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España quiere que la UE recurra la sentencia que anula los acuerdos comercial y pesquero con Marruecos

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un acto el pasado martes.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un acto el pasado martes.A. Pérez Meca / Europa Press

El Gobierno español pedirá a las instituciones europeas que recurran ante el Tribunal de Justicia de la UE la sentencia del Tribunal General que anula los acuerdos comercial y pesquero con Marruecos por no haber obtenido el consentimiento del pueblo saharaui, según fuentes diplomáticas. La propia sentencia, que da la razón al Frente Polisario, suspende por un plazo máximo de dos meses su aplicación, con el argumento de que la anulación de los acuerdos con Marruecos “con efectos inmediatos podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta”.

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España quiere que el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, aproveche esta moratoria de dos meses para presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, que es la instancia superior al Tribunal General, con sede en Luxemburgo. El objetivo es que, una vez admitido a trámite el recurso, el Tribunal de Justicia suspenda cautelarmente la sentencia hasta su pronunciamiento definitivo, que podría demorarse al menos un año, según las fuentes consultadas.

La anulación de los acuerdos entre la UE y Marruecos tiene una incidencia directa para España, que es el primer socio comercial del país vecino y cuya bandera enarbolan 93 de los 128 barcos europeos que faenan en aguas del Sahara Occidental. La decisión judicial se produce además en un momento crítico para las relaciones entre Madrid y Rabat, cuando aún no se ha cerrado definitivamente la crisis diplomática que se desencadenó a raíz de la acogida en España por razones humanitarias (sufría una afección grave de la covid) del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y de la entrada irregular de más de 10.000 inmigrantes en Ceuta a partir del 17 de mayo.

El objetivo de Exteriores es convencer a las autoridades marroquíes de que se trata de una decisión de las instancias judiciales europeas a la que el Gobierno español no solo es absolutamente ajeno sino que, además, está en desacuerdo con la misma; e intentar que este revés no haga descarrilar el proceso de normalización diplomática entre los dos países que se encuentra muy avanzado.

El ministro español José Manuel Albares y su homólogo marroquí Naser Burita tenían previsto reunirse la semana pasada con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU, pero finalmente el segundo no viajó a Nueva York y ambos hablaron por teléfono, quedando en verse personalmente en una cita para la que aún no hay fecha.

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