En lo que va del año, la jurisprudencia de Nicaragua ha retirado la nacionalidad de 317 ciudadanos opositores o críticos del gobierno actual, lo cual de acuerdo con organismos humanitarios y expertos legales, atenta contra el acceso a los derechos humanos.
Entre los vulnerados se encuentran escritores como Sergio Ramírez, Premio Cervantes y Gioconda Belli; los periodistas Carlos Fernando Chamorro, Wilfredo Miranda; la escritora y feminista Sofía Montenegro; la activista Azahalea Solís; la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH); los obispo Silvio Báez y Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión tras negarse a ser exiliado a EU.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo que ocurre en Nicaragua y recordó que la legislación internacional prohíbe “la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”.
Qué dice la Constitución Política de Nicaragua
En el artículo 20 de la Carta Magna se establece que: “Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.
Por otro lado, el artículo 21, reformado la semana pasada en la primera de dos legislaturas, dice que: “La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”.
No obstante, la legislación nicaragüense determina que para que entren en vigor, los artículos reformados deben ser aprobados en una segunda legislatura, que tomaría lugar el próximo año. De esta manera, la Ley Especial “se basa en una reforma que no es admisible, porque las reformas parciales a la Constitución Política de Nicaragua deben discutirse en dos legislaturas, ya que afectan a todo el ordenamiento jurídico de una nación”, explicó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más a través de una declaración.
Irregularidades sobre el debido proceso
Asimismo, el organismo argumentó que el ordenamiento de Daniel Ortega no respetó las garantías del debido proceso, pues violentó el principio de legalidad, el derecho a la igualdad y la no discriminación, dejando a las personas como apátridas.
“Todo fue unilateral. Ninguna de las personas fue notificada (fue un ausencia) sobre el inicio de la causa, sin dar razones sobre la pérdida de la nacionalidad; no les dio la posibilidad de defenderse, de tener una audiencia justa, asesoría legal y el derecho a revisión o apelación de sus casos”, expresó el colectivo.
Desde la visión del organismo, la resolución disfrazada de legalidad por el Tribunal de Apelaciones de Malagua, representa “la continuidad de la represión, la ejecución de atrocidades jurídicas a través de penas y castigos contra quienes piensan diferente y han alzado su voz exigiendo justicia, verdad y no repetición”.
El profesor de Derecho Internacional y Constitucional de la Universidad Central de Chile, Edgardo Riveros Marín, dijo a EFE que “al despojarse arbitrariamente de la nacionalidad a una persona se están violando una serie de instrumentos y tratados internacionales“.
Entre estos mencionó la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 15); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 19); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24, párrafo 3); la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José (artículo 20) y la Convención sobre Derechos de Niño (artículo 7).
Consecuencias en materia de Derechos Humanos
“Ellos no son extranjeros y ahora los convirtieron en nada y en nadie. La decisión de las autoridades de Nicaragua los puso en una situación terrible, porque los deja en un limbo, sin ningún referente. Ningún Estado te va a recibir si no tienes nacionalidad y, en consecuencia, no tienes pasaporte. Y no puedes ir a tu país porque eres nada, eres nadie. Conservas tu nombre, pero desapareces de las actas legales y administrativas del Estado”, dijo Fernando Fernandez, experto en derecho penal internacional para BBC Mundo.
Tamara Taraciuk, directora de las Américas de Human Rights Watch destacó que la situación nicaragüenses no tiene precedentes, comparándola con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. “Debe ser recibida con una fuerte reacción por los líderes democráticos de la región”, declaró para The New York Times.
Fernandez admitió que si bien la decisión de países como España de ofrecerles a los desterrados la ciudadanía mitiga la situación, no elimina la violación a derechos humanos fundamentales. “El irte de tu país en una situación tan dramática como es esta deportación ilegítima, supone un estrés psicológico y un sufrimiento emocional. Es un duelo muy severo”, señaló.
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