“Pensar que en toda la república se van a adecuar las estructuras, los instrumentos y los ministerios públicos para un Código Nacional va a ser el mismo fracaso que tenemos hoy con el Procedimiento Penal Acusatorio”, afirmó Gabriel Reyes Orona.
En el proceso de creación de un Código Penal Nacional Único, como lo propone el gobierno federal al Senado, se deben tomar en cuenta las opiniones de los los estados de la República.
En la Mesa de Análisis de Aristegui en Vivo, el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona y el exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE) Alfredo Figueroa plantearon que la reforma al sistema de justicia que será discutida en febrero por el pleno del Senado debe incluir a los estados.
Este miércoles, la Comisión Permanente del Senador inició el análisis de al menos nueve iniciativas de ley en materia de seguridad y justicia que contemplan la creación de una Sala Penal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revisar la actuación de jueces y magistrados federales, la unificación de todos los códigos penales estatales en un Código Nacional, así como la permanencia del arraigo como medida cautelar hasta por 40 días.
Al respecto, el ex procurador fiscal Reyes Orona comentó que, si bien los borradores de las propuestas incluyen medidas que representarían un avance en materia de justicia, también se observan muchos retrocesos por la prisa con la que fueron elaborados.
“La redacción de ellos implica varios problemas de procedimiento, pero hay varias instituciones novedosas que preocupan mucho, particularmente una que se conoce como traslación del tipo“, lo cual significa que si una conducta, conforme a las reglas anteriores, no generaba la imposición de una pena, ahora sí puede ser considerada en el nuevo modelo penal a crear.
“Van a ser modelos a la medida de las conductas que típicamente no han sido delitos o en los que han fracasado reiteradamente”, como el de lavado de dinero, abundó.
El exprocurador fiscal consideró que para hacer un Código Nacional de Procedimientos Penales hay que convocar a todos los estados, porque cada entidad tiene sus particularidades.
“Pensar que en toda la república se van a adecuar las estructuras, los instrumentos y los ministerios públicos para un Código Nacional va a ser el mismo fracaso que tenemos hoy con el Procedimiento Penal Acusatorio”, particularmente porque tenemos un artículo 22 constitucional esquizofrénico, porque tenemos leyes que van en el sentido contrario.
“Todas estas leyes que hoy en día se están proponiendo realmente no acatan el debido proceso, no acatan el principio de inocencia sino que van en un sentido de fabricar culpables a priori para que ellos demuestren su inocencia, es decir, van en el sentido contrario. Estamos volviendo a poner en la mesa un tema que ya habíamos superado, que es el de la prueba preconstituida, y todo el conjunto de disposiciones va armado y de la mano de un severo y grave problema, que es el de la Fiscalía General”, apuntó.
Por su parte, el exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Figueroa, comentó que es fundamental ver cuáles son los dilemas que se están planteando o los objetivos que se persiguen en la propia reforma constitucional, ya que de ella derivarían más normas, algunas de carácter local.
En este sentido, consideró que los estados también deberían iniciar un proceso de transformación legislativa de enorme calado.
Si bien reconoció que la actual administración recibió un país en condiciones muy adversas, afirmó que también es inocultable que durante 2019 el gobierno fracasó en materia de seguridad.
En este contexto, Figueroa indicó que los legisladores deben de hacerse al menos tres preguntas en torno a la reforma: ¿qué valores persiguen de manera integral? ¿qué realidad pretende transformar? ¿cómo pretende, a partir de estos elementos constitucionales, que esa transformación se lleve a cabo?
Reyes Orona señaló que el problema de impunidad de México no es la falta de leyes sino de ejecución de las mismas.
“El sector público ha sido incapaz de hacer eficaces las leyes que tenemos, y el hecho de cambiar e ir a un nuevo modelo no va a hacer que estas autoridades se vuelvan competentes”, añadió.
Figueroa señaló que hay tres o cuatros planteamientos en la reforma constitucional, en los que se debe poner atención: el que tiene que ver con el interés social, el interés público, y el de presunción de inocencia y las medidas de debido proceso.