La ley trans inicia este martes su tramitación, por los pelos, en plena semana del Orgullo. Tras casi medio año de arduas negociaciones entre los socios del Gobierno, el Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI inicia su recorrido legislativo con su aprobación en el Consejo de Ministros. El texto incluye la libre autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con su voluntad. Con este cambio, España se convertiría en el decimosexto país del mundo que permite la autodeterminación de género, después de Dinamarca, Portugal, Noruega, Malta o Argentina, entre otros.
El anteproyecto, que ha contado con la oposición de parte del movimiento feminista, prevé eliminar la necesidad de informes médicos o de años de hormonación que se necesitan ahora para cambiar el DNI. Se cambia por un sistema de doble comparecencia: la persona deberá pedir el cambio en el Registro Civil y regresar tres meses después para ratificarlo y que se haga efectivo, sin tutelas ni testigos.
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“Por fin las personas trans dejarán de ser consideradas enfermas en España”, proclamó el lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), en el acto institucional del Gobierno por el Día Internacional del Orgullo LGTBI. “Esta ley es un perdón sincero a todas aquellas personas a las que este país les ha dicho que sus vidas valían menos. Vuestras vidas importan”, señaló la ministra, la más activa dentro del Gobierno en el empuje de la ley.
Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB), afirmó que, aunque la ley aún no esté aprobada, “este es el primer paso para conseguir derechos y acabar con la patologización”. El trabajo de esta asociación, así como el de Chrysallis —que reúne a familias con menores trans— y el de la fundación Triángulo, también ha resultado clave para desbloquear la negociación. En esta ha desempeñado un papel importante la fecha: el PSOE, garante de los derechos LGTBI con medidas como el matrimonio igualitario, no quería llegar al Orgullo sin una propuesta que presentar.
El gran escollo, que tanto UP como los colectivos habían puesto como línea roja, era precisamente la libre autodeterminación de género, que finalmente se ha conseguido en términos similares a los previstos. Las personas mayores de 16 años podrán requerirlo por sí mismas. Y se permitirá con la asistencia de progenitores o tutores a partir de los 14 años (la edad a la que es obligatorio el DNI) y no desde los 12 como incluía el borrador que Igualdad elaboró en febrero. Queda lejos también de lo que el propio PSOE planteó en 2017 en una proposición de ley —ratificada por el Parlamento en 2019 con el respaldo de todas las fuerzas políticas, entre las que aún no se encontraba el partido ultraderechista Vox— que no preveía ningún límite de edad en el caso de menores siempre que lo presentaran “a través de sus progenitores o representantes legales”.
El rechazo a la libre determinación de género llegó principalmente a través de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. En el verano de 2020, Calvo firmó con José Luis Ábalos, un argumentario del PSOE “contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres” contrario a la autodeterminación de género. Recogía que “si se niega el sexo, se niega la desigualdad que se mide y se construye en base a este hecho biológico”. La postura de Calvo coincide con parte del movimiento feminista, que ve en esta normativa una amenaza: consideran que el sexo no es algo que se elija, porque entonces todas las leyes que específicamente evitan la discriminación de las mujeres estarían en riesgo. Algunas de estas organizaciones se manifestaron el fin de semana pasado contra la ley trans. Colectivos como Fórum de Política Feminista reclaman que, en lugar de impulsar esta normativa, se aborden temas de la agenda feminista “que nada tienen que ver con sentimientos y sí con la realidad de la mitad de la población de este país”, como la brecha género o la desigualdad en trabajo o en las pensiones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la necesidad de “salvaguardar el equilibrio de derechos de las mujeres y de un colectivo tan castigado como es el colectivo trans”, al ser preguntado en una entrevista en la SER sobre las protestas de asociaciones feministas. Sánchez defendió la “máxima garantía para que un colectivo muy vulnerable cuente con la máxima seguridad jurídica” y recordó que previsiblemente PP y Vox recurrirán al Tribunal Constitucional.
Finalmente, Igualdad, Vicepresidencia Primera y el Ministerio de Justicia, con el ministro Juan Carlos Campo a la cabeza, han cerrado un texto que recoge la libre determinación de género sin testigos ni intervención judicial. El procedimiento previsto será similar —sin necesidad de terceras personas, ni pruebas ni patologización (considerarlo una enfermedad) pero sí en algunos casos con plazos— al que contemplan los otros 15 países que lo reconocen. Los citados Dinamarca, Portugal, Noruega, Malta o Argentina. Y también Irlanda, Luxemburgo, Grecia, Costa Rica, México (solo en Ciudad de México), Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay, según datos recopilados en un informe de Ilga (la asociación internacional de lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales), de 2019. La ley danesa, por ejemplo, prevé un periodo de reflexión de seis meses antes de formalizar el cambio. La de Portugal contempla que la segunda vez que se cambie de sexo se acuda a un tribunal. Según datos oficiales, desde que los portugueses aprobaron en 2018 la autodeterminación de género sin necesidad de informe médico ni hormonación hasta el pasado febrero, 568 personas han requerido el cambio de sexo en el registro civil.
El texto del anteproyecto no hace ninguna alusión a los tratamientos hormonales para menores, otro aspecto que ha despertado el recelo de parte del movimiento feminista. El borrador de Igualdad de febrero sí hacía referencia a un tratamiento de bloqueo hormonal “al inicio de la pubertad” para ayudar a frenar el desarrollo de los pechos o de la barba y la nuez. Y, con posterioridad, al tratamiento hormonal cruzado (testosterona para chicos transexuales y estrógenos para chicas transexuales). En la actualidad, en España se puede acceder a los bloqueadores hormonales en la pubertad, pero muchas veces se exige una tramitación larga, depende de la diferente regulación de las comunidades autónomas y requiere el consentimiento paterno. Hasta 12 comunidades autónomas tienen aprobadas leyes autonómicas que permiten el cambio de sexo y nombre en documentos sanitarios y escolares —no en el DNI, que es un documento nacional— y, en la mayoría de los casos, recogen el acceso a los tratamientos hormonales para menores. El anteproyecto que llega al Consejo de Ministros este martes solo alude a que “los tratamientos hormonales y quirúrgicos para las personas trans se han incorporado a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y en la cartera de servicios complementaria de algunas comunidades autónomas”.
El texto fusiona finalmente dos leyes que habían comprometido los socios de gobierno sobre derechos trans y LGTBI, respectivamente. Además de la autodeterminación de género, contempla el derecho de filiación de los hijos e hijas de mujeres lesbianas (que ahora deben casarse para poder reconocer ambas al recién nacido) o incluir en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud los tratamientos de fertilidad para lesbianas o personas trans “con capacidad de gestar”. También contemplan sanciones de hasta 150.000 euros para quienes practiquen terapias de conversión, destinadas a “modificar la orientación e identidad sexual o la expresión de género de las personas”.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, al texto le queda aún la revisión de los órganos consultivos y toda la tramitación parlamentaria en las Cortes, con las aportaciones y enmiendas del resto de grupos, antes de su aprobación definitiva. Los colectivos prevén aprovechar ese periodo para negociar la incorporación de cuestiones que estaban en el borrador inicial de Igualdad. “Analizaremos el borrador con calma, nos queda un reto por delante para enriquecer el texto”, señala Uge Sangil, que señala que se permita el cambio registral de sexo y nombre desde los 12 años de edad acompañados de sus progenitores o tutores, ampliar la libre autodeterminación de género también para migrantes o el reconocimiento de las personas no binarias —aquellas que no se identifican ni como hombre ni como mujer— para las que los colectivos reclaman una tercera casilla en el DNI.
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