La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, perderá este jueves su inmunidad como diputada, el primer paso para ser investigada por el Tribunal Supremo por varios presuntos delitos de corrupción. El suplicatorio —el permiso que ha de conceder la Cámara para que los jueces puedan actuar contra un parlamentario—, debatido a puerta cerrada, saldrá adelante con el voto de PSOE, PP, Vox y Cs. ERC y la CUP han optado por no participar, explican fuentes de ambas formaciones. Junts espera que el PNV vote en contra, como lo hizo en la Comisión del Estatuto del Diputado que elaboró el dictamen previo.
El independentismo fracasó en su intento de unificar criterios ante el suplicatorio, que Borràs y su entorno califican de persecución política. ERC y los anticapitalistas creen que el Supremo “no es justo” pero defienden que al independentismo no le conviene que entre sus filas haya alguna posibilidad de mancha sobre la rectitud en la gestión pública.
El Parlament aprobó la semana pasada que Borràs comparezca, por segunda vez, para dar su versión. Los republicanos siempre habían insistido en la necesidad de que se “aclaren las sombras de duda”. Aunque Junts había propuesto a los otros dos partidos no participar, a última hora Borràs subió la exigencia y pidió que se votara que no. La situación de la diputada, muy cercana al president Quim Torra y posible candidata a la presidencia de la Generalitat, también tensa las relaciones de los socios de Govern.
Borràs, que dirigió la Institució de les Lletras Catalanas, dependiente de la Generalitat, entre 2016 y 2018, troceó presuntamente un contrato para no tener que hacer concurso y otorgárselo así a dedo a un amigo. Se le acusa de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental. La Sindicatura de Cuentas ha certificado algunas irregularidades y la causa incluye correos electrónicos en los que el beneficiario del contrato admite los trapicheos.
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