La Administración de Joe Biden ha anunciado este martes por la mañana sanciones a siete miembros del Gobierno ruso, próximos a Vladímir Putin, por el envenenamiento y posterior arresto del líder opositor Alexéi Navalni. El castigo, coordinado con la Unión Europea, supone el bloqueo del acceso de estos individuos a sus activos financieros y de todo tipo en Estados Unidos. Washington también introducirá controles sobre varias entidades involucradas en la producción del agente biológico utilizado para atacar al Navalni.
La primera represalia del nuevo Gobierno estadounidense hacia el Kremlin es limitada y selectiva, concentrada en un grupo de altos cargos cercanos a Vladímir Putin, en la línea misma línea que la acordada por los aliados europeos. En Europa conviven las voces alarmadas por la deriva autoritaria de Moscú y las de las grandes capitales, como Berlín, que defienden reacciones muy progresivas. El presidente republicano Donald Trump había rehusado culpar directamente a Putin del envenenamiento a Navalni y evitado sumarse a las sanciones europeas. Biden cambia de tercio, pero también ha medido su respuesta.
Navalni, activista contra la corrupción y uno de los grandes azotes del Kremlin, sufrió un grave envenenamiento en Siberia en agosto de 2020 y viajó a Alemania para curarse. Cuando regresó a Rusia, el 17 de enero, fue arrestado de inmediato acusado de violar los términos de la libertad condicional que le había impuesto una sentencia de 2014. Aquel fallo le había suspendido una condena después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la tachase de “arbitraria e injusta”.
Ahora está condenado a cumplirla, lo que le obligará a pasar tres años y medio en una colonia penal (una cárcel en la que los reclusos generalmente siguen un régimen de trabajo), ante al estupor de la comunidad internacional y pese a la resolución cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha exigido la liberación “inmediata” del opositor alegando que su vida corre peligro entre rejas.
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