La UE es fruto del compromiso político, de una memoria histórica poco rencorosa y de una calculada ambigüedad normativa que deja respirar a las tradiciones de cada Estado miembro. Pero esa valiosa y frágil creación sólo se tiene en pie si todos los socios comparten los mismos valores y preservan la seguridad jurídica imprescindible para gozar de un espacio ciudadano, judicial, monetario y comercial, sin barreras locales ni discriminaciones por nacionalidad.
Polonia y Hungría llevan años poniendo en peligro esa convivencia. Y, de paso, la prosperidad sin precedentes que Europa disfruta desde que decidió someterse al dictado de la ley y no de la fuerza. Eso explica la contundente reacción del Tribunal de Justicia de la UE, que no ha dudado en imponer una multa diaria de un millón de euros hasta que Varsovia acepte frenar de manera cautelar una reforma judicial que, según la Comisión Europea, pone en peligro la independencia de los jueces polacos.
La magnitud de la sanción y la rapidez del castigo (apenas un mes después de que la Comisión Europea lo pidiese) revelan la trascendencia que las instituciones europeas conceden a la rebelión de un gobierno que, con la excusa de defender una soberanía anacrónica y mal entendida, se permite poner en peligro el artesonado jurídico tallado durante años para dar cobijo al mayor espacio de libertades del mundo.
Bruselas debe defender esa conquista a base de presión y tacto para garantizar que cada día de multa no es un paso hacia el Polexit sino hacia el final de la senda autoritaria que Varsovia y Budapest han emprendido, a pesar de las graves consecuencias que puede tener para todo el club europeo. El escarmiento del TJUE al Gobierno de Mateusz Morawiecki debe sentar las bases para un entendimiento futuro con Varsovia y debe servir de aviso no solo para el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sino también para el resto de gobiernos europeos. El multazo que acaba de recibir Polonia puede entenderse como la enésima señal de que la UE quiere elevar el listón de la calidad democrática, igual que hizo con el del rigor presupuestario para crear el euro. El auto que obliga a Varsovia a pagar un millón de euros cada 24 horas deja claro que las dificultades políticas o constitucionales de un país para respetar una norma o sentencia europea no eximen de su cumplimiento. Hay demasiado en juego.
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