El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto con el que se modifica el Reglamento de Extranjería para facilitar la obtención de permisos de residencia y trabajo para menores y jóvenes extranjeros. La medida, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, beneficiará a cerca de 15.000 menores y jóvenes extutelados. El cambio de la normativa reduce trámites y exigencias que, según fuentes del departamento, “hacían imposible” que este colectivo accediese a autorizaciones de residencia y trabajo. El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, ha celebrado además que la norma iguala a España con países de su entorno “con una problemática similar”. “La normativa española era una anomalía en la Unión Europea”, añaden fuentes del ministerio de Migraciones.
La nueva norma permitirá trabajar a los menores de 16 y 17 años, una posibilidad anecdótica en la actualidad. También reducirá los requisitos económicos (más de 2.500 euros) que se exigían como ingresos propios a los que cumplían la mayoría de edad para renovar sus permisos. “El acceso al trabajo es la mejor forma de inclusión”, mantienen fuentes del ministerio. El secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, ha alabado la medida: “Es una reforma con la que simplificamos de manera evidente trabas burocráticas y facilitamos el acceso a la documentación de menores y jóvenes extutelados”.
La iniciativa, que no era del agrado del Ministerio del Interior por sus posibles implicaciones en la lucha contra la inmigración irregular, supone un tanto para el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que aprueba así la medida de más calado en materia migratoria. Se trata, según Perea, de dar “acceso real a trabajar” en condiciones homologables a las de cualquier otro joven de su edad.
La modificación ha estado apoyada por decenas de ONG que trabajan con la infancia migrante, empresarios y comunidades autónomas, que invierten en la formación de los menores extranjeros tutelados, pero ven cómo la normativa actual les impedía vivir y trabajar de forma legal.
Migraciones señala cómo de forma general el sistema de protección en otros países europeos está vinculado a la formación de los menores y a su actividad laboral desde los 16 años. “No se exigen determinados recursos económicos, como en España”, mantienen. “Es más, algunos países como Francia y Alemania garantizan prestaciones económicas hasta los 21 y 27 años, respectivamente”, explican las mismas fuentes.
Uno de los cambios clave es ampliar el plazo de validez de las autorizaciones de uno a dos años, una medida que da más estabilidad a los chavales y descarga de trabajo a la Administración. La situación es distinta en Italia, por ejemplo, donde se expide una autorización de residencia que los menores no tienen que renovar hasta los 18 años y que les permite trabajar a partir de los 16. Al llegar a la mayoría de edad su autorización se transforma en un permiso de residencia con fines de estudios, de trabajo, de búsqueda de empleo o por tratamiento médico. En Alemania la primera autorización se extiende tres años, prorrogable a otros dos.
Los cambios más sustanciales
Plazos para tramitar la primera residencia. Será de un máximo de tres meses frente a los nueve anteriores.
Renovaciones. Tanto para menores como mayores de edad eran necesarias cada año. Ahora tendrán una validez de al menos dos años prorrogables.
Requisitos para la residencia y el trabajo. Antes, un joven extutelado que debía renovar su autorización de residencia debía acreditar más de 2.000 euros de ingresos propios mensuales que no podían provenir de ninguna ayuda social. El permiso que obtenían no permitía trabajar. Para emplearse necesitaban aportar un contrato de un año. Ahora, los medios económicos necesarios no superan los 500 euros, que pueden complementarse con ayudas. No será necesario demostrarlos si el joven está a cargo de alguna entidad pública o privada. El trámite permite vivir y trabajar de forma regular.
Agilidad. Los procedimientos serán telemáticos y se elimina la exigencia de un acta notarial ante el consulado para la identificación del menor, un trámite que en la práctica bloquea miles de autorizaciones. Ahora se sustituye por un informe de la entidad competente de la comunidad autónoma.
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