El gobierno del presidente Joe Biden anuló una controvertida política de la era de su predecesor, Donald Trump, que habría abierto nuevas zonas de Alaska a la explotación petrolera.
Así, la Oficina de Administración de Tierras, que forma parte del Departamento del Interior, resucitó las políticas de gestión de la era Obama en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, una zona de 9.3 millones de hectáreas. La producción de crudo de Alaska lleva décadas disminuyendo y el año pasado alcanzó su nivel más bajo en 45 años.
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Esas políticas restablecidas, contenidas en un plan presentado en 2013, permiten el arrendamiento de petróleo en cerca de la mitad de la reserva, al tiempo que aumentan las protecciones de zonas consideradas importantes para el ecosistema ártico y para los residentes indígenas.
El plan anunciado por Trump en 2020 pretendía habilitar el desarrollo petrolero en más de 80% de la reserva. Habría permitido el arrendamiento incluso en el lago Teshekpuk, el más grande del North Slope y una zona apreciada por la vida silvestre que había sido protegida bajo normas que se remontan al gobierno de Ronald Reagan.
El plan de Trump fue impugnado por dos demandas presentadas en el tribunal federal de Alaska. Nunca se llevó a cabo ningún contrato en virtud de las mismas. La medida de restablecer las políticas de gestión de la era Obama fue parte de la respuesta a esas demandas.
Tras alcanzar un máximo de más de 2 millones de barriles de producción diaria de crudo en 1988, el bombeo de Alaska ha ido disminuyendo, perjudicado por la reducción de las inversiones y las mejores oportunidades en los yacimientos de esquisto de otros estados. En 2021, el estado produjo sólo 437 mil barriles de petróleo al día, según datos oficiales.
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ConocoPhillips es la empresa más activa en la reserva. Entre sus intereses se encuentra el proyecto multimillonario Willow, que contiene unos 600 millones de barriles de petróleo.
Con información de Reuters
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