La organización ecologista Greenpeace anunció este jueves que denunciará a la Comisión Europea ante la justicia comunitaria por clasificar como sostenibles ciertas inversiones en energía nuclear y gas, al considerar que violan las obligaciones de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de París.
La decisión de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) responde a que la Comisión ha rechazado formalmente una solicitud tramitada por Greenpeace el pasado septiembre “para abandonar el lavado verde del gas fósil y la energía nuclear”, indicó la organización en un comunicado.
La denuncia de la ONG se suma a las que han anunciado también Austria y Luxemburgo, que rechazan con firmeza que el gas fósil y la energía atómica se sitúen a un nivel equivalente a las fuentes de generación renovable en las reglas de la llamada “taxonomía financiera verde”.
Se trata de un conjunto de clasificaciones sin aplicación práctica inmediata que pretenden orientar las futuras inversiones financieras en la transición ecológica, que en este caso afectan a la energía pero que también se irán desplegando en sectores como el forestal, el transporte o la agricultura.
Tras años de deliberaciones internas, la Comisión Europea, que se define como “tecnológicamente neutral”, presentó en febrero de 2022 un “acto delegado” en el que consideraba ciertas inversiones en energía nuclear y centrales eléctricas de gas como sostenibles en una clasificación que pretende orientar las futuras inversiones.
Alemania presionó en favor del gas y Francia por la nuclear en el debate sobre esas reglas elaboradas por la Comisión Europea y aprobadas por el Consejo de la UE y por la Eurocámara.
En concreto, la clasificación valida como “sostenibles” las centrales nucleares con permiso de construcción antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio-hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.
Greenpeace, en cambio, considera que las energías fósiles no pueden considerarse “transitorias”, como las describe la taxonomía, porque esas infraestructuras “podrían permanecer en funcionamiento más allá de la fecha límite de la UE de 2050 para lograr la transición energética“, lo que contraviene la Ley del Clima de la UE.
Respecto a la energía nuclear, la ONG argumenta que incumple el principio de “no causar daños significativos” en que se basa el reglamento, pues “las emisiones del ciclo de vida de la energía nuclear, la extracción de uranio, el alto uso de agua, la descarga de agua caliente y la generación a gran escala de desechos radiactivos violan este principio”.
Critica también que la nuclear quite espacio a las inversiones en fuentes renovables y que la larga ejecución de las plantas lleve a retrasar la eliminación de las plantas eléctricas de carbón.
Señala también que la energía atómica se ve “muy afectada por los fenómenos climáticos adversos, como las olas de calor y las sequías” y pueden ser “objeto de un ataque terrorista o militar”.
El debate sobre el papel de la energía nuclear en la transición energética no se limita a la taxonomía y encuentra también fricciones en la definición que debe darse al “hidrógeno verde”.
Francia quiere que se considere “verde” el hidrógeno producido a partir de electricidad de origen atómico (el llamado hidrógeno rosa), mientras que Alemania o España consideran que debe de tratarse como “verde” sólo el que se genere con fuentes renovables.
Actualmente, la negociación final entre el Parlamento Europeo y el Consejo (los países) de la UE sobre la Directiva de Energías Renovables se encuentra paralizada a la espera de que la Comisión Europea presente una definición sobre el hidrógeno verde.
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