La propuesta de España y Portugal para limitar el precio del gas para las centrales térmicas empieza a tomar cuerpo tras lograr la excepcionalidad ibérica en el último Consejo Europeo. Los dos gobiernos peninsulares han remitido al Ejecutivo comunitario una propuesta para limitar a 30 euros por megavatio hora (MWh) el precio máximo del gas para las centrales de generación eléctrica —los ciclos combinados y las de cogeneración—, frente a los 120 euros a los que cotiza hoy. El encarecimiento de ese combustible en los últimos meses es el principal factor detrás de la escalada sinfín de la luz, que hoy cuesta casi cinco veces más que hace un año.
Fuentes del sector calculan que la medida podría rebajar el precio medio del mercado mayorista de la electricidad —del que beben directamente los contratos regulados— hasta los 120 o 130 euros por MWh. Esa cifra contrasta con los más de 220 euros de este viernes y con los 284 de media en marzo. Y está, también, por debajo de la propuesta inicial hispanolusa de limitar el mercado mayorista a 180 euros por MWh: para llegar a esa cifra, en el tira y afloja que se producirá en los próximos días, la Comisión Europea tendría que obligar a España y Portugal a elevar el coste del gas hasta cerca de 50 euros.
La propuesta remitida a Bruselas por los Ejecutivos de Pedro Sánchez y António Costa —según han dejado entrever en la última semana— no llevaría aparejado ni un aumento del déficit de tarifa ni tendría impacto sobre las cuentas públicas: sería absorbido, dicen, por el propio sistema. Aunque con este esquema los consumidores tendrían que abonar una cantidad más alta por la electricidad generada con otras tecnologías, más allá de las térmicas, el saldo neto sería positivo para ellos, dado que el precio máximo horario caería drásticamente desde los niveles actuales. Los clientes que más se beneficiarían son, también, los que más han sufrido la subida: quienes cuentan con una tarifa regulada (también conocida como PVPC), directamente vinculada al mercado mayorista.
Punto de partida
El límite de 30 euros ha sido adelantado por el diario portugués Público y confirmado posteriormente por la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. “Es un documento previo que responde a las líneas maestras que habíamos trabajado con antelación, como introducir un sistema de doble casación. Hemos propuesto el precio más barato del gas al que entendemos debería producirse ese ajuste, 30 euros por MWh, pero es uno de los elementos técnicos de la propuesta que tenemos que discutir con la Comisión Europea”, ha dicho en El Bierzo (León). “Todavía no hemos hecho más que empezar el trabajo con la Comisión, así que yo pediría tranquilidad y paciencia”.
Tanto en Lisboa como en Madrid son conscientes de que la negociación en Bruselas será ardua. Este jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reconocido que los 30 euros planteados son “el mínimo que se puede plantear como una posición de partida”, dejando la puerta abierta a posteriores cambios.
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Hasta ahora, ambos Ejecutivos han logrado el visto bueno del resto de países para explorar una solución propia a sus elevados precios de la electricidad bajo el argumento de que, más que una península, desde el punto de vista energético son prácticamente una isla: la interconexión de ambas naciones con el resto de Europa es la segunda más baja del continente, solo por detrás de Chipre. Pero ahora queda convencer a los técnicos de la Comisión de que el tope propuesto (los 30 euros por MWh), la fórmula de dos precios (uno para ambos países y otros para los intercambios internacionales) y la duración de la medida se ajustan a los criterios del Ejecutivo comunitario y no distorsionan el mercado único.
Por ahora, Ursula von der Leyen se ha pronunciado a favor de dar un “tratamiento especial” a la Península por su “situación específica, con un alto porcentaje de renovables y muy pocas interconexiones”. Pero queda aún el aval técnico a la solución, que debería llegar —como tarde— antes de que termine abril.
Posible ‘efecto llamada’
En Bruselas se teme, también, que si la medida cuaja y logra rebajar el precio de la luz para los consumidores españoles y portugueses, otros países presionen para poder seguir sus pasos. Un efecto llamada que dejaría en una posición complicada a Alemania y Holanda, las dos naciones más rigoristas y beligerantes contra cualquier propuesta que implique cambiar el funcionamiento del mercado energético común, y a la propia Comisión Europea, que tratará de evitar ese escenario por todos los medios. Hasta ahora, el equipo de Von der Leyen se ha limitado a afirmar que “evaluará” la propuesta ibérica “con la mayor diligencia”.
“Es una referencia importante y, sin duda, haría bajar los precios. Pero aún faltan muchísimos detalles por saberse”, apunta Jorge Morales de Labra, especialista en el sector y director de la comercializadora Proxima Energía. “Aplicar este mecanismo es preferible a no intervenir el mercado, pero puestos a hacerlo sería mejor aplicar un precio del gas algo menor, de unos 20 euros por MWh, como contempla el mecanismo de minoración vigente”, añade, por su parte, Natalia Fabra, catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y experta en energía. “La propuesta, tal como está, reduciría aproximadamente a la mitad el precio de la electricidad respecto a los niveles actuales. Pero no cortaría por completo el aumento de la inflación achacable a la electricidad”.
Esa última derivada, la de la inflación, es especialmente importante. La energía ha sido el principal factor detrás del brutal incremento del índice general de precios (IPC) en los últimos meses, que ha llevado la inflación hasta su máximo desde 1985: en marzo, el coste de la vida se disparó un 9,8% respecto al mismo mes del año anterior. Y un abaratamiento en las facturas del mercado regulado, las que tiene en cuenta el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su cálculo, se traduciría automáticamente en una relajación del IPC. La brecha entre la tasa de inflación española y la de la media de la eurozona, que ronda los dos puntos porcentuales en las últimas lecturas, se explica en gran medida por el mayor coste de la luz. Cambiar esa dinámica también es un objetivo prioritario.
Un operario hace mediciones y llena los depósitos de carburante desde un camión cisterna en una gasolinera de Sevilla.Foto: PACO PUENTES | Vídeo: EPV
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