De acuerdo con el jurista, para luchar contra este problema debe haber una red de servicios públicos, articulación de gobiernos y políticas públicas.
La entrega de dinero a través de los programas sociales promovidos por el Gobierno Federal no es la solución a la violencia en México, sino sólo parte de un proceso en el cual se debe involucrar a las instituciones, afirmó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío.
En entrevista para Aristegui En Vivo, observó que desafortunadamente la violencia crece, en medio de los acuerdos mafiosos que existen entre las autoridades políticas, administrativas y ciudadanía.
Si bien consideró que los programas sociales impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en su mayoría consisten en la entrega de dinero, podrían ser el inicio del proceso para combatir la violencia, no cree que sean la solución.
“Se requieren instituciones, no es un problema de dar dinero solamente a las personas, y con ese dinero consuman o se salgan, sino que tiene que ir acompañado de una red de servicios públicos, articulación de gobiernos, políticas públicas“, abundó.
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El ministro en retiro indicó que “no podemos denostar todo el servicio público como burocrático, corrupto e insensible”, por que de ahí “hay muchas palancas, que sin ese trabajo del Estado, capacitado, reconocido, no vamos a poder salir adelante”.
Ganar tiempo, objetivo del memorándum sobre Reforma Educativa de AMLO
Respecto al memorándum que emitió López Obrador para dejar sin efecto la Reforma Educativa, el jurista observó que “el presidente se entrampó en una negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)“.
“Por un lado prometió que iba a sacar a una reforma y cuando la presentan y empiezan a procesarla, la CNTE no la acepta. Entonces es reforma con la CNTE o reforma sin la CNTE o mantenemos el conflicto. Desde ese punto de vista, el presidente lo que quiso fue ganar tiempo” para seguir negociando, anotó.
Por otra parte, observó que jurídicamente tiene un problema, porque “en un Estado moderno se dice que todo acto debe estar fundado y motivado, y ser emitido por una autoridad competente”.
En ese sentido, comentó que cuando el presidente da a conocer este memorándum “no nos dice con base en qué lo está emitiendo jurídicamente”.
El segundo problema, apuntó, es que en el memorándum ordena a tres funcionarios (los titulares de Gobernación, Educación Pública y Hacienda) “dejar sin efecto todas las medidas en las que se hayan traducido la aplicación de la mal llamada Reforma Educativa”.
“Eso pasa por la reforma constitucional, la reforma legal, los reglamentos, los acuerdos, la circular, o sea, lo que está diciendo es que todas las dependencias de la Administración Pública Federal no aplican en esta reforma. Eso es muy fuerte. Yo creo ese es el corazón del problema que se ha generado”, anotó.
Asimismo, recordó que el mandatario federal ordenó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se haga cargo de la nómina de los maestros y garantice que los egresados de las normales tengan un espacio en el sistema educativo.
“Hay unas órdenes específicas diciendo ‘ustedes van a hacer todo esto’, y como no hay fundamentación y argumentación, me parece que se generó esta crisis”, subrayó.
Cossío explicó que en caso de que los funcionarios mencionados en el memorándum desapliquen las leyes vigentes de la reforma educativa, podrían incurrir en faltas administrativas.
“El memorándum del presidente no tiene una validez jurídica porque no fue construido de manera fundada y motivada, entonces la persona sí se puede meter en un problema“, advirtió.
A continuación la entrevista completa: