El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que inició pláticas diplomáticas con el Gobierno de México sobre la restauración de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) que ordenó la Corte Suprema y que son conocidos coloquialmente como “Quédate en México” o “Permanecer en México”.
Los MPP, que instauró el gobierno de Donald Trump a inicios de 2019, significó que miles de solicitantes de asilo, provenientes de Centroamérica principalmente, esperaran en México el resultado de sus trámites en Estados Unidos.
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En un breve comunicado difundido en su página web, el DHS señaló que “discrepa respetuosamente de la decisión del tribunal de distrito y lamenta que la Corte Suprema se haya negado a emitir una suspensión”.
Manifestó que apeló la orden dictada por el juez de distrito en Texas Matthew Kacsmaryk el pasado 14 de agosto, que ordenó restaurar los MPP, y que continuará “impugnándola enérgicamente”. Sin embargo, mientras se resuelven los procesos de apelación, cumplirá con el regreso de la política migratoria de Trump “de buena fe”.
Este martes, la Corte Suprema rechazó la propuesta del presidente Joe Biden para evitar cumplir con el restablecimiento del programa “Quédate en México”, tras la decisión de un juez de distrito de Texas en respuesta a una demanda interpuesta en abril por los estados de Texasy Missouri.
El juez Kacsmaryk resolvió que el gobierno de Biden actuó de manera “arbitraria y caprichosa” cuando decidió poner fin a la política de su predecesor, pues violó las leyes de procedimiento al no considerar los principales beneficios de los MPP.
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En junio, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, comunicó formalmente el fin de esta política mediante un memorando, tras haberlo puesto en pausa desde que asumió el cargo, el 20 de enero de 2021.
En su comunicación de este martes, el DHS señaló que sigue comprometido “con la construcción de un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano que defienda nuestras leyes y valores” y que continúa el procesamiento de las personas de acuerdo con la ley estadounidense y con su misión.
“De conformidad con la orden de salud pública del Título 42 de los CDC, el DHS continúa expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentran en la frontera suroeste”, finalizó.
El gobierno de Biden ha mantenido la aplicación del decreto denominado título 42, mediante la cuál Estados Unidos restringe el acceso a su territorio a personas extranjeras por razones de salud pública.
El pasado 11 de agosto, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y otras cuatro agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mostraron su preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación del Título 42.
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En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones de Naciones Unidas señalaron que “esta nueva medida, lejos de terminar con estas restricciones, sitúa a las personas migrantes y solicitantes de asilo en una situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de ver violado su derecho a la no devolución, entre otros”.
“Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México”, mencionaron.
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