Alfredo Figueroa y Gabriel Reyes Orona coincidieron en que no se deben sacrificar los objetivos y las capacidades del Estado en nombre de la austeridad.
Los recursos que se ahorren con las medidas de austeridad no conformarán una partida secreta, pero sí una discrecional y autoritaria, ya que la ley que se aprobó el pasado martes establece que el Ejecutivo federal decidirá el destino de los recursos, señalaron expertos en Mesa de Análisis.
“No puede celebrarse que en este país el Poder Legislativo, en muchos momentos, sea un adorno del Poder Ejecutivo, cuando los ahorros los va a definir con base en el Plan Nacional de Desarrollo… Esta concentración de poder debe cuestionarse”, comentó el ex consejero electoral, Alfredo Figueroa.
Aunque el experto en temas electorales coincidió que hay que contar con mecanismos de austeridad, consideró que se requiere una discusión integral.
Manifestó que los casos de “puertas giratorias” no se resuelven con una prohibición para que ex funcionarios públicos de alto nivel no trabajen durante 10 años como directivos o asesores de empresas relacionadas a dependencias en las que se desempeñaron.
“Necesitamos un conjunto de normas más amplias en esta dirección”, indicó.
Por su parte, el ex procurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, consideró lamentable que exista esta ley, porque es admitir la incapacidad para presupuestar adecuadamente.
“En la medida que tú no sabes presupuestar, necesitas imponer una medida permanente a lo largo del año para disciplinar a los que ejercen el gasto”, expuso.
Comentó que no puede considerar ahorro el incumplir contratos o bajarle el salario y las prestaciones a los funcionarios.
“La austeridad da la apariencia de que es algo bueno, de que es algo deseable; sin embargo, lo que estamos viendo lamentablemente es que hay un proceso de desmantelamiento de las instancias públicas, una degradación de la capacidad operativa de muchas instituciones… Muchos buenos elementos, buenos funcionarios están dejando el sector público por los malos salarios o porque la estructura ha venido colapsando”, señaló.
Desde su punto de vista, no puede haber nada más neoliberal que la asignación del presupuesto. “Esta partida no es secreta, es distinta completamente, es una partida arbitraria y autoritaria, que se sustenta en un elemento completamente inconstitucional”.
Explicó que la Ley de Austeridad cristaliza la posibilidad de reasignación presupuestal en el Ejecutivo y le arrebata a la Cámara de Diputados la efectiva capacidad de definir cuál es el gasto.
Además, recordó que la reasignación lleva al subejercicio, y esto “hace que se deteriore la calidad de los servicios públicos y el ejercicio de la función pública“.
Figueroa coincidió que en pro de la austeridad no puede irse en contra de los objetivos, objetos y capacidades del Estado mismo, en relación a temas primordiales, como la salud y la educación.
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Sobre las disputas que hay entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas del sector energético, Figueroa recordó que la minoría que Andrés Manuel López Obrador calificó como “rapaz” o “la mafia del poder” está inscrita en contratos con el Estado mexicano, “con intereses muy particulares, haciendo procesos que muchas veces están ligados a la corrupción o al financiamiento de campañas”.
En ese contexto, consideró que cuando un funcionario, como Manuel Bartlett, plantea someter a revisión los contratos debe ser respaldad0, “porque eso es un mecanismo de transformación y deja de ser propaganda”.
“Yo celebro que haya servidores que vayan en defensa del interés público y no del aplauso facilón”, puntualizó.
En tanto, Reyes Orona recordó que la historia de México en los litigios de las grandes empresas públicas, que son Petróleos Mexicanos y CFE, ha sido desastrosa.
“Lo que no quisiera ver dentro de dos años es que México termina pagando millones de dólares porque el planteamiento no fue serio”, señaló.
Figueroa añadió que el problema de muchos empresarios mexicanos es que necesitan tener una relación clara con el gobierno.
Para Reyes Orona todo lo que fue firmado cuando Enrique Ochoa estuvo al frente de la CFE es revisable.
Si bien dijo que lo empresarios tienen razón en exigir certeza jurídica para las inversiones, criticó a los que buscan mesas para negociar desde campañas mediáticas, porque eso regresa al país a 1937, “cuando Lázaro Cárdenas sentó a los señores petroleros a negociar los contratos”.
Alfredo Figueroa dijo que llama su atención que el equipo de asesores del presidente López Obrador esté formado por los empresarios que “inventaron” a Enrique Peña Nieto.
“Yo no pretendo que haya una persecución o una cacería de brujas en el país que no tenga elementos, pero sí me parece muy importante que no hay discrecionalidad a quiénes se vuelven adversarios y quienes tienen el perdón”, agregó.
