El abogado de la agrupación lamentó la decisión de la SCJN al considerar que favorece a la industria alimentaria por encima de la salud pública, en un país donde los índices de obesidad, sobrepeso y diabetes son altos, por lo que será impugnada ante la CIDH.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el actual etiquetado de alimentos y negara que es confuso, la agrupación El Poder del Consumidor aseguró que llevará el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista para Aristegui En Vivo, Javier Zúñiga, abogado de la organización, dijo que recurrirán a las instancias internacionales pues el proyecto que avalaron los ministros de la Segunda Sala de la Corte contiene afirmaciones erróneas, contrarias a las recomendaciones hechas por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
El abogado dijo que el etiquetado, tal y como está formulado actualmente, representa una violación a los derechos de los consumidores.
“Personas que padecen obesidad, sobrepeso o diabetes, cuando ven en el mercado la gama de productos, no pueden escoger aquellos que sean menos dañinos para su salud porque el etiquetado no refleja esta información“, explicó.
El abogado dijo que espera que el caso sea recibido por la CIDH para ser discutido de nuevo con base en los argumentos de los ministros que votaron en contra. Además, El Poder del Consumidor espera que el organismo internacional haga recomendaciones sobre el uso de la evidencia científica en tribunales constitucionales.
La discusión se había pospuesto hasta que este miércoles la SCJN desechó el amparo promovido por El Poder del Consumidor en contra del actual etiquetado de alimentos.
Los votos a favor del proyecto que negaba que el etiquetado es confuso fueron de los ministros Alberto Pérez Dayán, de la ministra Yasmín Esquivel -quien fue la ponente del proyecto- y el ministro Eduardo Medina Mora.
“El proyecto no sólo no compartía nuestra postura pero además contenía afirmaciones erróneas respecto a lo que había afirmado la FAO, la OMS/OPS y el propio Instituto Nacional de Salud Pública sobre el etiquetado”, apuntó Núñez.
Los organismos internacionales emitieron un comunicado hace unos días, antes de la resolución cuando el proyecto de Esquivel se hizo público, donde recomendaban a México adoptar un etiquetado de advertencia y fácil comprensión.
Los votos en contra de este proyecto fueron de los ministros Javier Láinez y José Fernando Franco González.
En 2014, El Poder del Consumidor interpuso un amparo contra el etiquetado por considerar que viola el derecho a la información de los consumidores, no distingue entre azúcares naturales y añadidos, y no es entendible.
Zúñiga recordó que el año pasado hubo un “fuerte cabildeo” de las industrias de alimentos para posicionar sus argumentos en contra del proyecto que elaboró el ministro José Fernando Franco González, quien se basó en la sentencia del juez de distrito Fernando Silva que recomendaba modificar el etiquetado y hacerlo más sencillo.
“El proyecto del ministro Franco no sólo afirmaba la sentencia del juez sino que daba elementos para determinar qué implica el derecho de información de los consumidores”, agregó el abogado.
Núñez lamentó la decisión de la SCJN al considerar que favorece a la industria alimentaria por encima de la salud pública, en un país donde los índices de obesidad, sobrepeso y diabetes son altos.
Aquí la entrevista completa: