La Red Voces del Sur (VdS), integrada por varias organizaciones sociales en América Latina, presentó este jueves el informe “Los efectos diferenciados de la violencia contra la prensa”, sobre la implementación del objetivo de desarrollo sostenible 16:10 en 2021, en torno a garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales.
El informe mide, desde la sociedad civil, el cumplimiento del indicador 16.10.1, en los países de la región. Da cuenta del número de casos verificados de diferentes tipos de violencia en contra de personas periodistas, trabajadoras de medios de comunicación, defensoras de derechos humanos, y sindicalistas.
Para ello, utiliza una metodología regional común, diseñada colaborativamente, consultada con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El de 2021 es el cuarto informe que presenta la red, integrada por varias organizaciones latinoamericanas, entre las que se encuentra Artículo 19.
El capítulo dedicado a México, titulado “La estigmatización y el abuso del poder deterioran las libertades públicas”, señala que el panorama en el país es “crítico”, ya que en 2021 se registraron 626 alertas por violaciones de las libertades de prensa y expresión, incluyendo 9 alertas por asesinatos de periodistas y personas trabajadoras de medios, lo que representó un incremento del 50% de la violencia letal con respecto al 2020.
En torno al discurso estigmatizante, las alertas crecieron en un 30%. “La violencia discursiva busca justificar y volver aceptable, como parte de la cultura política, la violencia hacia la prensa”, señala.
“La cadena de estigmatización inicia al nivel más alto del poder; el presidente López Obrador utiliza su púlpito para acusar a periodistas y medios de propagar noticias falsas y desinformación”, explica el documento.
Durante 2021 se registraron 27 alertas por uso abusivo del poder estatal, “incluyendo la asignación discrecional de la publicidad estatal para favorecer a medios aliados del oficialismo, lo que representa un incremento del 93% con respecto al año anterior”. Además, menciona que el Estado fue señalado como agresor en el 43% de las alertas.
Las organizaciones apuntan que la violencia contra los periodistas, fundamentalmente los asesinatos, es consecuencia de la impunidad que impera desde el año 2000. Desde entonces a la fecha, Artículo 19 ha documentado 1532 asesinatos de periodistas en México, 141 hombres y 12 mujeres, de los cuales el 22% fueron registrados durante el gobierno actual.
Por estados, Veracruz es la entidad más letal para el ejercicio periodístico, con 31 asesinatos desde 2000; 18 de los cuales ocurrieron durante el gobierno del gobernador priista Javier Duarte, entre diciembre de 2010 y noviembre de 2016.
El informe enfatiza que el 98.1% de los crímenes cometidos en contra de periodistas entre 2010 y 2021 sigue impune.
El texto recomienda que, frente a los asesinatos de los periodistas, tanto las autoridades (que son las instancias obligadas), como la sociedad civil y la comunidad internacional deben coadyuvar en prevenir, proteger e investigar diligentemente todos los crímenes y agresiones contra la prensa para combatir la impunidad.
Llama a fortalecer la Fiscalía Especial para Investigar los Crímenes contra la Libertad de Expresión, FEADLE, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, “a través de una mayor coordinación institucional, participación de la sociedad civil y la cooperación con organizaciones internacionales especializadas”.
Además, considera “urgente presionar a las autoridades para que desistan de estigmatizar a quienes ejercen periodismo, pues estos discursos vulneran el flujo de información, debilitan el debate público y aumentan los riesgos para la prensa de sufrir más violencia”.
“Por lo contrario, las autoridades, empezando por el Ejecutivo Federal, deben condenar la violencia contra la prensa”, señala, al tiempo que considera importante reglamentar la Ley General de Comunicación Social, en lo que se refiere al uso de la publicidad estatal.
Consulta el informe completo:
Source link