Académica e integrante del CCEDS indicó que la autoridad pretende “dejar sin efecto la prohibición y argumenta que es por motivos de higiene e inocuidad por el tema de la pandemia”
Por Estrella Pedroza
En Morelos, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) pretende exentar a los establecimientos comerciales de la obligación de sustituir el usos de bolsas de plástico y derivados del petróleo de un solo uso “por cuestiones de higiene”.
Además, busca eximir a dueños de plantas -de transferencia de residuos sólidos, tratadoras de lodo y de tratamiento de agua- de que cumplan con la Manifestación de Impacto Ambiental para su funcionamiento, denunciaron integrantes del Consejo Consultivo Estatal de Desarrollo Sustentable (CCEDS).
Y explicaron que con esas maniobras “se dará marcha atrás a las recientes reformas publicadas por decreto en la Ley de Residuos y Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente; además se violentan diversos derechos humanos”.
La reformas más recientes, publicadas por decreto el pasado 17 de enero en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, establece, entre otras cosas, la prohibición de uso de plásticos y derivados del petróleo de un solo uso en establecimientos mercantiles de mayoreo, supermercado, tiendas departamentales, de autoservicio, de conveniencia, restaurantes y farmacias. Por lo que están obligados a implementar un plan de sustitución de plástico en un plazo no mayor a 12 meses.
Quedó pendiente la publicación el reglamento de la Ley de Residuos que -presentado por las autoridades- entró en un periodo de revisión.
Larisa de Orbe González, académica e integrante del CCEDS, indicó que la autoridad pretende “dejar sin efecto la prohibición y argumenta que es por motivos de higiene e inocuidad por el tema de la pandemia”.
Sin embargo, de acuerdo con lo documentado por CCEDS y con diversos artículos académicos, el plástico es una de las superficies que permite más tiempo de vida el virus SARS-CoV-2 (causante de Covid-19), debido a que puede permanecer hasta por tres días.
Orbe González, explicó que “al dejarlo abierto de esa manera da marcha atrás a las reformas y con ello se presenta un retroceso”.
Respecto a las violaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, detalló que la SDS busca “exentar de evaluación de Impacto Ambiental a varias instituciones de manejo de residuos”.
Es decir, permite el funcionamiento sin presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a los dueños de plantas de transferencia de residuos sólidos, plantas tratadoras de lodos que provienen de aguas residuales y de plantas de tratamiento de agua.
La ambientalista detalló que dicha Ley destaca que todas la actividades que no estén contempladas a la federación tiene que presentar una valoración de impacto ambiental a nivel estatal.