El 1 de octubre entró en vigor la nueva Constitución Política del Estado de Nuevo León impulsada por el gobernador emecista Samuel García.
Aunque no logró un apoyo unánime, ya que dos legisladoras, Jessica Martínez, de Morena, y Anylú Hernández, de la Bancada 4T, votaron en contra, García consiguió 38 legisladores a favor, cifra superior a los 28 que necesitaba.
Además, llega con el respaldo de las mayorías del PAN y PRI, con las que se había enfrentado meses antes.
En un mensaje en redes sociales, el gobernador describió el día como “histórico”.
García aseguró que la Constitución será “más federalista, más progresista, más verde”, debido a que cuenta con cuatro apartados dedicados a los Derechos Humanos, la División de Poderes, Órganos Constitucionalmente Autónomos y por último, zonas metropolitanas, coordinación metropolitana y municipios.
Además, quedó fuera una de las grandes controversias que acompañaron al proceso para lograr la nueva Constitución: lo relacionado al derecho al aborto legal y seguro.
En agosto pasado, Samuel García fue criticado luego de que exhortó al Congreso local incluir la “protección de la vida humana desde su concepción” en el proyecto de reforma a la Constitución estatal.
Sin embargo, dicho párrafo no fue incluido por ser considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el término va en contra del derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
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