Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, abogado defensor de Juan Carlos García Ramírez, quien era el único acusado del caso de espionaje Pegasus, pero que resultó absuelto ante la presentación de pruebas insuficientes, aseguró que están dispuestos a cooperar con las autoridades para esclarecer los hechos.
“Ahí están los videos del juicio y los podemos poner, por supuesto, a disposición de las autoridades para que las declaraciones de Juan Carlos y lo que podamos apoyar nosotros, técnicamente, para que se esclarezcan los hechos, bueno, pues están a la disposición y lo haríamos con gusto para esclarecer los hechos”, aseguró en Aristegui En Vivo.
Juan Carlos García Rivera era un empleado del grupo empresarial KBH, compañía que vendió Pegasus a distintas dependencias federales en el sexenio pasado. La Fiscalía General de la República (FGR) había pedido una condena de 16 años de prisión contra García por el delito de intervención de comunicaciones privadas.
Foto: UNAM
Luego de dos años de permanecer en el Reclusorio Sur, el pasado 12 de enero un tribunal de enjuiciamiento lo absolvió del delito de intervención ilegal de comunicaciones en agravio de la periodista Carmen Aristegui, luego de que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes.
El juez consideró que Zeus, un testigo protegido que aseguró que García Ramírez fungió como Director de Tecnología en la empresa Proyectos y Diseños VME, era un testigo de oídas o referencial que jamás imputó al acusado por operar Pegasus
Al respecto, Vázquez aseguró que su cliente ya explicó en juicio que él era un simple anexo técnico y soporte tecnológico de una de las empresas del corporativo KBH y no estaba relacionado como directivo.
“Él explicó la relación que tenía con los directivos y él no sale en ningún momento relacionado como directivo, socio o accionista de las empresas”, agregó.
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Por otro lado, argumentó que había personas expertas en operar el software, por lo que, dijo, por ahí deben de ir las líneas de investigación sobre el caso.
“Gente que operaba Pegasus en las instancias gubernamentales en el sexenio de la administración anterior había varias, ahí es donde tienen que ir las líneas de investigación, creo yo, de la autoridad ministerial para sustentar quién fue quien pudo haber hecho esta conducta delictiva, subrayo, sin orden judicial”, aseveró.
Agregó que había más de 40 expertas y expertos en el manejo del software y que la extinta Procuraduría General de la República contaba con gente capacitada e incluso en el anexo técnico que se firmó para la compra-venta había personas para formar y capacitar a otros operadores gubernamentales.
Ve la entrevista completa:
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