Una tensa calma reina en Perú un día después de la disolución del Congreso, con el debate centrado ahora en la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra y, también, en la designación, por una facción del Legislativo, de la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.
Durante la mañana de este martes, las calles de Lima y las principales ciudades del país mostraron la rutina y el tráfico cotidiano tras las manifestaciones de apoyo que recibió el lunes la medida anunciada por Vizcarra.
Solo el tránsito por las cercanías al Palacio Legislativo fue restringido por la Policía que, según constató Efe, permitió el paso de vecinos y trabajadores del Congreso vinculados con la Comisión Permanente, que debe mantener sus funciones hasta la elección del nuevo Legislativo, que Vizcarra convocó para el próximo 26 de enero.
Aunque se señala que un grupo de parlamentarios opositores en rebeldía pasó la noche en el interior del edificio, la mayoría de los congresistas lo abandonaron durante esta madrugada.
Tal como adelantaron los sondeos de opinión, entre la ciudadanía es mayoritario el apoyo a la decisión de Vizcarra, ya que el Congreso, que dominaba el fujimorismo, es una de las instituciones más desprestigiadas ante la opinión pública, que considera que ha sido un obstáculo permanente para la lucha anticorrupción.
Esto le permitió a Vizcarra afrontar un escenario favorable al anunciar su decisión del lunes, basado en la prerrogativa que le otorga la Constitución de disolver la Cámara si esta deniega la confianza a dos gabinetes ministeriales.
El presidente se pronunció así después de que el Congreso eligiera un magistrado para el Tribunal Constitucional pese a que el primer ministro Salvador del Solar había presentado un pedido de confianza para variar ese proceso, muy cuestionado por las formas y los plazos que se emplearon en su tramitación.
Vizcarra recibió luego el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que reconocieron la constitucionalidad de su Gobierno y le expresaron su subordinación.
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El principal pronunciamiento en contra lo ofreció la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep), la principal patronal del país, que expresó su “enérgico rechazo” a la decisión del gobernante y aseguró que la disolución del Congreso ha sido una violación de la Constitución.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Miguel Cabrejos, pidió “un profunda reflexión” ante la situación y dijo que se debe mostrar “madurez política y social”.
“A pesar de esta crisis política creemos también que el momento actual es una oportunidad única para combatir el circuito de la corrupción grande y pequeña a todos los niveles”, enfatizó Cabrejos antes de invocar “el respeto al bien común”.
La prensa local remarcó, a su turno, que el país afronta una crisis constitucional, ya que existen interpretaciones divergentes sobre la validez jurídica de la decisión de Vizcarra.
Un grupo numeroso de constitucionalistas señala que el gobernante no debió dar por negado el pedido de confianza que hizo Del Solar porque a pesar de que el Congreso mantuvo la elección del TC luego aceptó el pedido del Ejecutivo.
Otros constitucionalistas opinaron que Vizcarra sí estuvo motivado por una negación implícita de la confianza, ya que el Congreso votó por la elección del TC sin haber resuelto antes la solicitud del primer ministro.
La polémica también se dirigió a la decisión de la vicepresidenta Mercedes Aráoz de jurar ante el Congreso disuelto como “presidenta en funciones”, después de que aquel declarara a Vizcarra suspendido de sus funciones durante 12 meses por “incapacidad temporal”, en una medida que no ha tenido mayor efecto práctico.
Juristas remarcaron que la suspensión temporal de un gobernante no figura en la Constitución peruana y que Aráoz ha podido cometer el delito de usurpación de funciones, que contempla una condena de hasta 7 años de cárcel.