Este lunes arrancó el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori y otros exfuncionarios por la realización de “esterilizaciones forzadas” a 270 mil mujeres pobres, lo que constituye un caso contra los derechos humanos, por lo que el proceso judicial podría dilatarse meses y sentar jurisprudencia.
En el proceso, Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos contra mujeres esterilizadas entre 1996 y 2000. Se estima que unas 270 mil peruanas, la mayoría indígenas con pocos recursos, fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas de Falopio, como parte del programa Nacional de Salud reproductiva que Fujimori llevó a cabo en sus últimos años en el poder.
El fiscal afirmó en este arranque de juicio con audiencia virtual que los inculpados jugaron con las vidas y la salud reproductiva de estas mujeres sin importarles el daño. La acusación de la Fiscalía establece que esa fue una política del gobierno y que se hicieron sin la autorización de las víctimas o con una autorización conseguida con engaños, sin informarles adecuadamente.
Fujimori, quien cumple 25 años de condena por violaciones de derechos humanos, no participó en la audiencia ya que sólo está obligado a comparecer por casos incluidos en el proceso de extradición desde Chile en septiembre de 2007. Además de las eventuales condenas a los funcionarios inculpados entre los que hay tres exministros de Salud, las damnificadas podrían ser indeminazadas por el Estado. Ahora bien, la justicia no será inmediata y el proceso se presenta largo y podría dilatarse varios meses.
Además de Fujimori, también son juzgados los exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, junto con el exdirector de Salud Ulises Aguilar. El fiscal Espinosa subrayó que todos hicieron mucho daño con su política al “jugar con las vidas y la salud reproductiva de las personas”.
“Estas señoras han luchado mucho durante años”, dice Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, una asociación que reagrupa a 2 mil mujeres a las que les ligaron las trompas sin su consentimiento.
“Durante estos años han tenido entrevistas con casi todos los ministros de Justicia, de Salud, de la Mujer para exigir justicia, verdad y reparación. Y es muy poco lo que han logrado. Es una situación bastante dura que las lleva a sentir mucha depresión”.
El expediente revisado ayer deberá sentar jurisprudencia, tiene mil 307 casos de mujeres, dice Mogollón.
“Pero detrás de este expediente hay dos más ya avanzando en Fiscalía, como es un crimen de lesa humanidad, el caso reúne todas las condiciones para seguir avanzando en la búsqueda de justicia”.
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