No se han concretado avances en temas centrales, como la aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, apunta la organización.
Aunque en sus primeros 100 días de administración, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tomó algunas decisiones que tienden a mejorar la situación de los derechos humanos en México, aún falta poner en práctica acciones contundentes que muestren su compromiso de cambio, indicó Amnistía Internacional.
A finales de noviembre, AI entregó una carta abierta al presidente López Obrador, con recomendaciones puntuales que podían aplicarse en los primeros 100 días de su mandato para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Al cierre de la campaña denominada “100 días por México”, este organismo envió una nueva carta al gobierno mexicano que incluye los avances y las acciones que aún no ha concretado.
“El discurso y los hechos, que caracterizaron los primeros tres meses de gestión del nuevo gobierno en materia de derechos humanos, se enmarcan en una serie de claroscuros. Amnistía Internacional reconoce la disposición de la actual administración para aceptar, en algunos casos, la responsabilidad del Estado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, así como las disculpas públicas presentadas a las víctimas”, declaró Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Sin embargo, lamentamos que no se hayan concretado avances en temas centrales, como la aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, para conocer de casos ocurridos en México o la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que ayudaría a proteger a las personas defensoras del medio ambiente”, precisó Tania Reneaum.
En relación con la creación de una Guardia Nacional, refirió que será esencial que el presidente y su gobierno garanticen el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el que dicha Guardia cuente con un mando civil y que sea fiscalizada de forma constante por un organismo también civil, independiente y técnicamente capaz. “El gobierno de México debe tomar esta reforma constitucional como punto de partida para establecer un plan de retiro ordenado de las fuerzas militares de las labores de seguridad pública”, sugirió.
“Ciertamente ha habido otros pasos positivos en la búsqueda de la verdad y la justicia, como en el caso de Ayotzinapa, con la creación de la respectiva Comisión Investigadora que empezó a trabajar el 15 de enero, así como el compromiso expresado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejando Encinas, de contar con un programa para la búsqueda de personas desaparecidas, a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda”, anotó.
“En 100 días, se vieron pequeños cambios y en general buenas intenciones, pero México necesita y merece más para realmente transformar la situación de los derechos humanos en el país”, concluyó Tania Reneaum.