal de distrito de Boston, Massachusetts, Frank Dennis Saylor IV, la dependencia sometió la réplica del gobierno de México a las defensas que presentaron las empresas el pasado 22 de noviembre de 2021.
El Gobierno de México refutó los argumentos de las empresas para frenar el litigio, las cuales alegan que gozan de inmunidad en contra de demandas civiles por daños; y reitera y abunda en hechos para comprobar que el Gobierno puede demandar en Massachusetts, toda vez que existe un vínculo entre las prácticas negligentes de las empresas y los daños sufridos en territorio mexicano.
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Ante dicha réplica y respaldo, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon aseguró “ya contestamos, ya respondimos, somos optimistas.”
“Este respaldo de tantos estados de la Unión Americana, de fiscales generales y también ya de algunos países como Antigua, del Caribe y Belice, que apreciamos mucho, y poco a poco suponemos se va a ir sumando otros países del mundo argumentando que deben tomarse medidas para que no siga existiendo esta negligencia y este tráfico de armas. Yo alguna vez he dicho: es un río de armas hacia México que nos afecta a todas las mexicanas y mexicanos”, indicó el canciller, según agrega el comunicado.
En ese sentido, en paralelo a la presentación de los documentos de réplica, diversos países, entidades gubernamentales de Estados Unidos, especialistas, organizaciones y víctimas presentaron los siguientes escritos independientes de amigos de la Corte, en respaldo de los argumentos del Gobierno de México y para acercar información adicional a la Corte:
Procurador General de Massachusetts y 13 procuradores estatales más, señalan el interés de ese estado en que continúe el litigio y establecen que la ley PLCAA (Protection of Lawful Commerce in Arms) no otorga inmunidades cuando se viola una ley estatal, apoyando el argumento del Gobierno de México.
Fiscal del Distrito de San Francisco junto a 26 fiscales de distrito en ciudades de 17 estados de la Unión Americana, incluidos, los estados de Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Minnesota, Texas y Virginia elaboran sobre la relación entre tráfico de armas y aumento en la delincuencia.
Víctimas de violencia armada, organizaciones y expertos en el tema relatan el daño que sufren las y los mexicanos por el tráfico ilícito de armas que es facilitado activamente por las prácticas negligentes e ilícitas de las empresas demandadas.
Países de la región y organizaciones expertas en temas de seguridad humana en Latinoamérica y el Caribe resaltan las consecuencias negativas del tráfico ilícito de armas.
Grupos de la sociedad civil estadounidense, que pugnan por el control de armas en ese país, explican cómo el tráfico de armas constituye una afectación del orden público, una de las causas de acción de México.
Expertos en Derecho estadounidense que abundan sobre los argumentos por los cuales PLCAA no tiene efectos extraterritoriales.
Expertos en Derecho Internacional residentes en Europa principalmente, coincidiendo con los argumentos legales del Gobierno de México sobre la aplicación de leyes en casos de daños transfronterizos.
Red de organizaciones nacionales e internacionales contra el tráfico de armas señalando que el problema es global y que es necesaria la actuación responsable del sector privado para atenderlo.
La presentación de esta réplica coincide con la presentación del Plan de Acción del Entendimiento Bicentenario, hecho que resalta la colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y México para responder a desafíos comunes como el tráfico ilícito de armas.
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La SRE extendió su agradecimiento a las dependencias del Gobierno Federal que participaron en la formulación de la réplica en este litigio, así como a los países, entidades gubernamentales de Estados Unidos, especialistas, organizaciones y víctimas que con su participación como amigos de la Corte, respaldan y legitiman este esfuerzo para lograr la seguridad de todas las personas en México y en otras latitudes, finaliza el documento.
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