ETA abandonó el terrorismo hace 10 años, pero sigue siendo una pesada sombra que se pasea casi a diario por los pasillos y el hemiciclo del Parlamento español. Es rara la sesión de control al Gobierno en que esas siglas no se escuchen silbando en el aire como un puñal arrojado sobre el Congreso. Los tratos del Ejecutivo con la izquierda abertzale y el acercamiento de presos al País Vasco alimentan las acusaciones de la oposición, entre cuyos diputados, sobre todo los de la extrema derecha, se ha convertido en costumbre acusar al Gabinete de Pedro Sánchez de estar “arrodillado” ante la organización que se disolvió hace una década. Por descontado, el día del aniversario de la derrota de ETA no iba a ser una excepción. Ni tampoco el día en que Pablo Casado iba a desaprovechar la oportunidad de acusar de nuevo a Sánchez de “dejar atrás a las víctimas” de los años de plomo.
La jornada había amanecido con una revelación periodística engorrosa para el Gobierno, un discurso de Arnaldo Otegi a militantes de EH Bildu, difundido por Antena 3 y El Correo, en el que el líder abertzale se muestra dispuesto a apoyar los Presupuestos del Estado si eso sirve “para que salgan de la cárcel los 200 presos” de la banda. En los pasillos, antes de comenzar el debate, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ya tenía puesta la etiqueta para las próximas cuentas públicas: “Los Presupuestos de ETA”. Por eso extrañó que el líder del PP obviase el asunto en su primera intervención, la que abrió la sesión. Parecía un Casado más conciliador que de costumbre, hasta que llegó su réplica al presidente y el elefante que aún nadie mentaba se hizo visible en el hemiciclo.
Ya se sabe que la hemeroteca es un continuo dolor para Sánchez y por ahí comenzó Casado, recordando que el presidente aseguró en campaña electoral que nunca pactaría con EH Bildu y leyendo en voz alta aquellas tajantes palabras del líder socialista: “No pactaré, si quieren lo repito cinco veces o veinte”. Fue el preámbulo para la batería de reproches. El líder del PP parafraseó una de las divisas del Gobierno ―”no dejar a nadie atrás”― para acusarlo de hacer justamente eso con las víctimas de ETA. Le dijo que está “blanqueando” el legado de la organización terrorista al pactar con EH Bildu. Y, ya puestos, tampoco dejó de lado a José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente que negoció la disolución de la banda: “Con ETA acabaron el poder judicial y las fuerzas policiales, no las cesiones de Zapatero a Otegi”. Era el momento de sacar el asunto caliente del día y preguntar con claridad al presidente si va a liberar presos a cambio del apoyo a los Presupuestos.
Para enojo del PP, en las últimas sesiones de control Sánchez había optado por la táctica de dejar sin respuesta las preguntas con que lo acribillaba Casado. Esta vez sí entró al trapo. “Mi respuesta es un no rotundo, un no rotundo”, repitió con énfasis el presidente antes de devolver las recriminaciones a Casado: “Nosotros nunca utilizamos el terrorismo, no lo utilizamos cuando ETA existía y tampoco lo vamos a hacer ahora que ETA ya no existe”. Sánchez afeó a la derecha que siga dando una “visión amarga” de “uno de los grandes momentos de la democracia española”. “Fue una victoria de todos, también de ustedes”, afirmó.
Esa línea argumental, la acusación al PP de resistirse a reconocer la derrota de la banda terrorista, fue repetida por otros miembros del Gobierno, como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Hubo también un pequeño rifirrafe del Ejecutivo con el único diputado de EH Bildu que intervino en la sesión, Jon Iñarritu. El parlamentario preguntaba a la ministra de Justicia si cree que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, una forma de atacar con el anunciado archivo de las investigaciones sobre Juan Carlos I. Pilar Llop cambió el tercio a Iñarritu: “No todos somos iguales ante la ley cuando se ofende a las víctimas haciendo homenajes a terroristas”.
El nombre de ETA siguió chisporroteando a lo largo de toda la sesión, pero sorprendentemente no apareció en el discurso de Abascal. De un tiempo a esta parte, el líder de Vox dedica sus escasas intervenciones en el Congreso a relatar, con todo lujo de detalles escabrosos, escenas de una España asolada por una multitud de yihadistas y de menores extranjeros que agreden y violan impunemente. Esta vez pidió a Sánchez que se pusiese en el lugar de “esos padres a los que les llega a casa su hijo acuchillado o su hija violada por esos inmigrantes ilegales a los que ustedes llaman”. Frente al espeluznante relato de Abascal, los datos del presidente: los robos con violencia han descendido este año un 32,8%.
Si el líder de Vox se entretuvo con su literatura de terror a cuenta de la inmigración, otros de su partido no faltaron a la habitual cita con ETA y más en fecha tan señalada. Ignacio Gil-Lázaro, martillo incansable del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a hacerlo culpable de las “humillaciones a las víctimas” y de “los chalaneos con Otegi”. La afirmación más chocante, sin embargo, llegó del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien sostuvo con gran energía y convicción que “este Gobierno es el menos democrático de la historia, con el apoyo de las fuerzas menos democráticas de la historia”. La hipérbole se ha apoderado de tal modo del Congreso que hasta una afirmación así pudo pasar casi inadvertida.
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