Madrid.- Las autoridades españolas revelaron el lunes que los celulares del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron infectados el año pasado con el software espía Pegasus, que solo está disponible para agencias gubernamentales, en una operación no autorizada.
El caso se conoce en plena tormenta política en España por el espionaje al que supuestamente fueron sometidos dirigentes independentistas catalanes y vascos por parte del Estado, también con Pegasus.
Al teléfono de Sánchez se accedió en dos ocasiones en mayo de 2021, mientras que el de Robles en una al mes siguiente, dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una conferencia de prensa convocada con poca antelación.
En estas infiltraciones se obtuvieron una cantidad significativa de datos, agregó Bolaños, apuntando que los reportes con los detalles del hackeo se trasladaron a la Audiencia Nacional para su investigación.
“No nos cabe duda de que es una intervención ilícita”, afirmó el ministro. “Es ajena a los organismos estatales y no cuenta con autorización judicial”.
El gobierno de España está bajo presión para explicar el motivo por el que se infectaron con Pegasus los celulares de docenas de personas vinculadas al movimiento separatistas en la región noroccidental de Cataluña entre 2017 y 2020, según Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad afiliado a la Universidad de Toronto.
Las revelaciones afectan a al menos 65 personas, incluyendo funcionarios electos, abogados y activistas, con quienes se utilizó el software de dos empresas israelíes, Candiru y NSO Group, la desarrolladora del programa Pegasus.
El software espía se infiltra en celulares o dispositivos electrónicos para recopilar datos y espiar potencialmente a sus propietarios.
El gobierno regional de Cataluña acusó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español de espiar a los independentistas, y dejó “en suspenso” su relación con las autoridades centrales hasta que se ofrezcan más explicaciones y los responsables sean sancionados.
Lo hizo la fiscal general del estado de Florida.
El conservador Partido Popular estaba al frente del gobierno en 2017, cuando los secesionistas catalanes declararon la independencia tras un referéndum no autorizado, aunque no tomaron más medidas para ejecutar esa declaración. El PP se mantuvo en el poder hasta mediados de 2018, cuando fue derrocado por una moción de censura presentada por Sánchez.
ERC, el principal partido político de Cataluña y un aliado clave de la coalición de gobierno encabezada por Sánchez, ha pedido la dimisión de Robles. Pero el escándalo de espionaje ha dejado al descubierto la presión de los secesionistas más radicales, que piden retirar el respaldo al ejecutivo de centro-izquierda en el parlamento nacional.
El gobierno central ha intentando calmar los ánimos con promesas de total transparencia y anuncios de planes para una investigación interna de la agencia nacional de inteligencia y otra independiente del Defensor del Pueblo.
Además, se ha establecido una comisión especial parlamentaria sobre secretos de Estado y se espera que la directora del CNI sea interrogada por los legisladores más tardes esta semana, aunque las discusiones sobre cuestiones de seguridad no serán públicas.
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