El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ofrecido la ciudadanía española a los 94 nicaragüenses —entre ellos destacados escritores, políticos, intelectuales, activistas o religiosos— a los que el régimen de Daniel Ortega ha despojado de la nacionalidad, tal como hizo con los 222 expresos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos el pasado día 10.
Entre los afectados por la medida se encuentran los escritores Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y Gioconda Belli, ambos en el exilio; el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro; la escritora y feminista Sofía Montenegro; la activista Azahalea Solís; el obispo Silvio Báez, una de las voces más críticas de la Iglesia, y la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). La mayoría de ellos están en el exilio, pero el Tribunal de Apelaciones de Managua, controlado por Ortega, los ha declarado “traidores” y “prófugos” y ha ordenado la incautación de todos sus bienes en el país.
El jefe de la diplomacia española se lo ha comunicado telefónicamente al propio Sergio Ramírez, quien había remitido una carta al presidente Pedro Sánchez planteándole este problema, aunque él no necesita la nacionalidad española, ya que la adquirió en 2018.
A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la oferta y la ha hecho extensiva “a cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apátrida por las decisiones del Gobierno de Daniel Ortega”.
España ya ha entrado en contacto con varios de los 222 nicaragüenses desterrados en Estados Unidos para trasladarles la oferta e iniciar los trámites de nacionalización, a través del Consulado General en Washington.
La concesión de la ciudadanía española se hará por “carta de naturaleza”. Se trata de un procedimiento excepcional por el cual, atendiendo a las circunstancias y méritos del peticionario, el Consejo de Ministros puede otorgar la nacionalidad a un extranjero mediante la aprobación de un real decreto y sin necesidad de un expediente previo, aunque el interesado debe presentar la correspondiente solicitud. El Ministerio español de Asuntos Exteriores, según fuentes diplomáticas, se ha coordinado con el Departamento de Estado estadounidense antes de dar este paso.
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La decisión de Ortega de despojar de la nacionalidad nicaragüense a las voces críticas se ha convertido en una nueva forma de represión e intimidación. Desde 2018, cuando estallaron masivas protestas contra el Gobierno en la capital y otras ciudades importantes del país, el régimen desató una feroz represión que inició reventando las manifestaciones, con el asesinato de más de 360 manifestantes, muchos de ellos jóvenes universitarios, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A esto siguió la cacería contra quienes eran vistos como líderes de las movilizaciones y más tarde la realización de juicios considerados espurios contra los disidentes. Además, decenas de miles de nicaragüenses han dejado el país por la persecución política y el deterioro de la economía.
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