Estados Unidos señaló este lunes en su informe anual sobre derechos humanos que Rusia ha perpetrado “crímenes de guerra” en la invasión de Ucrania, entre los que cita ejecuciones sumarias y violaciones de mujeres y niñas.
En el documento, EU admite que las autoridades ucranianas son responsables de violaciones de derechos humanos como ejecuciones arbitrarias y torturas, pero matiza que “no son comparables con el alcance de los abusos de Rusia”.
El informe, elaborado por el Departamento de Estado y relativo al año 2022, también menciona a Irán por la represión de protestas, a China por el “genocidio” en Xinjiang, y a los “Gobiernos autoritarios” de Cuba y de Venezuela, entre otros.
El pasado viernes, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por su participación en crímenes de guerra contra Ucrania.
A través de la Sala de Cuestiones Preliminares II, a Putin y a Alekseyevna Lvova-Belova se les acusa de deportación y traslado ilegal de niñas y niños ucranianos de las zonas ocupadas por la Federación Rusa en el país vecino. Presuntamente, los delitos se cometieron por lo menos desde el 24 de febrero del 2022, día que inició la invasión rusa en Ucrania.
“Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin (y la Sra. Maria Alekseyevna Lvova-Belova) tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros (artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma); y por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”, detalló el comunicado de prensa de la Corte.
Las acusaciones por parte de la Corte están basadas en las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero del 2023, donde se encontraron “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos“.
Este lunes, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) y el fiscal jefe de esta corte como represalia por las órdenes de arresto dictadas el viernes por la supuesta deportación forzada de niños ucranianos y que ponen en el punto de mira al presidente ruso, Vladimir Putin.
Las autoridades consideran que los jueces Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez pudieron incurrir en un delito contemplado en el Código Penal ruso al poner en cuestión la protección de la que teóricamente goza un jefe de Estado como Putin, según un comunicado del Comité de Investigación recogido por la agencia Interfax.
La guerra en Ucrania ha provocado un desplazamiento de la población sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En febrero de 2023, ACNUR reportó que 8 millones de ucranianos se encuentran refugiados en toda Europa; otros 5.4 millones están desplazados al interior de Ucrania.
El presidente de la IPC, Piotr Hofmnaski, hizo público la orden de aprensión a través de un video.
Source link