Amal Nakhleh lleva casi 400 días encarcelado en una prisión israelí, padece una grave enfermedad autoinmune, requiere de seguimiento y tratamiento médico continuo y apenas unos meses antes de ser detenido se sometió a una agresiva cirugía para extirparle una masa cancerosa en el pulmón. Su estado de salud se debilita día a día. Si esta situación ya es desgarradora, hay que añadir que Amal era un adolescente cuando fue arrestado, y se ha convertido en el que más tiempo lleva encarcelado, sin cargos ni juicio por parte de Israel.
El pasado enero cumplió la mayoría de edad entre rejas y su situación no deja de torcerse, ya que se ha vuelto a prorrogar su estancia en el presidio hasta el próximo mes de mayo. El mayor miedo de su familia es que Amal no logre sobrevivir hasta entonces. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos como Unicef, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) piden la liberación inmediata e incondicional del reo de acuerdo con el derecho internacional y por motivos humanitarios urgentes debido a su delicado estado de salud.
El inicio de esta historia se remonta al 2 de noviembre de 2020 cuando Amal, un menor de edad palestino que vivía en el campamento de refugiados de Jalazone, en Cisjordania, fue detenido en el puesto de control militar israelí de Atara, acusado de lanzar piedras. Cuatro días más tarde se ordenó su puesta en libertad bajo fianza por la corte militar israelí, ya que no se encontró ninguna evidencia para condenarle. Sin embargo, la fiscalía apeló el fallo, argumentando que un expediente secreto sobre Amal justificaba la detención. El 10 de diciembre la petición fue rechazada y Amal fue liberado. El 21 de enero, un grupo de soldados entró en su casa a las 3.30 de la madrugada y lo arrestaron. Desde ese momento el chico pasó a estar bajo el procedimiento de detención administrativa. Ni Amal ni su familia conocen, más de un año después, los cargos que se le imputan.
Hay que retroceder al final de la Segunda Guerra Mundial, para poder entender el inicio de este procedimiento militar heredado del mandato británico, en el que el Gobierno de Reino Unido aprobó una ley que permitía al ejército israelí la detención de sospechosos sin cargos ni juicios para llevarles directamente a prisión. Una forma de detención bajo la cual, tanto adultos como menores de edad pueden pasarse meses e incluso años. “Según el derecho internacional, la detención administrativa sólo está permitida en circunstancias excepcionales y este no es el caso hoy en los Territorios Palestinos Ocupados”, subrayó Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el pasado mes de diciembre. “Israel lo utiliza sistemáticamente en el territorio palestino ocupado. Se ha convertido en un instrumento de presión y discriminación. A los palestinos y palestinas se les aplican leyes militares y, en cambio, a los colonos israelíes les aplican el sistema jurídico civil israelí. La mayor parte de los niños a los que se detienen son mayores de 14 años, pero hay casos de otros incluso más pequeños”, comenta también al respecto Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA Comité Español.
Amal Nakhleh, que tenía 17 años cuando fue detenido, en una foto tomada antes de su arresto.Cedida por UNRWA
“Sus padres solo han podido verle en dos ocasiones durante un año. Amal tiene problemas para respirar, para tragar y le cuesta hasta cerrar los ojos. Está muy deteriorado, no puede mover las extremidades ni los labios; está realmente muy mal”, cuenta por teléfono Martí. El futuro de Amal es incierto y no será hasta el próximo mes de mayo cuando tras otra vista con el juez conozca cuál va a ser su situación. “Nuestro mayor temor es que no sabemos si Amal va a durar todo este tiempo. Lo que estamos constantemente pidiendo a Israel es que no puede continuar retenido en esta situación tan sumamente grave para su salud sin cargos ni delito”, apunta.
Esta es la historia de Amal, pero en la actualidad 160 menores de edad palestinos se encuentra encarcelados bajo diferentes acusaciones en presidios militares y al menos otros tres que tenían menos de 18 años cuando fueron detenidos por primera vez, siguen bajo detención administrativa. En 2020 se superó la cifra de 360 arrestados en la Ribera Occidental ocupada, según Unicef.
Desde 1967, los niños y niñas palestinos de Cisjordania viven bajo la ley militar israelí convirtiéndose en la única infancia en el mundo que es enjuiciada sistemáticamente a través de un procedimiento militar en lugar de civil. En los últimos 20 años, unos 10.000 menores de edad palestinos han sido recluidos en el sistema de detención militar israelí. Los delitos que normalmente se les imputan es el lanzamiento de piedras o la participación en manifestaciones en contra de la ocupación, actos penados con condenas que oscilan entre los 10 y los 20 años.
Violaciones de los derechos del niño
“Los niños suelen ser detenidos por la noche, en las calles cercanas a sus casas o en los puestos de control. A menudo se les atan las manos, se les vendan los ojos y se les lleva a una sala de interrogatorios. Esto puede durar desde una hora hasta un día. En 2020, al menos 28 fueron mantenidos en régimen de aislamiento durante periodos de seis a 32 días durante su interrogatorio, según los testimonios recibidos. A continuación, son llevados ante un tribunal militar para una audiencia, en la que la mayoría de los pequeños ven a un abogado por primera vez. También la mayoría se declara culpable para reducir la duración de su detención preventiva, que puede prolongarse durante meses”. Así describe Juliette S. Touma, responsable de Comunicación y Sensibilización de la Oficina Regional de Unicef en Oriente Medio y el norte de África, el calvario por el que pasan muchos de estos chicos de manera constante.
“Torturadora”, “deshumanizante”, “humillante” y “aterradora”. Estas son algunas de las palabras con las que 470 jóvenes de toda Cisjordania que han sido detenidos durante los últimos diez años definieron la violencia física y verbal, amenazas y aislamiento que recibieron dentro de las prisiones israelíes. Según Save the Children, ocho de cada diez sufrieron palizas, agresiones verbales y cacheos desnudos, y casi nueve de cada diez no recibieron una atención médica adecuada, incluso solicitándola expresamente. El estudio también revela que al 47% se le negó el contacto con un abogado y que a más de la mitad se les amenazó con agredir a sus familias. Las normas internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) –que fue ratificada por Israel en 1991– y, en concreto, su artículo 37 son claras: la detención de niños solo debe utilizarse como medida de último recurso, por un período de tiempo breve y siempre respetando su dignidad.
Muamar, el padre de Amal, se emociona cuando pide la liberación de su hijo.Cedida por UNRWA
“Las fuerzas israelíes tienen el deber de tratarlos de acuerdo con las normas y estándares internacionales. La prioridad es ver mejoras concretas y medibles y un punto de partida crítico son las primeras 48 horas de la detención, que es cuando se producen la mayoría de las violaciones. El acceso a la asistencia jurídica en una fase temprana es fundamental”, apunta S. Touma, que cita las recomendaciones que trasladaron a Israel desde Unicef para que el trato de los pequeños palestinos privados de libertad se ajustara a las normas internacionales. La notificación de los motivos del arresto, el acceso a representación legal y los padres durante interrogatorio y por supuesto, la no utilización de la tortura, son algunas de ellas.
Crecer en medio del conflicto tiene un profundo impacto en la infancia palestina en los Territorios Ocupados de Cisjordania y Gaza. Las circunstancias afectan a su desarrollo, su bienestar psicosocial y su salud mental. Los que pasan por un arresto sufren insomnio, pesadillas, trastornos alimentarios o temblores incontrolables. “Volver al colegio les cuesta muchísimo, muchos de ellos además son estigmatizados por qué en las cárceles israelíes les presionan para que denuncien a otros amigos. Cuando uno de ellos es puesto en libertad, sus compañeros sospechan que se han podido dar sus nombres y eso hace que les den la espalda”, afirma Martí. “Todas las organizaciones que trabajamos en Palestina estamos denunciando constantemente esta situación de vulneración de los derechos humanos de los palestinos en general y de los menores en particular. Esto lleva ocurriendo desde hace muchísimos años y no hemos visto absolutamente ningún cambio”.
Una infancia entre rejas
261.000 menores de edad encarcelados. Estos son los niños y niñas en conflicto con la ley –aquellos de los que se alega, se acusa o se reconoce que han cometido un delito– en el mundo, aunque debido a los registros incompletos y los sistemas de datos administrativos no desarrollados en muchos países el número es probablemente mucho mayor. A pesar de que tienen garantizados la protección y los derechos humanos fundamentales –gracias a instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)– son a menudo retenidos en custodia policial, centros de detención, prisiones y otros entornos de vigilancia en violación de los tratados, normas y estándares internacionales.
Detrás de esta cifra hay vidas de chicos como Morris (nombre ficticio) de 13 años, prisionero en Sudán del Sur durante 16 días en una comisaría y sometido a torturas por parte de los oficiales a cargo tras haber sido acusado de un robo. Posteriormente fue absuelto por falta de pruebas. También las historias de miles de guatemaltecos que huyen de sus comunidades por la falta de oportunidades y por la violencia extrema que sufren, y que inician su camino hacia Estados Unidos. En 2020, y a pesar de la covid-19, aumentó el número de menores de edad detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. De marzo a octubre de 2020, 2.106 niños y adolescentes no acompañados fueron interceptados y devueltos a Guatemala. O los que soportan situaciones de explotación, abusos y violencia en los centros de detención de Libia.
“Los niños y niñas pueden entrar en conflicto con la ley por diversas razones. La mayoría ha cometido delitos o infracciones leves como la mendicidad o el consumo de alcohol. A menudo, los que tienen un comportamiento delictivo han sido utilizados o coaccionados por los adultos. A pesar de estas circunstancias, pueden ser ingresados en un centro de detención o en una prisión para mayores, ya sea antes o después de su juicio. Esto significa que pueden estar privados de libertad durante varios años y, en algunos casos, por períodos de tiempo indefinidos. También se les detiene simplemente por emigrar o por sufrir problemas de salud mental. Pedimos que los países tengan y apliquen una legislación específica de justicia juvenil, que tiene objetivos de reeducación y reinserción más que de sanción”, comenta Blanca Carazo, responsable de Programas y Emergencias de Unicef España.
Desde el inicio de la pandemia, más de 45.000 pequeños han sido liberados y devueltos a sus familias, o mediante una alternativa adecuada, en al menos 84 países, según Unicef. “Estos resultados y los desafíos relacionados con la liberación ofrecen la oportunidad de replantear los enfoques, liberar a más, poner fin a su detención y aprovechar estos resultados para realizar reformas más amplias de la justicia para ellos”, apunta Carazo, esperanzada.
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