La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó 12 modificaciones legislativas que planean con el objetivo de contribuir a la “transformación y pacificación del país”.
Durante la Reunión Plenaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, la funcionaria federal solicitó el apoyo para la transición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues indicó, se busca heredar una institución incorruptible, profesional, capacitada y que no esté sujeta a decisiones políticas, conforme a estándares internacionales en la materia.
Rodríguez Velásquez también sugirió cambios a los artículos 45 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal para el refinanciamiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y así adelantar los recursos de 2023 y 2024 a los estados en este año para equipamiento de policías estatales y municipales.
“Usar los millones de cuentas congeladas, procedentes del crimen organizado y del crimen de cuello blanco para fortalecer a los cuerpos de seguridad siempre que se aprueben cambios a los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito”, explicó sobre la propuesta tres.
Por otro lado, señaló que se ha trabajado en la iniciativa de Ley General de Seguridad Privada para contar con un Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Personal Operativo, así como homogeneizar los procesos de autorización, registro y revalidación.
La quinta propuesta, mencionó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se refiere a reformas para facultar a los ejecutivos federal y estatales para que, a través de un Comité, integrado por autoridades penitenciarias, el Poder Judicial, las fiscalías y la Defensoría Pública se determine el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada a personas con condenas breves o en estado de vulnerabilidad.
El tema seis es lo relacionado a la prevención y salvaguardar los derechos e integridad de las personas con una iniciativa de Ley General de Ciberseguridad para la supervisión y vigilancia del ciberespacio, así como la sanción a quien incurra en ciberdelitos.
En cuanto al punto siete, propuso emitir un decreto para crear una Comisión Interinstitucional que, acorde con los contenidos de los videojuegos, califique la categoría para su renta y comercialización.
Asimismo, Rosa Icela Rodríguez consideró oportuno incorporar en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que quien rente o comercialice videojuegos sin apegarse al Sistema de Clasificación que establezca la señalada Comisión sea apercibido, se le suspenda la comercialización y se le retire el producto, además su negocio pueda ser sujeto a clausura.
Para combatir la tala clandestina apuntó que sería necesario reformar el artículo 19 constitucional para elevar la gravedad de este tipo de actos, a fin de que amerite prisión preventiva oficiosa, pues “pues es un delito que afecta al medio ambiente y puede generar desequilibrio ecológico”.
El siguiente cambio que planteó fue fortalecer el marco jurídico para disminuir la producción de drogas sintéticas, pues la intención es que se actúe con mayor prontitud y eficacia para prevenir, detectar y evitar el desvío de precursores y productos químicos esenciales, que son utilizados para la producción de drogas sintéticas.
La propuesta 10 tiene que ver con la extorsión, para ello dijo que se requiere reformar el artículo 390 del Código Penal Federal para facilitar la integración de este delito, toda vez que en la actualidad solo cuando se obtiene un lucro o se causa un perjuicio patrimonial se hace efectiva una sanción.
Agregó que se deberían aumentar los agravantes del delito cuando se cometa contra niñas, niños y adolescentes, se emplee violencia y participe una Persona Privada de su Libertad, entre otros.
La coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional propuso, como tema 11, cambios para que el Informe Policial Homologado (IPH) se haga en la vinculación a proceso y no en el marco de la detención de una persona. De esta manera, no chocaría con el Informe de Detenciones y se contaría con más información para integrar una mejor estadística criminal.
“Vemos necesaria una reforma a la Ley de Migración, a fin de tipificar nuevas conductas delincuenciales y establecer sanciones más severas. Se plantea que sea delito obtener un beneficio por la transportación de migrantes en el momento o a futuro, y no solo conseguir un lucro por su transportación”, explicó sobre la propuesta 12.
Afirmó que con el apoyo de los legisladores se logrará avanzar en favor de la población, pues expresó: “México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz. Nosotros jamás cruzaremos la línea entre servir al pueblo y servir al crimen. Porque tenemos una convicción real de que llegamos para transformar un país que nos fue heredado en condiciones vergonzosas. Nuestro compromiso es con la patria”.
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