Las comunidades autónomas españolas componen un variopinto mosaico de impuestos propios, formado por un total de 85 tributos repartidos de forma desigual entre las regiones, que recauda casi 2.500 millones de euros cada ejercicio, según los datos recopilados anualmente por el Consejo General de Economistas (CGE) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). La conclusión que arrojan las últimas cifras disponibles, relativas al año 2019, muestra por lo tanto que la gran batería de impuestos autonómicos redunda en una recaudación inusualmente nimia, con una media de apenas 30 millones de euros por tributo. Dicho de otro modo, estas figuras suponen únicamente el 2,1% del total de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas, unos 114.000 millones.
El debate sobre los impuestos propios ha vuelto a saltar a la palestra después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunciase esta semana que la región eliminará los tres tributos propios con los que cuenta, convirtiéndose en la primera autonomía en suprimirlos por completo.
El viernes, Ayuso animó a que “todo el mundo haga el mismo ejercicio y analice en qué medida pueden facilitar la vida de sus empresarios, de los autónomos y de todas las personas que ponen en riesgo el patrimonio de su familia y sus proyectos vitales para sacar adelante este país”. Los impuestos eliminados en Madrid apenas suponen el 0,02% del total de la recaudación, es decir, unos 70 céntimos de euro por persona.
La medida anunciada por la presidenta regional, en concreto, afecta al tributo sobre la instalación de máquinas recreativas en hostelería y al impuesto sobre depósito de residuos, que recaudaban unos 3,4 millones de euros en conjunto, y al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. Esta figura, sin embargo, contaba con un recargo autonómico del 0%, por lo que en la práctica no recaudaba nada.
Las comunidades autónomas tienen la capacidad de crear tributos propios, salvo que se solapen con hechos imponibles ya gravados por el Estado o por los tributos locales. Esta potestad, según el recuento llevado a cabo por el CGE y el REAF, han permitido a regiones como Cataluña crear hasta 19 tributos propios que engordan las arcas autonómicas con más de 667 millones cada año. Entre estas figuras se encuentran, por ejemplo, impuestos sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, sobre las bebidas azucaradas envasadas o sobre las estancias en establecimientos turísticos.
Andalucía, por su parte, grava las tierras infrautilizadas, el depósito de residuos peligrosos, la emisión de gases a la atmósfera o los vertidos a las aguas litorales. En total, ocho tributos que redundan en 146 millones de euros cada año. El resto de regiones se mueven entre los dos tributos propios con los que cuentan las dos Castillas y los siete de los que dispone Asturias.
Canarias, por ejemplo, con solo cinco impuestos autonómicos, recauda más de 466 millones de euros –la segunda autonomía con mayores beneficios por detrás de Cataluña–, si bien hay que tener en cuenta que las cifras están distorsionadas con respecto al resto de autonomías debido a la clasificación como tributos propios del impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo y del impuesto sobre las labores del tabaco. “Estos tributos, en el resto del territorio nacional del régimen común, se circunscriben en el ámbito de los impuestos especiales estatales cedidos parcialmente a las autonomías”, recuerdan desde el CGE y el REAF.
Soluciones
Los expertos del REAF, entre otras dudas generadas por estos impuestos, explican que en algunas ocasiones los costes de gestión superan la recaudación que de estos tributos se obtiene. “Sin embargo”, añaden, “no dejan de crearse nuevos impuestos y de modificarse los ya establecidos”. Además, recalcan, como bastantes de los impuestos propios que implantan las autonomías se parecen y tratan de gravar el mismo hecho imponible, pero se articulan de manera muy diferente, “se produce un cierto caos normativo en este campo”.
Una solución, sugieren, podría ser que el Estado estableciese determinados impuestos medioambientales –de los más comunes entre la mayoría de territorios– y los cediese a las autonomías, teniendo estas capacidad normativa sobre determinados elementos de los mismos. Por ahora, en las reformas que el Ejecutivo tiene pendientes dentro del ámbito autonómico, únicamente se contempla la posibilidad de gravar los residuos y el plástico.
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