“Va a haber una reasignación del gasto de distintas dependencias”, anticipa el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
México no renunciará a su histórica política de asilo y refugio para los migrantes que vienen a este país en busca de una oportunidad distinta de vida, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.
Encinas estimó que en los próximos meses sumarán más de 50 mil migrantes solicitantes de asilo, quienes deberán esperar en México mientras sus casos se procesan en Estados Unidos.
Reconoció que se vive una emergencia en la materia que reclama la acción firme del Estado, y llamó a las dependencias del sector público federal salir de su “zona de confort” para enfrentar la realidad del país en materia de derechos humanos.
Queremos que las dependencias del sector público federal salgan de su zona de confort y vayan a enfrentar la muy difícil realidad que estamos viviendo en materia de derechos humanos.
Inicio de los trabajos del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 pic.twitter.com/4Em9aXwK6d— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) 12 de junio de 2019
“Vamos a ir a los lugares donde existen conflictos para cumplir la responsabilidad que el Estado mexicano abandonó por mucho tiempo“, expresó en el inicio de los trabajos para el diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En el Salón Revolución del conjunto de Bucareli, el funcionario federal planteó que con la aplicación de ese mecanismo se busca garantizar el diálogo y la participación de la población a través de los principios de gobierno abierto.
También establecer la interlocución entre la sociedad civil, la academia y el gobierno para definir el rumbo que debe seguir la defensa, la promoción y la protección de los derechos humanos.
En su oportunidad Estefanía Hernández Ceballos, directora general de Política Pública de Derechos Humanos de Gobernación, atribuyó la crisis de derechos humanos en el país a años de indiferencia, abandono, desigualdad y represión de las instituciones del gobierno.
Dejo claro que la Segob tiene el compromiso de atender esa coyuntura y que el compromiso del gobierno federal, a través del Programa, es con la reconciliación nacional, la pacificación y la garantía de los derechos humanos.
“El programa busca sentar las bases y las acciones que realizará el Estado a efecto de revertir la situación de emergencia y con ello saldar una deuda histórica con todos los mexicanos, particularmente con las víctimas”, remarcó.
“Aspiramos a un país donde la dignidad y la paz se conviertan en el legado más importante de las futuras generaciones”, subrayó Hernández Cevallos, tras delinear los temas de los 15 foros: igualdad y no discriminación, desaparición de personas, violencia contra las mujeres: niñas, niños y adolescentes, así como trata.
En igual caso están los de desplazamiento forzado interno, migrantes y protección internacional, empresas y derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la identidad, periodistas y personas defensores de derechos humanos, así como mecanismos de verdad, justicia, reparación y no reparación.
La funcionaria destacó el compromiso de la Segob en favor de un diálogo franco y continuo entre todos los actores que incidan en el diseño y la ejecución de las políticas públicas.
Para ello, dijo, el Consejo será un canal de diálogo e interlocución en la toma de decisiones relativo a las necesidades y el objetivo sobre la política de derechos humanos, integrado por mujeres y hombres con larga trayectoria en la promoción y la defensa de esas garantías.
Los integrantes de esa instancia son los activistas Clara Jusidman, Dolores González, Miguel Concha y Consuelo Morales; Belén Sáenz, de ONU- Mujeres; el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío, Mauricio Merino y Jan Jarab, representante de la Naciones Unidas en México.
Jesús Peña Palacios, representante Adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó algunas líneas por las que México debería avanzar en la puesta en marcha de su Programa Nacional de Derechos Humanos, que tendría que traducirse en acciones específicas y medibles.
Para ello, señaló, se deberá contar con un sistema confiable de indicadores cualitativo y cuantitativo para contar con información detallada de las poblaciones que se benefician de las políticas públicas, los alcances que éstas tienen y, sobre todo, que permitan medir en términos reales la progresión en la garantía y el respeto a los derechos humanos de toda la población.
50 mil solicitantes de asilo
Alejandro Encinas consideró que es un número alto de solicitantes de asilo:
“Sí, consideramos que va a ser muy grande el número de personas que llegarán de Estados Unidos a asentarse de manera permanente. Calculo que en los próximos meses rebasaremos la cifra de 50 mil personas”.
“Hay que hacer una aclaración: ya hay una solicitud de refugio de Estados Unidos y allá tienen una condición donde se les reconoce una posible situación de riesgo”, añadió el funcionario federal.
A pregunta expresa, Encinas Rodríguez informó que ya se tomaron medidas de carácter presupuestal y organizativo para ampliar la capacidad de respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Va a haber una reasignación del gasto de distintas dependencias o aprovechar el presupuesto que ya está asignado en cada una de las secretarías. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) va a tener un fortalecimiento”, indicó.
Al resaltar que México seguirá “solicitando y agradeciendo la cooperación internacional”, refirió que ya se tomaron medidas internas para fortalecer los trabajos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), instancia donde “en una semana tenemos más solicitudes de refugio que en todos los años anteriores”.
El subsecretario Encinas mencionó que México no renunciará a su responsabilidad de apoyo a los migrantes, “ni abdicar de nuestra responsabilidad de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en nuestro país”. (Ntx)