El impacto en las familias es a largo plazo y debe ser tomado en cuenta por las autoridades para atender el enfoque psicosocial del problema.
Por Karina Cancino
El 10 de septiembre de 2018, Janeth “N” recogió en la fiscalía estatal, el cadáver de su hermano Alejandro “N” encontrado en una fosa clandestina el 9 de febrero de 2018, en predios de El Testerazo, municipio de Xalisco; el 8 de septiembre del 2017, hombres armados con uniformes militares y policiales entraron de madrugada a la casa materna de ambos y se llevaron al hombre por la fuerza.
A Janeth le entregaron el cuerpo de Alejandro sucio, con fluidos, tierra y zacate, le dijeron que si lo limpiaban se borraría toda evidencia.
El problema de la desaparición forzada es considerada una forma de tortura para las familias que lo padecen y son métodos para imponer terror con el fin de mantener a células criminales establecidas en ciertos territorios; la desaparición y la violencia generan procesos dañinos de descomposición social y su impacto no solo es inmediato sino también a largo plazo y debe ser tomado en cuenta por las autoridades para atender el enfoque psicosocial del problema.
“Yo siempre le recé a Dios, que de una forma o de otra me lo entregara, me siento bendecida la verdad, porque veo compañeras que tienen más de dos años buscando a su hijo, su hermano, esposos, y me pongo en su lugar, de vivir la angustia de estar pensando si viven o si ya los mataron. Estoy muy agradecida con Dios por darme la oportunidad y darme la dicha de haber encontrado a mi hermano y darle cristiana sepultura”, dijo Janeth.
Su caso es uno de los 77 denunciados formalmente ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit como desaparición forzada; de este tipo de delito solo 31 personas han sido localizadas, según la institución.
Janeth narró que se enfrentó a una serie de trámites burocráticos para recuperar a su hermano: desde oficios con errores en los números de carpeta; la falta de interacción con las autoridades para conocer avances de las investigaciones, hasta la negativa de un apoyo para el funeral, del que luego de un año ya debe más de 15 mil pesos por no poder pagar los intereses del servicio, a pesar de que preventivamente Alejandro, antes de ser asesinado, ya había pagado por un cajón y otros beneficios.
“Fueron siete meses dolorosos y desde que lo encontramos fue un peregrinar porque aunque habían todos los ind
icios que era mi hermano, ya que traía una placa en su brazo izquierdo, por la falta de la prueba de ADN no me lo entregaban, (…) y de echo me enteré que era mi hermano por terceras personas, porque se fuga la información y se lo di a conocer al fiscal (estatal) y a la (entonces) Comisionada de Búsqueda Nacional, Patricia Mayorga, que no debería tratarse así la información” afirmó la entrevistada.
Las buscadoras se han hecho expertas empíricamente en temas forenses, legales y todos los necesarios para sobrellevar las pérdidas y los hallazgos, incluso, han sido sus propias “coach de vida” para elaborar reflexiones que les ayuden con la carga psicológica de la situación y contexto que enfrentan.
“De primero sí era ir a ciegas porque no sabíamos cómo buscar, cómo identificar una posible fosa, te vas preparando psicológicamente porque después de tanto tiempo es muy difícil que vayas a encontrar a tu familiar con vida y a los que hemos encontrado nos han dicho que los mataron luego, luego. Te vas haciendo fuerte y haciendo la idea para encontrarte lo peor para que si no es así, recibirlo con más alegría, te mentalizas”, explicó Janeth.
Sobre las implicaciones psicológicas de la desaparición forzada de algún miembro en las familias, el psicólogo Omar Sánchez Medina, de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) refirió que los hallazgos de restos mortales son vistos como “bendiciones” por algunas familias, debido a que representa el cierre o conclusión de la incertidumbre.
“Por su propia naturaleza ambigua, la incertidumbre es uno de los sentimientos que genera mayor incomodidad en el ser humano, las personas podemos operar en la realidad a partir de un sentimiento de percepción de control, y cuando este se pierde recurrimos a elementos emocionales mucho más primitivos como la angustia, el miedo, la rabia o la depresión; entonces, cuando hay un hallazgo, por más terrible que sea, desaparece la incertidumbre y comienza el proceso de cierre del duelo”, asentó el académico.
Norma, otras de las mujeres en búsqueda, recibió el cuerpo de su hermano en enero de 2018 pero no le entregaron la cabeza y en el acta de defunción se afirma que se desconoce la causa de la muerte. El hombre fue sacado de su domicilio el 17 de junio de 2017, por personas armadas; esto dejó como consecuencia el que la esposa de este agravara su condición de salud por la diabetes que padecía, y distintos trastornos en el resto de sus familiares, como la falta de sueño, tensión, depresión y otros que aparentemente aminoraron con el hallazgo de los restos, pero que la lucha por encontrar la pieza faltante, mantiene latentes.
Respecto a los delitos de desaparición forzada y la cometida por particulares, el psicólogo Sánchez Medina explicó que son los que más afectan a las familias y a la sociedad “porque no hay elementos certeros para elaborar los procesos de duelo, es decir, siempre queda un dejo de esperanza que termina por convertirse en un proceso emocional inacabado”.
Recientemente la Fiscalía General del estado dio a conocer que siguen sin ser localizadas al menos 704 personas, aunque los colectivos de buscadores señalan que son más de 1 mil 200 desaparecidos.
Buscadores del Colectivo En Búsqueda de la Verdad y Justicia para los Nuestros han recibido los restos de 5 personas identificadas por ADN, y al menos 6 personas han logrado reconocer prendas de sus familiares entre los vestigios de las fosas, pero esperan que las autoridades corroboren estos indicios.
El Colectivo Por Nuestros Corazones ha recibido los restos de 3 personas, mientras que el Colectivo Familias Unidas por Nayarit ha recuperado a 16 y la asociación Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros solamente 1 cadáver.
“Curiosamente de los colectivos en Nayarit, ninguno de los desaparecidos han sido rescatado con vida, no sé a quién le entregaron a alguien así; queremos transparencia en esta información” declaró Rosa María Jara vocera del Colectivo Por Nuestros Corazones.
Las consecuencias de las desapariciones repercuten en diversos niveles de la sociedad, no solo en las familias afectadas, ya que se observan modificaciones de las prácticas cotidianas tendientes a establecer medidas de seguridad o evitar posibles situaciones de riesgo que hace unos años no existían en la colectividad, subrayó Omar Sánchez.
“Hay una serie de repercusiones emocionales conscientes adoptadas como estrategia para afrontar al entorno sumamente cambiante en cuestiones de seguridad; pero existen otras que todavía no logramos vislumbrar y son aquellas que no pasan por la conciencia, es decir, los procesos de interiorización inconsciente; creo que todavía no alcanzamos siquiera a vislumbrar las consecuencias en términos de construcción social que esto puede tener” mencionó.
Al mismo tiempo el especialista advirtió que si no existen políticas públicas sobre la prevención de este delito y las repercusiones del mismo, a partir de los enfoques sociológico y psicológico, podría existir un aumento de casos de violencia en distintos ámbitos de la sociedad.
“Creo que el problema de la violencia en México tiene que ser atendido en su multifactoriedad, en ciertas áreas hay un avance en este sentido pero sigue siendo un problema ajeno hasta que lo sufrimos en carne propia; se debe reforzar la idea de que los mexicanos tenemos que asumir que la sociedad somos nosotros y que lo que está pasando en el país nos afecta aunque parezca que no; sería muy conveniente que las universidades participaran en la construcción de las políticas públicas para contrarrestar la violencia, pero también que alberguen los observatorios de desaparecidos, tenemos que aprovechar que hoy por hoy, y a pesar de los múltiples escándalos, que la Universidad sigue siendo uno de los espacios sociales con mayor credibilidad”, declaró.
Finalmente, Omar Sánchez apuntó que a pesar de que existe un protocolo de atención a víctimas, estas mismas han generado sus propios sistemas de cuidado debido a la desconfianza en las autoridades; precisó que es necesario que el Estado facilite atención psicológica de calidad a las familias víctimas indirectas de desaparición y genere un plan de atención en el mismo sentido, para la sociedad.
“Hay un protocolo que se desprende de la Ley General de Atención a Víctimas que los atiende de manera integral, sin embargo, y a pesar de que ya es una Norma Oficial Mexicana, la aplicación ha sido muy heterogénea a lo largo del país y en muchos estados son las familias las que han hecho un enorme esfuerzo por estructurar incipientes metodologías paralelas al trabajo de las autoridades por la evidente desconfianza que existe hacia los cuerpos de seguridad y en general hacia todo el sistema de justicia”, concluyó.