Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la impugnación de 26 candidaturas de la elección judicial que se llevará a cabo el próximo 1 de junio.
En un comunicado, expusieron que 18 personas no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada, por lo que solicitaron la cancelación de su registro.
Además, señalaron que otras ocho candidaturas no cumplen con el promedio general de calificación en sus licenciaturas de al menos ocho puntos.
Se trata de candidaturas presentadas por los tres comités: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Agregaron que el informe presentado “acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas”.
Y también se documenta que algunas de ellas “han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado”, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna e insistió en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.
Por otra parte, en las candidaturas impugnadas por elegibilidad académica que corresponden a cargos de juezas, jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93.
“Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso”, dijeron.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, agregó Gutiérrez Luna.
Finalmente, solicitaron al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para, dijeron, “preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país.
El pasado 23 de abril, Fernández Noroña, avisó que la Cámara Alta impugnaría ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a una veintena de candidatos a juzgadores, en la elección del próximo 1 de junio, presuntamente ligados al narcotráfico.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Un día antes, Fernández Noroña expuso a medios que habían “detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder” al Poder Judicial mediante las elecciones judiciales.
El próximo 1 de junio se llevará a cabo la primera elección al Poder Judicial, con 99.7 millones de votantes llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3,422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Las campañas, que comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo, han tenido alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Poder Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.
(Con información de EFE y Aristegui Noticias)
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