Luego de que Aristegui Noticias diera a conocer las recomendaciones de Naciones Unidas en torno a la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz, el caso vive un nuevo capítulo.
La semana pasada se escribió un nuevo capítulo del intrincado caso Wallace, luego de que se diera a conocer un documento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que recomienda al Estado mexicano la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz, procesada por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005.
El documento forma parte de una carta enviada por este grupo de las Naciones Unidas a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, titular de la unidad contra la tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
El Grupo de Trabajo detalla las conclusiones a las que llegó, tras el examen del caso de Brenda Quevedo. Determinó que su detención fue arbitraria y contraria a los derechos humanos, por lo que considera que “el remedio adecuado sería la liberación inmediata de la Sra. Quevedo Cruz y otorgarle el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional”.
Insta al gobierno mexicano a garantizar una investigación completa e independiente de las circunstancias que rodearon la detención arbitraria de Quevedo, incluidas las denuncias de tortura, así como “a tomar las medidas adecuadas contra los responsables de la violación de sus derechos”.
Brenda, quien actualmente tiene 40 años, fue detenida en 2007 en Estados Unidos y extraditada a México dos años después para ser procesada, sin que hasta el momento haya sido sentenciada.
En estos trece años ha sufrido torturas y numerosos abusos en varias cárceles por las que ha pasado, desde Santiaguito en Almoloya de Juárez, a las Islas Marías y el penal de Tepic, Nayarit. Desde 2005 se encuentra en un penal de Morelos, en espera de que se resuelva su situación jurídica.
El caso comenzó el 11 de julio de 2005 -dos años antes de la detención de Quevedo- cuando desapareció Hugo Alberto Miranda de Wallace, presuntamente secuestrado por seis personas, entre las que se encuentra Brenda.
De acuerdo con la antigua Procuraduría General de la República (PGR), en los hechos también participaron Juana Hilda González, César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin, Tony Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz.
Según esta versión, Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado por estas personas, quienes supuestamente pidieron un rescate de 950 mil dólares.
Los nombres y fotografías de los implicados fueron dados a conocer por la señora Isabel Miranda de Wallace -madre de Hugo-, en diversos anuncios espectaculares colocados en las principales vialidades de la Ciudad de México. Miranda es propietaria de la empresa de espectaculares Show Case.
La estrategia atrajo la atención de los medios de comunicación, que dieron amplia difusión al caso, al tratarse de una madre en la búsqueda de su hijo, con todos los medios a su alcance.
No obstante, varios de los detenidos han acusado que sus confesiones fueron arrancadas mediante la tortura. También, diversas investigaciones periodísticas han puesto en duda la versión impulsada por Miranda y la PGR.
Es el caso del periodista Ricardo Raphael, quien durante una entrevista este viernes con Aristegui en Vivo, aseguró que el caso representa una de las mayores fabricaciones de la justicia mexicana, donde más de 60 personas han sido involucradas injustamente, con la complicidad de las autoridades.
El jueves, Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo, narró a la periodista Carmen Aristegui varias irregularidades en el procesamiento del caso y pidió que el Estado mexicano atienda las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
Cruz confía en que el actual gobierno tome nota de las peticiones del grupo: “Estamos muy contentos de verdad, esperamos que también tomen una buena decisión, puesto que en este documento finalmente se está indicando que se libere a Brenda de inmediato, así como su resarcimiento por todo lo que ha padecido”.
Pide que se tomen en cuenta las pruebas que contradicen la versión oficial, como la declaración de Carlos León, quien admitió ser el padre de Hugo Alberto Wallace Miranda. Esto, debido a que una de las evidencias del caso fue una gota de sangre localizada en el baño de la casa de Perugino -donde presuntamente asesinaron a Wallace-, localizada siete meses después de su desaparición.
Esta muestra de sangre, que supuestamente pertenecía a Hugo Alberto, coincidió con el ADN de Enrique Wallace, esposo de Isabel Miranda y quien, de acuerdo con un acta de nacimiento aparecida en 2014, no era su padre biológico.
Enriqueta Cruz dijo que incluso Jacobo Tagle Dobin mencionó que Hugo Alberto le había confesado que Enrique Wallace no era realmente su padre.
Será este sábado cuando doña Enriqueta le informe a Brenda de la existencia del documento.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU y dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob) a cargo de Olga Sánchez Cordero se hará cargo de gestionar el tema.
Durante su conferencia matutina aseguró que el gobierno cumple todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de los organismos internacionales, por lo que la Segob, “que ahora es una secretaría para la protección de los derechos humanos” se va encargar del asunto.
“El Estado mexicano tiene que reparar los daños y tiene que cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales. Estamos inscritos en todos los organismos que tienen que ver con la defensa de derechos humanos. Se abrió el país para que estos organismos puedan observar el comportamiento del gobierno de México en esta materia y en todo”, puntualizó.
Por su parte, la señora Isabel Miranda de Wallace, quien fuera candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura de gobierno capitalina en 2012, emitió un comunicado en el que señaló que las opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU no son de obligado cumplimiento para el Estado mexicano.
“Es importante que todas las personas y los medios de comunicación se enteren que esta opinión no es vinculante; es decir, no es obligatoria para el Estado ni para el Sistema Judicial, ya que como su nombre lo indica se trata únicamente de una opinión, la cual no puede ir en contra de nuestra Ley Suprema que es la Constitución”, sostuvo Miranda.
Según Wallace, “la opinión emitida únicamente considera lo dicho por la procesada Brenda Quevedo Cruz y su defensa, lo que la convierte en una opinión sesgada y unilateral; es decir, no se toman en cuenta todos los argumentos presentados por el Estado Mexicano para desvirtuar lo dicho por la procesada”.
Agregó que para ella y su familia el secuestro de Hugo Alberto “ha sido una pesadilla, no únicamente por el hecho de que mi hijo perdió la libertad y la vida en el secuestro del cual fue objeto; aunado a la indignación que nos causa el hecho de que los perpetradores del secuestro se victimicen y cuenten con ayuda de gente sin escrúpulos y que obviamente desconocen el caudal probatorio que prueba la culpabilidad de Brenda Quevedo Cruz y la organización criminal a la que pertenece”.
También te puede interesar:
Naciones Unidas pide liberar a Brenda Quevedo, detenida por caso Wallace
Que el Estado libere a Brenda Quevedo como dice la ONU, pide su madre
Segob cumplirá con recomendación de la ONU en el caso de Brenda Quevedo: AMLO
Opinión de ONU para liberar a Brenda Quevedo no es obligatoria para el Estado: Miranda de Wallace
Caso Wallace, una de las mayores fabricaciones de la justicia; Calderón permitió burlar la ley e instituciones: Ricardo Raphael | Video