El Ministerio de Sanidad ha estrenado este viernes el nuevo sistema para medir la evolución de la pandemia en España. El primer informe de la nueva estrategia muestra que la ocupación hospitalaria por covid continúa bajando: este viernes había 4.150 personas ingresadas por covid, un 4,6% menos que el martes pasado. Ya no se publican datos de la incidencia acumulada por 100.000 habitantes para la población general, el indicador que ha servido para medir la peligrosidad del virus y que ha sido durante casi dos años el principal baremo a la hora de imponer medidas sociales.
Este nuevo sistema es fruto de la estrategia pactada entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que ha entrado en vigor esta semana. Ya no se indican pruebas diagnósticas a personas con síntomas leves si son menores de 60 años y no tienen factores de vulnerabilidad ante la covid (inmunodeficiencias, embarazo, tratamiento oncológico…).
Por esta razón, el nuevo informe se centra en indicadores relacionados con los mayores de 60 años, que es también la población que sufre mayor riesgo de enfermar gravemente o fallecer por la covid. En este grupo sí se mide la incidencia acumulada, que este viernes se ha situado en 459,27 casos por 100.000 habitantes.
España ha sido el primer país en la Unión Europea en permitir que las personas con síntomas hagan vida normal, si bien se les recomienda mantener la mascarilla y restringir al máximo las relaciones sociales, especialmente con personas vulnerables. En nuestro entorno, solamente el Reino Unido ha dado este paso.
Esta estrategia se mantendrá siempre que la presión asistencial no suba por encima de los límites que ha marcado Sanidad: un 5% de ocupación de camas hospitalarias por pacientes covid y un 10% en UCI. Si se llegan a rebasar estos valores, habría que dar marcha atrás. Este viernes se quedaron en un 3,3% y un 4,6%, respectivamente.
El paso ha sido muy criticado por numerosos expertos en salud pública, que consideran que es demasiado temprano. Con una incidencia de 466 casos por 100.000 habitantes —la última que se midió, publicada en el informe del pasado martes—, creen que la transmisión es muy alta para permitir que las personas con síntomas puedan hacer vida normal.
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Esto, previsiblemente, producirá una subida de casos y, según dicen los críticos con la medida, hará más probable que el virus llegue a personas vulnerables. Otro punto en contra de este tipo de medición es que cuando los casos llegan a suponer problemas en los hospitales es signo de que el virus ya tiene mucha presencia en la población y puede ser demasiado tarde para tomar medidas. Harán falta unas semanas desde su implantación para comprobar, primero si hay una subida significativa de la incidencia en mayores, y luego si esto repercute en los ingresos hospitalarios.
¿Por qué han dado este paso Sanidad y las comunidades? Sus técnicos venían estudiando desde enero una nueva manera de vigilar el virus que no comprometiera el resto de la asistencia sanitaria. Durante la sexta ola, la necesidad de diagnosticar la covid incluso con síntomas muy leves produjo un colapso total de una atención primaria muy mermada.
Con más del 90% de la población vacunada y una letalidad del virus que es ya muy inferior a la de las primeras olas, las autoridades sanitarias han decidido que es momento de convivir con él de una forma similar a la que se hace con la gripe, otra enfermedad que se cobra miles de muertes cada año sin que se tomen medidas tan restrictivas como las que se han puesto en marcha para frenar la covid.
El sistema que comienza ahora es una transición que, si los repuntes de incidencia no obligan a dar pasos atrás, durará aproximadamente un año. Será el tiempo del que dispongan las comunidades autónomas para poner en marcha una red de vigilancia centinela, como la que se usa para la gripe. Consiste en que un número limitado y seleccionado de médicos en atención primaria reporten los diagnósticos y, a partir de ahí, se hagan prospecciones para calcular la incidencia real de la enfermedad.
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