Debe plantearse la idea de levantar la prohibición de algunas drogas, menciona el documento entregado esta mañana al Senado por Alfonso Durazo.
El gobierno federal creará una policía especializada en lavado de dinero llamada Guardia de Finanzas, dentro de la Guardia Nacional, combatirá con prioridad el comercio y consumo del cristal e implementará un Plan de Carreteras Seguras, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, entregó al Senado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, como lo establece el artículo 69 de la Constitución desde la reforma de 2014. Corresponde al Senado aprobar la Estrategia.
El documento entregado por Durazo Montaño afirma que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementará en la Guardia Nacional una unidad policial especializada en lavado de dinero, denominada Guardia Financiera, adscrita a la SSPC.
Otras acciones contempladas dentro de la estrategia son evitar que policías sometidos a proceso o sancionados por la comisión de delitos sean recontratados en otras corporaciones y tipificar como delitos los incumplimientos graves de recomendaciones de la CNDH.
El plan considera que actualmente la prohibición de ciertos estupefacientes “es insostenible”. “En la medida en que el narcotráfico es un negocio transnacional, añade el documento, “debe plantearse la idea de levantar la prohibición de algunas de ellas (drogas) que actualmente son ilícitas y tiene implicaciones internacionales insoslayables”.
Por su parte, el combate al comercio y consumo de ‘Cristal’ tendrá la mayor prioridad como problema social de salud pública y de seguridad, dada la violencia que su consumo genera.
También se apunta en la estrategia que “ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales o militares”, debe considerarse adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas por medio de “leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de las personas y colectividades que hayan sido afectadas”.
El documento entregado por Durazo no omite que los procesos de justicia transicional en otras partes del mundo sea han desarrollado entre un Estado y una fuerza beligerante, pero explica que en México los grupos delictivos tienen niveles organizativos, poder de fuego y control territorial equiparables a facciones políticas en armas.
Entre otras cosas, a los delincuentes se les ofrecerán oportunidades para dejar las actividades ilícitas con un enfoque similar al utilizado por el gobierno de Estados Unidos en los años treinta para acabar con las mafias. “De ese proceso surgió la bonanza en Atlantic City, Las Vegas y Miami“.
La estrategia gubernamental destacó que “el promedio de vida de un joven que ingresa a la delincuencia organizada es de seis meses“, por lo que al ofrecerles aumentar su esperanza de vida, la posibilidad de llevar una vida tranquila y de encabezar negocios legales y regulares podría lograrse que dejen de delinquir.
También “deben ser revisados los expedientes de los acusados y sentenciados en el marco de las estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto”.
El gobierno federal prevé que durante el sexenio se puedan construir las bases de creación de un Documento Único de Identificación Nacional Biometrizado e implementar un Plan de Carreteras Seguras, que iniciará en las autopistas que van de la Ciudad de México al Puerto de Veracruz, de Morelia a Lázaro Cárdenas, de la Ciudad de México a Querétaro, de Querétaro a Salamanca y de Cuernavaca a Chilpancingo.