Las noches del pasado 9 y 10 de septiembre de 2020, al menos 10 personas murieron en las protestas que siguieron al homicidio de Javier Ordóñez a manos de la Policía en Bogotá. Al mismo tiempo, no menos de 22 edificios de Comandos de Acción Inmediata (CAIs, pequeños edificios de barrio situados habitualmente en parques) de la misma Policía fueron incendiados. Presuntamente, la mayoría de las muertes se produjeron a manos de disparos con armas de fuego policiales. El pasado 4 de mayo casi se repite la historia. 16 CAIs vandalizados, una respuesta desproporcionada, decenas de heridos (varios de ellos policías, en particular unos patrulleros rasos que se encontraban en el interior de un CAI mientras lo incendiaban desde fuera); y casi milagrosamente ningún muerto en una espiral de violencia que empieza a ser recurrente. Para entender su dinámica y buscar una salida es imprescindible salir de la lógica de diálogo sordo entre élites políticas de distinto signo.
Porque en esta ocasión la espiral se produjo en el marco de un paro nacional que tiene a buena parte de la Colombia urbana movilizada desde el pasado 28 de abril. Las movilizaciones se sostienen en todo el país, con una crisis social y de seguridad particularmente intensa en Cali que ha alertado al resto de ciudades. Por eso, lo sucedido en Bogotá mereció esta vez mucha más atención: con lo que pasó entre el 9 y 10 de septiembre ni siquiera es fácil reconstruir un relato hilvanado. Ahora, enseguida salieron voces condenando la situación, en un abanico que iba desde los “condeno, pero no podemos equiparar la violencia ciudadana con la ejercida por el Estado”, hasta los “condeno y acuso a los convocantes del paro de lo que pueda pasarle a la fuerza pública”, pasando por los equidistantes “condeno: así no se protesta, toda vida es sagrada”. Lo que llamaba la atención es que todas ellas asumían una vinculación más o menos estrecha entre la situación en Bogotá y la vanguardia dela huelga general: estudiantes, gremios semi-organizados de distintos sectores, y políticos electos del ala izquierda del espectro (alguno de ellos incluso llamó a la “movilización pacífica” como “única vía”). Pero vale la pena cuestionar la fortaleza de dicha conexión.
Los segmentos de la protesta
En la semana y media que lleva activo el paro se ha repetido un patrón: durante el día, protestas que empiezan y terminan de manera más o menos pacífica. Al caer la noche, la violencia se destapa. Lo primero que llama la atención es que el perfil de las protestas es distinto en cada momento. Y es que podemos entender el paro como la confluencia de tres ríos de movilización en una sola corriente que no se une, sino que mantiene caminos separados. A la vanguardia están los estudiantes, con un foco poco definido pero ambicioso en reformas de orden social y garantías para la protesta en relación a la policía. Cerca se encuentran gremios y sindicatos más o menos organizados, con objetivos mucho más concretos (“no a la reforma de la salud”, “que nos bajen los peajes”, “no a las plataformas tipo Uber”, etcétera) pero una presencia y capacidad de movilización más estrecha entre la sociedad. Y más allá se encuentra el torrente de jóvenes que se activa en barrios y ciudades periféricas, segregadas social, urbanística y económicamente.
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Los estudiantes sienten su propio agravio respecto al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) de la Policía, alimentado por encontronazos y abusos de fuerza por parte de la unidad en el manejo de las protestas desde tiempo atrás. Es una generación que se ha socializado políticamente en las revueltas actuales y recientes, que tuvo el paro nacional de noviembre de 2019 un punto de inflexión que llevaría incluso a la Corte Suprema de Justicia a defender el derecho a la manifestación por encima de la violencia policial un año después. Dentro todas estas protestas, un elemento fundamental de movilización ha sido la contraposición al Esmad, hasta el punto de que su desmonte es para algunos un punto irrenunciable de las demandas.
Pero una parte importante de los conflictos nocturnos con resultados más trágicos se ha trasladado, precisamente, a esas zonas segregadas. Y es aquí donde se concentra la mayor letalidad policial. Sucedió en septiembre en Bogotá, y ha vuelto a pasar ahora. De las 24 muertes confirmadas por la Defensoría hasta el miércoles 5 de mayo, 17 se produjeron en el Valle del Cauca, estando todas las demás regadas por el conjunto de la geografía nacional. Es en Cali, capital del Valle, donde hemos visto más uso de armas de fuego a manos de la Policía. También hay, por cierto, indicios en forma de video de su uso al menos esporádico y localizado por parte de quienes los confrontan. Sin embargo, la atención mediática y discursiva, tanto en redes como en plataformas alternativas o tradicionales, tiende a centrarse en el segmento de los estudiantes y, además, extrapola la dinámica que afecta a dicho segmento como si fuese la general de la huelga, cuando no es así.
La relación entre los tres carriles de la protesta existe, si bien es probablemente inconstante y poco articulada. El solapamiento también: al fin y al cabo, no pocos estudiantes o miembros de sindicatos y otras agrupaciones vienen de estos mismos barrios. Pero entender de manera segmentada el Paro y la reacción policial al mismo, así sea como modelo aproximado, ayuda a vislumbrar que esa pretensión de que las élites de oposición al gobierno pueden detenerlo con un solo ademán de diálogo es más bien ilusoria. La desescalada para proteger vidas se vuelve, por desgracia, también mucho más compleja.
No una, sino muchas conversaciones
En este marco, ¿qué conseguiría un diálogo nacional? Si su contenido es específico y atiende a las demandas de los segmentos más organizados, podría desactivar algunos de los bloqueos que ahora mismo se mantienen en diversas carreteras a lo largo y ancho de Colombia. Si su contenido es amplio y ambicioso, y si además incluye un reconocimiento con propósito de enmienda de los excesos del Esmad , también podría ayudar a conciliar en ese frente.
No será muy efectivo, en cambio, si no se articula con la dimensión subnacional: se ha evidenciado una considerable diferencia entre ciudades y regiones del grado de escalamiento de la violencia, o en la capacidad de las autoridades para lograr que se abran o cierren bloqueos al movimiento de insumos básicos o misiones médicas, sin duda producto de las diferentes estrategias seguidas por los gobiernos locales y regionales, así como con su capacidad para articularse y encontrar interlocutores.
Esta dimensión local, clave para desescalar con estos dos segmentos de la protesta, se vuelve aún más imprescindible con el tercero. Aquí resulta particularmente iluminadora la visión de Jorge Mantilla, investigador experto en conflicto. En una conversación, Mantilla subrayó la infinidad inabarcable de roles atribuidos habitualmente a la policía en Colombia: se les atribuyen labores de gestión de convivencia a ras de suelo. El policía, ilustra el experto, es el funcionario de primer contacto para cualquier ciudadano de a pie en el país.
Pero a la vez el policía es lógicamente el responsable de la seguridad en su zona. Eso crea un doble incentivo para el abuso de un pie de fuerza que, remarca Mantilla, no tiene buenas condiciones de trabajo ni salario. La comunidad recurre a ellos en todo momento para resolver cualquier cuestión, y lo hace también la autoridad para manejar crisis de seguridad.
En este contexto, la probabilidad para que se enquisten problemas entre la comunidad, particularmente sus segmentos más jóvenes, y la policía (también particularmente joven en sus rangos de base) se multiplica. Un ejemplo trágico se observó el día cuatro en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá: allí se montó una protesta espontánea en torno a un CAI porque circulaba una noticia de violación a una menor a manos de los policías que lo ocupaban. La noticia era falsa, inventada al parecer por un ciudadano como venganza por una multa, pero la aclaración oficial no fue creída o asumida por la ciudadanía del barrio. La noche acabaría allí en duros disturbios.
A Bosa sí llegó el Esmad, pero en otras ocasiones han sido los propios patrulleros rasos quienes se han enfrentado directamente a la población. Esto no justifica (nada puede hacerlo) pero sí ayuda a entender el por qué del recurso a estas armas de fuego, último pero casi único del que disponen, que por descontado multiplica la probabilidad de homicidio en abuso de fuerza. Aquí, se opaca el rastro de la cadena de mando y toma de decisiones, activándose recursos inadecuados para el manejo de situaciones críticas que muchas veces desembocan en escalamientos inmediatos, o aplazados, de violencias localizadas. Luego, la mentada cadena de mando parece incapaz de resolverlos desde arriba, desde la autoridad organizativa, civil, política y minimizando el daño tanto para la población como para sus propios agentes, de quienes se han filtrado videos estos días expresando a sus superiores la falta de medios para salir a manejar la situación en las calles.
Este mismo patrón se reproduce entre la fuerza pública (sobre todo el Esmad) y los estudiantes, por cierto: en todos los casos, el recurso sistemático a la resolución de conflictos exclusivamente por la vía de la fuerza lleva a una “acumulación de agravios”, como señala la analista de International Crisis Group Elizabeth Dickinson, que “deja poco espacio para la esperanza de una resolución a corto plazo”.
Es por todo ello que efectivamente urge una reforma integral de la policía y su accionar político y organizacional, para el beneficio tanto de la comunidad como de las personas que integran la institución en sus niveles de base. También es imprescindible dar seguimiento a las 46 investigaciones abiertas por abuso policial durante estos días: los incentivos y las sanciones hacia los agentes deberían realinearse para que estén lo más lejos posible del recurso a la confrontación.
Pero antes siquiera de entrar en ello, parece aún más urgente articular soluciones inmediatas a los enquistamientos activos. Estas soluciones, que pasan por abrir espacios de diálogo para manejo de problemas acumulados, no son escalables, sino que se tienen que producir casi barrio a barrio. La infraestructura social e institucional para ello es escasa, según Mantilla, incluso en ciudades como Bogotá donde figuras como el gestor de convivencia ya existe.
La falta de articulación de la sociedad civil en muchos barrios (no en otros, donde sí hay líderes comunitarios visibles), dañada aún más por una coyuntura pandemia, hace difícil la concertación: ¿con quién sentarse a hablar, así sea a nivel local? Pero si se buscan esos referentes siempre existen, así sean de manera implícita, incipiente.
De abajo hacia arriba
Todo lo anterior nos lleva a un diálogo que sería muy distinto del que plantea tanto el Gobierno como ciertos líderes de la oposición, o de la intelectualidad colombiana. En lugar de empezar por sentar a los próceres de la patria (o del paro), habría que comenzar por sentarse en las calles. El 5 de mayo se produjo la primera “tregua” entre manifestantes y policía en Cali, en un sector que había sido particularmente conflictivo desde la semana pasada: el Paso del Comercio. No se resolvió en despachos: la articularon los jóvenes en las calles con los patrulleros rasos. De igual manera, el desbloqueo parcial de una ciudad que lleva una semana desabastecida se ha venido logrando gracias a gestiones conjuntas a nivel medio y de base de la sociedad civil, con la participación de las autoridades en diálogos multilaterales que han empezado a un nivel medio, no alto.
Lo que aquí surge es una conversación que comienza abajo, escuchando, y que desde ahí debe dejar ítems de cambio a todos los niveles. El barrio, la ciudad, el departamento y, por último, el Estado, cuya labor ahora mismo en el diálogo debería centrarse en la escucha y la muestra de empatía más que en la vertiente institucional-elitista de “burbuja bogotana” que ha adquirido. Se trata de darle una solución local a un problema nacional, al menos en su origen o en uno de sus vectores centrales. Muchas desescaladas de violencias que tienen origen, motivaciones y accionar distinto, para converger en una. Y esto debería ir antes siquiera de definir el contenido específico de las reformas, antes de hablar de quién debe renunciar o permanecer, si realmente se busca un camino adelante que no deje atrás a los que siempre se quedan atrás, y sobre quienes desaparecen los focos una vez las élites tienen temporalmente tramitados sus problemas.
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