“Ahora son los niños los que tienen que pagar el costo de una guerra absurda al interior de las comunidades”, refiere luego de que aparecieran niños empuñando armas en Chilapa.
En Guerrero, en cada pueblo se puede encontrar una escena de terror: desde el miércoles por la tarde, se esparció la noticia, y sobre todo las fotografías de un grupo de niños empuñando armas en Chilapa, luego de que fueran entrenados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), principalmente para combatir al grupo delincuencial de “Los Ardillos“, señalado por la fiscalía del estado como el responsable del asesinato de 10 músicos el pasado viernes.
Foto: Dassaev Téllez/ Cuartoscuro
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, lo explicó ampliamente este jueves en Aristegui En vivo: en Guerrero, hay niños que “no tienen la posibilidad de ir a la escuela; los padres y madres han estado pidiendo servicios de salud y obviamente pues están acosados ahora por grupos de la delincuencia que desde hace años han estado invadiendo estos territorios y que la gente se vio obligada a crear su sistema de seguridad y justicia comunitaria en la CRAC-PF”.
“Ante este olvido de las autoridades, ante este trato discriminatorio (contra los pueblos indígenas) ha llevado a que sean los grupos de la delincuencia los que impongan la ley del fuego y actúen de manera impune”.
“Llevamos ya varios años con este tipo de situaciones, muchos muertos, muchos asesinatos, las carreteras están controladas por grupos de las delincuencia… solamente se ha dejado que las comunidades se enfrenten… es muy grave, porque las autoridades han sido omisas y en algunas circunstancias, cómplices”, señaló.
Las comunidades en Guerrero piden caminos, médicos, maestros… “imagínate ver a los niños en una situación extrema, ante la indolencia de las autoridades, eso es muy grave y estas zonas del silencio resurgen, de manera que impactan ante la opinión pública, por tantas situaciones de ignorar a los pueblos indígenas, de estigmatizarlos, de decir que ahí son zonas del narcotráfico cuando en verdad son víctimas de estos grupos que tienen el control de ciertas regiones y que en verdad las autoridades han sido parte de este problema”.
“Esta situación la debemos de cargar a los tres niveles de gobierno“, sostuvo, por el quiebre de la legalidad, causada por un Estado que “le ha fallado a los pueblos indígenas, le ha cerrado las puertos a los niños en todos los sentidos, han asesinado a sus padres, han asesinado a un sin número de personas”, apuntó.
“Ahora son los niños los que tienen que pagar el costo de una guerra absurda al interior de las comunidades… se ha extendido el conflicto de los grupos de la delincuencia, a espacios sagrados y con actores sobre todo sagrados, los niños, los más queridos de la comunidad… han pisoteado a la niñez indígena de este municipio”, indicó.
“Esto es la cadena de la impunidad, el pacto que todavía persiste entre autoridades y crimen organizado, la consecuencia de un modelo fallido de cómo se quiere atender estos contextos de violencia… cómo en situaciones tan extremas de pobreza, donde apenas alcanza el maíz para la sobrevivencia en el año, ahí lo que abundan son las metralletas, esto ¿cómo es posible que se dé? Porque hay un pacto de impunidad, entre actores estatales armados y no armados y ahí los que mandan son los que tienen las armas, y la autoridad se ha replegado, se ha hecho cómplice, esa cadena de impunidad no se ha podido romper”, expuso.
“Los niños han querido cruzar esta frontera de la guerra para ver si con esta situación hay una acción decidida de las autoridades, para quitar la cadena de la violencia que golpea a los pueblos indígenas”, agregó.
Además, refirió que se confunde a las autodefensas con la policía comunitaria; esta última se encuentra legalizada en Guerrero.
Reconoció que los grupos de la delincuencia se han aprovechado de la figura “para poder también ellos autollamarse policía comunitaria… hay varios grupos en la región, en el estado, que funcionan más como autodefensas”.
Además, detalló cómo se ha desarrollado el fenómeno de macrocriminalidad en Guerrero, el cual ha contado con la participación de autoridades y jefes de la delincuencia. Y aseveró que la situación se ha complicado desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, además de que las instituciones mantienen un manejo clientelar de los recursos.
Por otra parte, dio un botón de muestra del terror que se vive en las comunidades guerrerenses, como el hecho de que “tienen que cerciorarse que no vaya a haber hombres en el cerro que los vayan a matar… siempre estar al acecho de que no vaya a haber una bala perdida o dirigida”.
Para Abel Barrera, la región de La Montaña, como otras en el estado, está sembrado de cruces y muertos en cualquier lugar.
“Lo único que vemos que llueve son las balas aquí en Guerrero”, enfatizó.
Y “las policías, los militares, la Guardia Nacional, saben dónde operan” (los grupos del crimen”.
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