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“Es un derecho”; Alejandro Encinas celebra despenalización del aborto en menores de edad

"Es un derecho"; Alejandro Encinas celebra despenalización del aborto en menores de edad

Como “un derecho” calificó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CJN) de despenalizar la interrupción del embarazo a menores de edad, sin el permiso de sus padres o tutores.

Ésta no es la primera vez en la que el subsecretario se pronuncia a favor de la interrupción legal del embarazo; en 2021, cuando la Corte resolvió por unanimidad la inconstitucional de criminalizar el aborto, también celebró la noticia.

“Las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia en el país, no podrán procesar a ninguna persona que aborte en los supuestos que ha considerado válidos el tribunal constitucional, lo que impactará positivamente en las poblaciones más vulnerables, sobre todo en aquellas que se enfrentan a violencia sexual y condiciones de precariedad, desigualdad y marginación”, comentó Encinas en una publicación de un blog suyo en internet.

Ahora, a través de su cuenta de Twitter, Alejandro Encinas reconoció que despenalizar el aborto en mujeres menores de edad marca un hito para que las niñas y adolescentes hagan valer sus derechos.

La decisión de la @SCJN es un paso importante para garantizar el derecho de las niñas y adolescentes.

La maternidad es un derecho, no una obligación.

— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) May 24, 2022

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este martes la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) que instituye la obligatoriedad de que, en casos de violación, todos los hospitales públicos garanticen el acceso al aborto a menores de edad de 12 a 17 años, aún si no interpusieron una denuncia penal o no cuentan con el permiso de sus padres o tutores.

Con mayoría de nueve votos, las ministras y ministros de la Corte desecharon dos controversias constitucionales interpuestas por los congresos de Aguascalientes y Baja California, que argumentaban que las modificaciones a las normas en material de salud se realizaron sin respetar sus competencias locales.




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