Ana, Janis y Patricia no se conocen, viven en distintos lugares de España —Madrid, Alicante y Zaragoza—, y tienen distintas profesiones y edades, pero todas tomaron en un momento de sus vidas la decisión de abortar. Aunque sus motivos fueron diversos, en todos los casos estaban dentro de los supuestos recogidos en la ley, de 2010. Por eso las tres recuerdan su sorpresa cuando el servicio de salud pública al que acudieron las derivó a clínicas privadas concertadas para realizar su interrupción voluntaria del embarazo (IVE). No son situaciones excepcionales, lo mismo le ocurre al 86% de las poco más de 99.000 mujeres que deciden interrumpir anualmente su embarazo en España, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, de 2019.
Para Patricia, que prefiere que no se refleje su apellido, las Navidades de 2012 fueron una pesadilla. Feliz con el embarazo de su primer hijo, el 27 de diciembre acudió a la ecografía de revisión de las 20 semanas en el Hospital Materno Infantil Miguel Servet de Zaragoza. “Enseguida nos pasaron a mí y a mi marido a cardiología infantil”, explica, “y allí nos dijeron que el bebé tenía una cardiopatía grave, los ventrículos del corazón no estaban formados. En el mejor de los casos derivaría en un trasplante, pero ni siquiera me pudieron garantizar que llegaría a término del embarazo. Nos informaron de las opciones y nos dieron dos días para tomar una decisión porque estábamos en los límites. Nos trataron fenomenal, pero en el peor momento de tu vida te dicen que te derivan a una clínica privada, en la misma ciudad, lo que ya te hace sentir como si estuvieras haciendo algo ilegal. Tuve que esperar 15 días con esa angustia hasta que me dieron la cita. Era una clínica pequeña, tirando a cutre, donde me recibió una trabajadora social y donde nadie me dijo nada de lo que iba a pasar, nadie estaba identificado y donde ahora pienso qué hubiera pasado si hubiese habido una complicación. Después de ingresar, me dejaron sola en una habitación sin mi pareja, pasé 12 horas en un proceso de dilatación farmacológico… No he vuelto a pasar por esa calle. Pasé de la alegría más absoluta a la tristeza más terrible y un día el tiempo se detuvo, se me fue la pinza. La decisión fue nuestra, pero sentí que había animales que paren más acompañados”.
El Ministerio de Igualdad quiere reformar la ley y prepara un borrador para finales de año. El objetivo, según explica Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, es “conseguir que los derechos reconocidos sean efectivos para que todas las mujeres puedan disfrutar de sus derechos por igual”. Después de 11 años de la ley, los datos retratan lagunas que los colectivos de mujeres reclaman solucionar. Silvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña, señala entre los más clamorosos “la desigualdad territorial para acceder a un aborto, la dejadez general para dar información pública sobre el aborto, el desprestigio de los profesionales sanitarios que practican IVE dentro de la clase médica” y la falta de regulación y registro de los que ejercen el derecho a la objeción de conciencia. Los registros obligatorios que se reportan a Sanidad de las IVE realizadas dejan patente que existen comunidades autónomas —Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y las ciudades de Ceuta y Melilla— en las que se derivan siempre a clínicas privadas concertadas con la sanidad pública, en algunos casos a cientos de kilómetros del hogar de las embarazadas.
A Ana Sánchez, de 35 años, madrileña, le diagnosticaron síndrome de regresión, una alteración del desarrollo del bebé a los tres meses de su segundo embarazo. El ginecólogo le dio la posibilidad de interrumpir por la sanidad privada y la pareja accedió. “Aborté el 24 de octubre de 2019, fue la decisión más dura de mi vida”, relata. “En ese momento estás en shock, no te cuestionas por qué te han desviado a la privada”, aclara. Tras recoger un informe en la Consejería de Sanidad, Sánchez acudió a la cita junto a su pareja en la clínica concertada El Bosque, en Madrid. El miedo empezó a paralizarla: “Enseguida me separaron de mi marido y me sentí sola”. Sostiene que rechazaron explicarle cómo sería la intervención: “Pregunté y me dijeron: ‘Eso es mejor que no lo sepas”.
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Fuentes de la clínica El Bosque afirman que el centro informa en todo momento a las pacientes. “Lo que ocurre es que acuden nerviosas y sufren situaciones de estrés que no les hace ser conscientes de todo”, señala la administradora, quien pide que no se publique su nombre para evitar la presión de los grupos “provida”. “Tenemos todos los medios tanto humanos como técnicos para poder hacer las intervenciones. No hay ninguna diferencia, más allá de que en algunos centros públicos no se hacen interrupciones”, apunta la administradora, que recuerda que la clínica está acreditada por la Comunidad de Madrid. Y añade que si la paciente lo pide o lo indica el hospital de referencia, realizan la necropsia al feto. “Si ocurre alguna complicación grave, algo muy infrecuente, nuestros médicos están preparados para estabilizar a la paciente y derivarla a la sanidad pública”, apunta la administradora. Cada paciente sale con un informe médico y en casos de riesgo se aporta la información detallada de lo ocurrido al sistema público de salud. Además, el centro dispone de una reserva de sangre.
Sánchez mantiene que las condiciones higiénicas dejaban “mucho que desear” y que “el llanto se convirtió en la única forma de liberar tensión”. “Cuando desperté tras la intervención, aún no me respondían las piernas y todavía sangraba, pero me dijeron que ya me tenía que ir. Si ingresé a las 11.00, a las dos de la tarde ya estaba en casa”, explica. Lo que más siente es haberse visto expulsada de la sanidad pública. “Es ya el primer signo de cómo te va a juzgar la gente”, apunta.
La directora del Instituto de las Mujeres explica: “Tenemos que apostar para que la IVE se normalice como una prestación sanitaria más en la sanidad pública y eso pasa por prestigiarla profesionalmente, formar al personal que las realice para tener garantía absoluta de calidad y crear circuitos únicos que permitan que haya un mayor acceso a la información como demandan las mujeres”. Destaca que no existe un registro de los profesionales de la sanidad que se acogen a la objeción de conciencia. Basta con cumplir lo que marca la ley: comunicarlo previamente a un superior. Morillas dice al respecto: “Hay que reconocer el derecho individual a ejercerla, pero es inaceptable que haya comunidades enteras que no practican IVE”.
“Si no se cumple lo que dice la ley sobre la necesidad de formación de los profesionales se genera un círculo vicioso”, señala Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que considera que hablar solo de la objeción de conciencia es quedarse corto: “No es tanto un problema ético como falta de interés de los profesionales porque históricamente es una prestación sanitaria estigmatizada. La ley dice que se debía avanzar en esta formación tanto en la carrera de Medicina como en la especialidad de Ginecología y Obstetricia, pero nunca se ha hecho. No se está valorando lo que tenemos: los centros especializados ofrecemos una atención de calidad y las unidades que están ya montadas se pueden aprovechar”.
La presidenta de ACAI se reafirma sobre la calidad de los centros concertados: “Nuestras clínicas están muy bien equipadas, cada una tiene un hospital público de referencia y estamos especialmente vigilados precisamente por ser centros concertados. Si te derivan desde la sanidad pública a otro centro para cualquier otra prestación sanitaria puedes pensar que es incómodo pero no te sientes estigmatizada. Ocurre con el aborto porque desgraciadamente lo está a nivel mundial, por eso hay que trabajar continuamente por la normalización”.
Janis Lago, de 26 años, tenía 20 cuando se quedó embarazada y tenía claro que no quería ser madre. “Fui a mi médico y le dije que quería abortar”, cuenta Lago. Tras un encuentro con una psicóloga y una revisión para confirmar el embarazo, le facilitaron un gran sobre de documentación sobre el procedimiento. Fue remitida a la clínica concertada Ginelevel en Alicante, su ciudad de residencia, centro que ha declinado hablar con este diario. Estaba embarazada de seis semanas y cumplió su tratamiento de interrupción del embarazo con pastillas en casa. “Y ahí llegó el sangrado y el dolor agónico”, recuerda. La joven considera que la mujer debería sentirse acompañada en todo momento y recibir la información necesaria. “Nuestra experiencia no puede depender del médico o centro que nos toque”, señala Lago.
Patricia necesitó muchas horas de psicólogo y llegar a conocer el resultado de la necropsia de su bebé para liberarse del sentimiento de culpa. Pero eso no ocurrió hasta bastante tiempo después del aborto, porque el informe de esa prueba que pidieron en la clínica nunca se le remitió. Fue gracias a su psiquiatra, que recurrió a médicos conocidos, que pudo recuperarlo tras permanecer meses olvidado en los archivos del Hospital Miguel Servet. Cuatro años después del día imborrable del aborto, Patricia se cruzó con la asociación Brisa Mariposa, creada por familias que como la suya debían curar el dolor de una pérdida que muchos no llegan a comprender. “Hasta que conocí la asociación, esa herida sangraba mucho”, explica esta aragonesa que ahora ayuda a otras personas a vivir su duelo y conciencia al personal sanitario de Aragón.
El ejemplo de Barcelona
Si hubiera vivido por ejemplo en Barcelona, las cosas habrían sido distintas porque en algunos de sus hospitales públicos los protocolos de atención y sensibilización para las IVE están más avanzados, especialmente en este tipo de casos. Silvia Arévalo es jefa de medicina fetal del Hospital Vall d’Hebron y pertenece desde 2010 al comité clínico de valoración de IVE en casos por encima de la semana 22: “En nuestro hospital, indistintamente del motivo por el que llegue la IVE se siguen las mismas pautas”. La mayoría de las cerca de 300 IVE anuales son por causas de malformaciones del feto o patologías de la madre, situaciones que requieren aún mayor delicadeza en el proceso. Arévalo lo detalla: “Se da a las mujeres una medicación preparatoria, se les dice qué día ingresan y mientras, si da tiempo, ya ven a una psicóloga especializada en duelo perinatal. Cuando ingresan, de entrada les ponemos epidural para que no tengan dolor, ya que un IVE por encima de las 12 o 13 semanas es como un parto. Durante el proceso, que sigue una comadrona, se va hablando a los padres de si quieren una cajita de recuerdos (un gorrito, la huella, la pinza…) y les recomendamos siempre que vean a la criatura. Aunque no todos aceptan al principio, la experiencia nos dice que el 80% de los que nos contestan no de primeras, terminan por querer despedirse. No les podemos quitar el sufrimiento de un hijo muerto, pero sí intentar que salgan en las mejores condiciones psicológicas y físicas de ese momento. A las dos semanas tienen una cita con una comadrona y una psicóloga y a los tres meses otra para cerrar el episodio, en la que se les entrega el estudio de la necropsia (salvo que los padres no quieran) y se les habla del futuro”.
Sobre la situación de los médicos, la doctora Arévalo especifica: “Si un médico está en un ambiente hostil, aunque crea en el aborto, le va a costar abanderarse como el único que hace interrupciones del embarazo. Se puede regular de muchas formas, pero no se debe dejar a los médicos, tiene que venir de arriba”. Y añade: “Es un tema muy dramático, con cada mujer te dejas un trocito de ti. A mí tampoco me gusta hacer interrupciones pero eso no quiere decir que no esté orgullosa de lo que hago y cómo se hace”.
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