“Les debemos a las víctimas de estos horribles crímenes y a sus familias que se cumpla la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, dijo el fiscal general de Estados Unidos, William Barr.
El Gobierno de Estados Unidos reanudará la aplicación de la pena de muerte a nivel federal con las ejecuciones de cuatro condenados por el asesinato de niños programadas para julio, informó NPR.
Se trata de la primera ocasión desde 2003 en que las autoridades federales estadounidenses promulgan la aplicación de la pena capital.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, aprobó una adenda en julio de 2019 al Protocolo Federal de Ejecuciones, para proponer que se utilicen las mismas drogas en todo el país en las inyecciones letales usadas para acabar con la vida de los condenados.
Las ejecuciones de los cuatro convictos estaban programadas para diciembre pero sus defensas presentaron recursos contra la adenda aprobada por el fiscal general estadounidense. Aunque todavía falta que se pronuncie uno de los tribunales, la primera ejecución federal ya ha sido fijada.
“El pueblo americano, actuando a través del Congreso y de los presidentes de los dos partidos políticos, ha dado instrucciones desde hace tiempo para que los acusados condenados por los crímenes más atroces sean sometidos a pena de muerte“, indicó el fiscal general estadounidense, en un comunicado.
Barr dijo que los cuatro acusados cuyas ejecuciones se han fijado este lunes han tenido unos procesos “completos y justos” de acuerdo con la Constitución y la legislación norteamericana.
“Les debemos a las víctimas de estos horribles crímenes y a sus familias que se cumpla la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, argumentó.
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En 2014, las críticas contra la pena de muerte aumentaron tras la ejecución por inyección letal del condenado Clayton Lockett, en Oklahoma. Durante la aplicación de la inyección, la vena del reo se bloqueó y empezó a sufrir convulsiones hasta que terminó muriendo de un ataque al corazón. Varios observadores denunciaron entonces que la ejecución no se había realizado cumpliendo de forma adecuada por el sufrimiento que padeció y la forma en que terminó muriendo.
El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró en una rueda de prensa que la ejecución fue “profundamente problemática” y solicitó una revisión sobre las drogas utilizadas en las inyecciones letales, que entonces solían basarse en una mezcla de varias sustancias.
Tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia, Barr aprobó una instrucción a la Agencia Federal de Prisiones para que solo se utilizara en las inyecciones letales una sola sustancia, el pentobarbital, en lugar del cóctel de drogas que se empleaba antes, y anunció que se retomarían las ejecuciones a nivel federal con la aplicación de la pena capital a cinco condenados.
Las ejecuciones quedaron fijadas para que se llevaran a cabo en una prisión del estado de Indiana pero cuatro de los cinco presos presentaron recursos para parar la aplicación de la pena capital. Los abogados de los condenados argumentaron que la adenda de Barr viola la Ley Federal de Pena de Muerte de 1994, que establece que los reos deben ser ejecutados “de la forma prescrita por la legislación del estado en el que se dictó la sentencia”. Ninguno de los cinco condenados fueron sentenciados en el estado de Indiana.
Con información de NPR y Europa Press