España sigue a la expectativa. Mientras un buen número de vecinos europeos pisa el acelerador para tratar de contener los efectos de la última fase de la crisis energética —el zarpazo de la gasolina y el diésel sobre los sectores más afectados y el poder adquisitivo de los hogares—, el Gobierno de Pedro Sánchez aguarda a ver cómo respira Bruselas y qué acaba saliendo de la vital cumbre de presidentes y primeros ministros de la semana que viene, esencial para garantizar la seguridad jurídica de las medidas que vienen. E intenta, a la vez, armar un pacto político (para asegurar la tramitación de las medidas) y con los agentes económicos y sociales (en aras del pacto de rentas que promueve el Ejecutivo) para diseñar un paquete de medidas con el máximo consenso.
Tanto si hay pacto en la UE como si no, el Gobierno se ha comprometido a incluir en su decreto del próximo día 29 una reducción de impuestos o ayudas específicas que podrían incluso incluir alguna fórmula de retroactividad, según las fuentes consultadas. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, aboga por aprobar medidas efectivas con rapidez ante el impacto para los sectores más afectados. Y el Ejecutivo insiste en lograr que ese paquete llegue con el máximo consenso político —dentro del seno de la coalición y con el resto de partidos— y en esperar al Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo antes de elegir las distintas opciones que tiene sobre la mesa.
Esa cumbre europea será esencial: si Bruselas no permite topar el precio de la luz, el resto de medidas difícilmente pueden ser tan eficaces, según las fuentes consultadas. España busca apoyos de otros socios para sacar adelante sus propuestas, y tanto el presidente del Gobierno como su Consejo de Ministros se han centrado en esa negociación para lograr el máximo apoyo. Economía, al frente de ese paquete, pretende articular un conjunto de propuestas de gran calado, pactadas para evitar sorpresas y lo suficientemente efectivas.
Queda por ver quién acierta en el timing: varios países han aplicado ya, o al menos anunciado, planes para paliar el alza de precios de los carburantes. España se limita, de momento, al anuncio de Sánchez de un paquete anticrisis del que no hay aún ninguna concreción. Y prefiere esperar casi dos semanas al dictamen de la cumbre europea y a atar los apoyos políticos antes de desvelar sus planes.
España actuó con relativa agilidad en el caso de la electricidad. En junio, cuando los precios empezaban a desbocarse, pero aún no habían alcanzado el actual nivel estratosférico, rebajó el IVA del 21% al 10% —tras la correspondiente discusión con Bruselas—, eliminó temporalmente el de generación y, poco después, dejó el impuesto especial en el 0,5% —el mínimo permitido por Bruselas, frente al 5,1% anterior—. También tomó la iniciativa con el gas, al limitar la subida tarifaria al 5,5% para el mercado regulado, frente al 80% que se habría disparado de haber trasladado íntegramente su cotización en los mercados internacionales. Ese ímpetu inicial ha ido decayendo con el paso del tiempo: a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la gasolina y el gasóleo llevan mes y medio en máximos históricos, encadenan siete récords seguidos, y aún no se han aprobado las ayudas para tratar de atenuar el mordisco sobre el bolsillo de las familias y los sectores más afectados.
El último en pedir celeridad ha sido el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que ha urgido este miércoles al Gobierno a “tomar ya” decisiones concretas para contener los precios de la energía, sin esperar a la trascendental cumbre europea del 24 y el 25 de marzo, en la que los Veintisiete tratarán de acordar un esquema para frenar la escalada de la luz. “Tenemos un problema ahora. Lo tenemos que resolver y es necesario es tomar medidas ya”. El jefe de los empresarios admite que hay “una serie de temas” que dependen de Bruselas, pero subraya que otros que sí son de la competencia del Gobierno se “podrían tomar de inicio”.
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El Gobierno apunta que es cuestión de días y que algunas de las medidas anunciadas en otras capitales no se activarán hasta abril. Pero dentro del Consejo de Ministros hay voces que admiten preocupación por el retraso de las medidas y temen que la contestación social se haga más evidente en los próximos días si no hay señales claras. El paro que está protagonizando un número no menor de pequeñas empresas y autónomos del sector del transporte y el creciente descontento del campo se leen como un aviso a navegantes de lo que puede estar por venir si la escalada de precios no remite pronto. En los últimos días, el mercado petrolero ha empezado a dar signos de distensión, pero aún pasará tiempo hasta que esa tendencia se perciba de manera sustancial en las estaciones de servicio.
Los grandes países de la UE han empezado ya a tomar medidas, muy especialmente los Gobiernos que, como el francés —cuna de los chalecos amarillos, el movimiento de protesta que surgió en 2018 con la escalada del diésel como mecha—, se juegan la reelección en el muy corto plazo. Acuciado por esa cita con las urnas, el gabinete de Emmanuel Macron anunció el fin de semana pasado un “descuento en gasolinera” de 15 céntimos por litro de gasolina tanto para particulares como para profesionales. Entrará en vigor el 1 de abril y durará hasta el 31 de julio, se aplicará a “todos los carburantes” y permitirá ahorrar a los consumidores unos 9 euros al llenar un depósito de 60 litros, informa Silvia Ayuso.
La medida le costará al Estado francés algo más de 2.000 millones de euros, que se unen a los 20.000 millones ya destinados a establecer un “escudo tarifario” para la luz y el gas durante todo 2022 y el cheque inflación de 100 euros enviado a 38 millones de franceses y que ya tenía, entre sus principales objetivos, compensar el alza de la gasolina y el diésel. Dentro del Gobierno, Unidas Podemos se ha mostrado partidario de un cheque similar, que el Ejecutivo estudia junto a otras opciones.
Portugal, por su parte, subvenciona el gasto en combustible desde hace meses a través de la devolución de una parte del Impuesto sobre Productos Petrolíferos. La primera medida se tomó en octubre, cuando el Gobierno redujo este impuesto de forma extraordinaria (dos céntimos por litro de gasolina y un céntimo en el gasóleo), pero la escalada de precios obligó a revisar el apoyo a los consumidores un mes después. Desde el 10 de noviembre, devuelve 10 céntimos por litro de carburante con un tope de cinco euros mensuales por consumidor, informa Tereixa Constenla. La intención era que esta medida concluyese el 31 de marzo, pero el Ejecutivo de António Costa acaba de anunciar que hará ajustes semanales en esa tasa en función de cómo evolucionen los precios. El objetivo es devolver a los usuarios los ingresos extra por la mayor recaudación del IVA y hacerlo a través de una medida flexible que se adapte a la volatilidad.
Italia se prepara para lanzar este mismo viernes un nuevo decreto para mitigar la subida del carburante con una reducción de los impuestos que gravan la gasolina y el diésel, informa Daniel Verdú. “Como ha habido un mayor ingreso por IVA debido a la subida de los precios, se puede usar ese dinero para una reducción”, señaló el ministro pare la Transición Ecológica, Roberto Cingolani. La idea es que el precio por litro pueda bajar en hasta 15 céntimos.
Mucho menos ágil está siendo Alemania. Tras ampliar las ayudas para que estudiantes, jubilados y otros colectivos de bajos ingresos puedan afrontar el pago de la calefacción, los liberales —la tercera pata del Gobierno, junto a socialdemócratas y verdes— han propuesto además una controvertida ayuda para compensar el alza de precios de la gasolina y el diésel, informa Elena Sevillano. La medida consiste en un descuento de entre 30 y 40 céntimos por litro de carburante, y absorbería más de la mitad del encarecimiento a raíz de la invasión rusa de Ucrania.
Es cierto que España parte —como subrayan desde el Ejecutivo— de una situación distinta a la de otros países de la eurozona, con una carga fiscal sobre los carburantes sustancialmente más baja. También lo es que meter un tijeretazo sobre el IVA de los carburantes exige la aquiescencia de la Comisión Europea. Sin embargo, otros socios, como Polonia, han actuado antes de contar con el visto bueno del Ejecutivo comunitario. Y España tiene un margen de actuación no despreciable en el caso del impuesto especial: llevarlo al mínimo europeo reduciría en 11 céntimos el coste del litro de gasolina y de casi 8 céntimos el del diésel, lo que permitiría absorber una parte del choque.
“Estamos a la expectativa”, reconocen fuentes gubernamentales. Su voluntad, dicen, es apurar al máximo el margen para el acuerdo con las comunidades autónomas, la oposición y los agentes sociales antes de dar un paso “unilateral”. “Se van a bajar los precios de la gasolina y del gas también, pero es un tema que afecta a la normativa europea y queremos que sea un paso armonizado. Hay que tomar decisiones que puedan dar una solución a largo plazo y no parches”, subrayan. “Por eso hay que esperar a la decisión de Bruselas y a alcanzar un acuerdo geográfico, sectorial y político. Eso hace que el tempo sea distinto”, añade otra fuente oficial que recuerda que no todos los países tienen el mismo margen de maniobra fiscal. “Lo fundamental es acertar”.
Lo principal ahora, subrayan, es desacoplar el gas de la electricidad. Y para ello España pretende combinar los topes a los precios, según ha apuntado la vicepresidenta Teresa Ribera, con un conjunto de medidas, entre las que destaca la posibilidad de gravar los beneficios extra de las empresas energéticas. El objetivo último es rebajar la factura de los hogares, pero también garantizar la competitividad de la industria y aliviar a las empresas de los sectores más afectados.
En el seno del Ejecutivo, no obstante, el debate es intenso. Por un lado, los ministros de Unidas Podemos se han posicionado nítidamente en contra de las rebajas fiscales indiscriminadas, con la vicepresidenta Yolanda Díaz abogando por un gravamen extra sobre las grandes eléctricas. En la rama socialista, por su parte, María Jesús Montero —sobre la que recae el grueso del diseño de la actuación—, sigue sin terminar de deshojar la margarita entre optar por la impositiva o por la de las ayudas. Y el equipo económico comandado por Calviño apuesta por medidas “rápidas y efectivas” pero que no disparen demasiado el déficit. Cuadrar el sudoku de sensibilidades internas también es cuestión de tiempo.
Inflación y política monetaria como telón de fondo
La rebaja de los carburantes que el Gobierno ha prometido incluir en el decreto del día 29 es clave por varios motivos. Primero porque, aunque con retraso, permitirá aligerar la carga que soportan los hogares en su día a día. Segundo, porque contribuiría a atajar una parte sustancial del encarecimiento energético —primero la luz y el gas; después los carburantes—, el principal factor tras la escalada inflacionista. En febrero, los precios crecieron un 7,6% en tasa anual, el ritmo más alto en 35 años, después de que la luz se disparase un 80%, el diésel repuntase un 28% y la gasolina subiese un 25%. Contener ese repunte permitiría relajar la crecida en un momento en el que el BCE empieza a dar muestras de reversión de una política monetaria ultralaxa que ha favorecido, sobre todo, a los países del sur. El premio de actuar ya sobre los carburantes es tan evidente como el decalaje respecto a los vecinos europeos más inmediatos.
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