El gobierno del presidente Joe Biden se está inclinando por poner fin a una orden de la era de la pandemia de coronavirus que ha bloqueado a más de un millón de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.
Un tercer funcionario dijo que la política se estaba debatiendo activamente y que la decisión podría llegar en cuestión de semanas, aunque el resultado aún no estaba claro. Los tres informantes solicitaron el anonimato para dar detalles sobre las conversaciones internas.
Las discusiones, de las que no se ha informado anteriormente, fueron impulsadas por las recientes decisiones de los tribunales estadounidenses que complican la aplicación de la llamada orden fronteriza “Título 42”, junto con las importantes medidas adoptadas por los funcionarios de salud pública de Estados Unidos para flexibilizar las restricciones de la pandemia en todo el país, dijeron los funcionarios.
La orden fue emitida en marzo de 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) de Estados Unidos, al inicio de la pandemia de coronavirus, por el expresidente republicano Donald Trump.
Pero el demócrata Biden la ha mantenido en vigor -y la ha defendido en los tribunales- a pesar de las promesas de hacer retroceder las políticas de inmigración más duras de Trump.
Expertos en salud y defensores de los derechos de los inmigrantes han estado presionando para que se ponga fin a la misma, argumentando que la política corta ilegalmente el acceso al asilo y que la evidencia científica no apoya su objetivo declarado de ayudar a frenar la propagación del virus.
El Título 42 permite a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes atrapados en la frontera, ya sea a México o a otros países, sin posibilidad de buscar refugio en Estados Unidos. Desde que entró en vigor, los migrantes han sido rechazados más de 1.6 millones de veces bajo esta política, aunque algunos de esos encuentros fueron individuos que cruzaron varias veces.
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Las detenciones en la frontera se dispararon a niveles récord en 2021 durante el primer año de mandato de Biden y podrían aumentar aún más este año, dijeron funcionarios a Reuters en enero, lo que provocó críticas de los republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
La oficina de estrategia, política y planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés), que asesora a los funcionarios de alto nivel de la agencia, respalda el fin de la orden, dijo una de las fuentes.
Sin embargo, la fuente agregó que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, que supervisa la seguridad fronteriza y depende del DHS, quiere mantenerla.
La portavoz del DHS, Marsha Espinosa, indicó que la orden del Título 42 “sigue en vigor” y que la agencia se remite a los CDC en cuanto a su uso. La agencia informó en el pasado que la Covid-19 presenta un riesgo excesivo en los puestos fronterizos abarrotados.
La Casa Blanca también dirigió una solicitud de comentarios a los CDC y dijo que sólo los funcionarios dentro de la agencia de salud estarían involucrados en la toma de decisiones. El CDC no respondió inmediatamente.
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Los CDC señalaron que revisan la orden cada 60 días para determinar si sigue siendo necesaria para proteger la salud pública. La próxima renovación está prevista para principios de abril.
Al principio de su presidencia, Biden eximió a los niños no acompañados de la política de expulsión, pero un juez federal de Texas dictaminó el 4 de marzo que los menores no podían ser excluidos en un caso presentado por el estado de Texas contra la administración.
La sentencia de Texas, que entra en conflicto con otra orden de un tribunal de distrito estadounidense en 2020 que bloquea las expulsiones de niños no acompañados, entra en vigor el viernes. El plazo ha presionado a la administración para que considere la posibilidad de revertir la orden por completo, dijo un funcionario.
En un fallo separado del 4 de marzo, un tribunal federal de apelaciones dijo que la administración puede seguir utilizando el Título 42 para expulsar a las familias migrantes atrapadas al cruzar la frontera suroeste, pero no debe enviarlas a ningún lugar donde puedan ser perseguidas o torturadas.
Los defensores que interpusieron ese recurso legal celebraron la sentencia como una victoria, pero no quedó claro de inmediato cómo se aplicaría en la práctica. (Rts)
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