Durante la emergencia sanitaria, algunos municipios y entidades sancionan a quienes no acatan las disposiciones; a nivel federal, se llama a la conciencia social y la voluntad ciudadana.
Desde que el coronavirus Covid-19 se convirtió en una amenaza real en México, las autoridades establecieron medidas para evitar la transmisión de la enfermedad. Con el transcurso de las semanas, se fueron endureciendo las medidas, que pasaron de recomendaciones a disposiciones de carácter obligatorio.
Aunque el gobierno federal enfatiza en el llamado a la conciencia social y el carácter voluntario de estas acciones, empezando por el confinamiento, la sana distancia y el uso de cubrebocas, algunos estados y municipios han anunciado sanciones administrativas o económicas para quienes no acaten las disposiciones.
En cuanto se declaró la emergencia sanitaria, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, advirtió que habría sanciones administrativas o incluso penales para quienes incumplieran con las medidas anunciadas.
Pero a nivel federal, no se ha establecido un “tabulador” de sanciones, ni siquiera de cuáles serían las faltas castigadas.
Por ejemplo, la utilización de mascarillas fue adoptada, recomendada o exigida desde los primeros días, a pesar de que en varias ocasiones Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha señalado que no existe evidencia científica que avale que el uso masivo de mascarillas evite la propagación del virus.
El funcionario federal ha reiterado que la medida más eficaz para frenar la expansión de la epidemia es “quedarse en casa”.
Actualmente, el cubrebocas ha tomado un carácter obligatorio en casi todo el país, sobre todo en el transporte público o en comercios.
Incluso, en diversas ciudades, el cubrebocas es obligatorio para quienes transitan en la calle o van en autos particulares, con sanciones o amonestaciones a quienes no cumplan.
Durante la emergencia sanitaria de #Covid19, el uso de cubrebocas en el transporte público es obligatorio.
Mira estas importantes recomendaciones para su buen uso y recuerda: #QuédateEnCasaCDMX y #SalvaVidas pic.twitter.com/7KwOzM1uvq
— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 22, 2020
Entre las disposiciones más drásticas, figura la suspensión de actividades no esenciales. El 15 de abril, López-Gatell aseguró en su conferencia diaria que las empresas no esenciales que continuaban laborando a pesar de la contingencia podrían ser investigadas por el Ministerio Público por posible delito contra la salud.
A todas las empresas que se niegan a suspender labores se les levantará un acta de inspección; la autoridad sanitaria realizará la clausura y el ministerio público les investigará por el posible delito de daño a la salud que puede costar la vida. 3/5
— Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 16, 2020
Al poner en riesgo a la comunidad, dijo entonces, esos negocios podrían enfrentar sanciones, multas, denuncias, clausuras y hasta responsabilidades penales en caso de no suspender actividades no esenciales.
Pero, hasta ahora, los estados o municipios son los que han planteado sus reglas, que incluyen arrestos por desacato, como en Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Baja California Sur, Colima, Jalisco o Nayarit, entre otros; trabajo comunitario, como en Durango y Michoacán; clausuras, como en Chiapas, Yucatán o Nuevo León; o multas económicas.
Sin embargo, entre las sanciones anunciadas la más estrictas es el castigo con cárcel para quienes atacan a personal médico, como en la Ciudad de México y Colima; o quienes, a sabiendas de estar infectados, no toman precauciones y propagan la enfermedad, lo que podría costarles en Yucatán hasta tres años de prisión.
Las multas económicas más altas han sido planteadas por Yucatán, con 86 mil 800 pesos, y Aguascalientes, con más de 800 mil presos. Y, en número de sancionados, destaca Michoacán, con más de 500 multas aplicadas.
Entre los estados que han decidido castigar con arrestos, las penas van de 36 a 72 horas. Guanajuato, desde que se anunció la medida hasta el pasado fin de semana, ha detenido a 95 personas.
Pero tal vez la mayor acción impuesta hasta ahora ha sido en la Ciudad de México, con la aprehensión de una pareja que atacó a una enfermera del IMSS.
Agentes de la @PDI_FGJCDMX cumplimentaron órdenes de aprehensión contra un hombre y una mujer, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado, en grado de tentativa, y discriminación, en agravio de una trabajadora de la salud pic.twitter.com/mBZDXhB8E2
— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 24, 2020
Los agresores enfrentan cargos por intento de homicidio y discriminación, por lo que de hallarse culpables podrían pasar años en prisión.
Tras la declaratoria de Fase 3 por parte del gobierno federal por la pandemia, este 21 de abril, la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, reiteró que no se aplicarían medidas restrictivas a nivel local.
“La ciudad tiene vocación democrática, no habrá toque de queda ni multas a las personas. Siempre apelaré a la conciencia y responsabilidad y a la voluntad de los habitantes de la ciudad y de quienes nos visitan”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.
Mensaje importante sobre el Covid-19 hoy martes 21 de abril.#QuédateEnCasa pic.twitter.com/zTclvERoml
— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 22, 2020
En un comunicado difundido el martes 28, la Secretaría de Gobernación llamó a las autoridades estatales y municipales para que no apliquen medidas que restrinjan derechos de las personas durante la pandemia, además deben asegurarse de tener competencia explícita y que dichas medidas sean proporcionales.
La dependencia aclaró en el documento que la emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías.
“Las autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, y frenar todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población. La sociedad en su conjunto debe ser corresponsable y acatar estas medidas de forma solidaria, sin vulnerar los derechos de terceros”, señaló la Segob.